El 2 de octubre, el columnista del Washington Post autoexiliado en Estado Unidos, Yamal Khashoggi, fue citado en el Consulado de Arabia Saudí -su país de origen- en Estambul, Turquía, para un trámite. Requería unos documentos para poder contraer matrimonio. Cámaras de vigilancia lo captaron al entrar a la sede diplomática, pero no se le vio salir.
La versión oficial lo reporta como desaparecido. Mientras la Policía turca informó que el periodista, crítico del gobierno del príncipe heredero Mohammed bin Salmanntraer, fue torturado durante siete minutos, le quitaron los dedos, lo asesinaron, lo desmembraron y desaparecieron sus restos, todo dentro de las instalaciones consulares.
El Barómetro 2018 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) indica que en lo que ha transcurrido de este año, 56 periodistas han sido asesinados en el mundo, y 158 hechos prisioneros. Esta cifra se suma a los 65 asesinados, 326 encarcelados y 54 desaparecidos en 2017.
De acuerdo a los reportes del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, en México, 14 periodistas han sido asesinados entre el 1 de enero y el 18 de octubre de 2018. Tres en Quintana Roo, dos en Tamaulipas, dos en Guerrero, dos en Chiapas, y uno respectivamente, en Ciudad de México, Tabasco, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz. En el mismo período registraron el homicidio como activista, de Sol Cruz, encargada de comunicación social de la Secretaria de Asuntos Indígenas en Oaxaca.
Acorde al informe más reciente, bajo el ala del mencionado mecanismo de protección, hay 727 personas con medidas cautelares, de las cuales 330 son periodistas, quienes por su labor profesional, recibieron algún tipo de ataque que pone en peligro su integridad personal.
En cuanto a la impunidad que reina en torno al homicidio de periodistas, la organización Artículo 19 destaca que de los 119 asesinatos cometidos contra comunicadores en México, entre el 1 de enero de 2000 y el 17 de octubre del 2017, sólo uno ha sido concluido con sentencia por la Procuraduría General de la República, y eso entre comillas. Al respecto, Leopoldo Maldonado, oficial del programa de protección y defensa, recordó: se trata del asesinato del periodista de El Diario de Juárez, Armando Rodríguez ‘El Choco’, cometido en noviembre de 2008, el autor material fue sentenciado a 30 años por la muerte del reportero en octubre del año 2016, ocho años después de haberlo matado. Y seis años después de haber sido capturado, esas tres décadas se sumaron únicamente a los 265 años que ya tenía de sentencias previas por dos multihomicidios.
De hecho en su más reciente informe, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) presumió que en ocho años, ha obtenido 23 órdenes de aprehensión contra homicidas que participaron en ocho asesinatos de periodistas, pero todo eso sigue en proceso.
El panorama no es muy diferente en los estados, donde los pocos expedientes que avanzan, reciben justicia a medias, hay detenidos por los homicidios de informadores -casos Mirosalva Breach y Javier Valdez- pero continúan bajo proceso. O carpetas como la de Moisés Sánchez (2015), donde un ex policía y autor material fue sentenciado en marzo de 2018 a 25 años, pero el director de policía y el alcalde que ordenaron el homicidio siguen libres.
“Sólo uno de cada diez asesinatos de periodistas es investigado”, refiere el más reciente reporte de la Federación Internacional de Periodista, mientras la impunidad se multiplica exponencialmente cuando los ataques contra los comunicadores no terminan con un comunicador muerto.
En medio de este ambiente de hostilidad e impunidad, el gobierno peñanietista que va de salida, simplemente optó por incumplir con su función de asignar recursos suficientes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado e incluido en su presupuesto desde 2012, cuyas asignaciones han sido reducidas en los últimos dos años.
El dinero asignado para 2018 se les terminó en septiembre y las deudas con los acreedores se acumulan – erogan entre 21 y 25 millones de pesos al mes-. Al cierre de esta edición, se informó por tercera ocasión en los últimos 47 días, que ya se habían asignado los recursos suficientes para cubrir los gastos del mecanismo, aproximadamente hasta febrero de 2019; habrá que esperar para saber si esta vez es verdad.
Lo cierto es que los criterios poco rígidos o claros del mecanismo, han permitido que se otorguen medidas cautelares lo mismo a víctimas reales que a pseudo periodistas y personas de dudosa honorabilidad. Sin embargo, ni eso, ni el cambio de gobierno puede ser motivo para negar las condiciones de inseguridad e impunidad que priva en la mayoría de los estados mexicanos.
La realidad es que hay muchos comunicadores, muchos defensores de los derechos humanos, cuya vida está en riesgo permanente, mientras se esfuerzan para cumplir su trabajo en medio de la furia del crimen organizado, y de la hostilidad de los gobiernos intolerantes.
Si quieren dejar de invertir en medidas de protección, entonces sus fiscalías deben ser capaces de ejecutar investigaciones eficientes que permitan detener a los responsables de los ataques de manera rápida. Porque al final, la necesidad de medidas de protección, es directamente proporcional a los índices de impunidad y de injusticia.
Ahora, si requieren reducir el presupuesto que se asigna al mecanismo, como lo han hecho de manera unilateral en los últimos dos años, valdría una mesa de análisis entre las organizaciones implicadas y el gobierno, para evitar abusos, redefinir de manera conjunta los criterios de inclusión y optimizar recursos. Y al mismo tiempo, evitar que la gente que se encuentra en peligro real y permanente quede desprotegida.
