El secretario general del Consejo de la Judicatura, José Alberto Fernández Torres, se ve señalado por un posible conflicto de interés, pues a través del despacho donde labora llevó laudos meses después de salir de la Dirección Jurídica, lo que según el magistrado Jorge Armando Vásquez es una violación a la Ley de Responsabilidades. También interpuso amparos contra el Poder Judicial, y aunque renunció a su nombramiento cuando ocupó su actual puesto, sus compañeros continuaron el juicio. “El Chebo”, como apodan al Secretario, negó la acusación y afirmó que es desconocimiento del tema, por lo que no podría encuadrarse el conflicto de interés
Una acusación realizada por el magistrado Jorge Armando Vásquez ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), puso de cabeza a la comunidad jurídica de Mexicali, luego que abiertamente señalara que existen indicios de que su rival político, José Alberto Fernández Torres, actual Secretario General del Consejo de la Judicatura, pudo incurrir en un conflicto de interés.
La acusación es respaldada por una serie de documentos en poder de ZETA, donde se establece que varios laudos contra el Poder Judicial fueron llevados por el despacho jurídico del “Chebo”, un año después de salir de su cargo como Director Jurídico del Poder Judicial, lo que según Vásquez es una violación a la Ley de Responsabilidades, además de tramitar amparos que sus mismos colegas llevaron cuando él ya era Secretario del Consejo de la Judicatura.
Entrevistado, Fernández Torres asegura que las acusaciones son infundadas o existe desinformación, pues como litigante tiene el derecho a tomar y ejercer los casos que le sean otorgados por sus clientes.
Agregó que no estaba imposibilitado para llevar ningún juicio y que los cuatro procesos que recuerda fueron amparos contra la Justicia Federal, por lo que no sería juez y parte, e incluso en dos de ellos dijo desconocer en qué concluyeron, pues renunció a su responsabilidad días después de asumir el cargo que actualmente ostenta.
Para el licenciado Fernando Rosales se trata de acusaciones severas que el mismo Magistrado debe sustentar y presentar ante el Consejo de la Judicatura, aunque a estas alturas considera que podrían quedar prescritas, pues su vigencia culmina un año después de terminado el encargo.
AMPAROS Y RECURSOS, POR EL DESPACHO DE FERNÁNDEZ TORRES
Por lo menos tres amparos y dos demandas ante del Tribunal de Arbitraje -en poder de ZETA-, donde el acusado es el Poder Judicial, tienen a José Alberto Fernández Torres y a los socios de su despacho Santiago Sánchez Jiménez, Joel Cázares Siqueiros, Adolfo Serrato Nava y Angélica Rocha Santibáñez –esta última su cuñada, que es hermana de la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Primera Sala-, pero podría haber al menos 27 expedientes desde el 2015 al 2017, que se presentaron por los integrantes de su despacho ante el Tribunal de Arbitraje.
Entre los casos que se tiene, se encuentran varios ex compañeros del “Chebo” cuando este era Director Jurídico del Poder Judicial, durante la administración de María Esther Rentería Ibarra y de Marco Antonio López Magaña de 2009 a 2015, como lo son María Guadalupe Plascencia Villanueva, ex directora del Instituto de la Judicatura –solicita salarios caídos-; Guadalupe Ernestina Sandoval González, auxiliar administrativo –pidió reconocimiento de antigüedad y base-; Joel Cázares Siqueiros, ex Coordinador de la Unidad Jurídica –socio de Fernández Torres y entonces colaborador en el Poder Judicial-; Ana María Inzunza Montoya, auxiliar administrativo y César López Padilla, ex jefe del Archivo Judicial y amigo del “Chebo”.
En los casos de César López Padilla y Guadalupe Plascencia Villanueva, con número de amparo 477/2017 y 294/2017, fueron recibidos en el año 2015 y dos años después el Tribunal de Arbitraje concedió la razón al Poder Judicial. Sin embargo, a través de amparos se revocó la sentencia y serán acreedores a una fuerte suma de dinero por despido injustificado.
En ambos amparos recibidos para su análisis en mayo y septiembre del 2017, pero resueltos hasta abril y agosto del 2018, se puede observar la representación de él y todos sus colaboradores, según la información disponible en la consulta de sentencias del Consejo de la Judicatura Federal.
Fernández Torres tomó protesta como Secretario General del Consejo de la Judicatura en enero de este año y tres días después renunció a su representación legal en estos casos, no así sus socios, José Cázares Siqueiros, actual analista del Consejo de la Judicatura, y Antonio Serrato Nava, subjefe de la Unidad Jurídica del Poder Judicial. Con este último, “El Chebo” comparte sociedad en una empresa llamada Fecaser, dedicada a la capacitación de guardias de seguridad según el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC).
En su reclamo, Vásquez dijo que el Jurídico del Poder Judicial no interpuso un recurso de revisión ante las sentencias emitidas por el Tribunal Colegiado de Distrito, lo que consideró era motivo para exigir una explicación.
Sobre esto, Fernández Torres aseveró que no existe un impedimento legal para que su despacho lleve procesos judiciales, ya que toda su vida ha sido litigante, además que el cargo que ostenta no es jurisdiccional, por lo que no puede influir en las decisiones de magistrados o jueces, ya sean locales o federales.
Vásquez hizo mención de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en ese entonces, pero abrogada en enero del 2018, en la cual aseveró que “El Chebo” estaba imposibilitado de llevar juicios contra el Poder Judicial, sobre todo tomando en cuenta que él y su equipo trabajaban en la Dirección Jurídica.
El artículo 47, en su apartado VI, hace mención que los servidores públicos tienen como prohibición:
“Solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona dinero, objetos o servicios mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta observación es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.
Los amparos provienen de demandas interpuestas en 2015 y 2016, cuando Fernández Torres aún no cumplía el año de su renuncia, como por ejemplo el de César López Padilla -381/2015-IV-; el de María Guadalupe Plascencia Villanueva -354/2015-; Guadalupe Ernestina Sandoval González -255/2015-IV-; y las demanda de Joel Cázares Siqueiros -230/2015-. Además, existe una demanda interpuesta por Ana María Inzunza Montoya recibida en octubre del 2017 ante el Tribunal de Arbitraje, con número 391/2017-VII, en la que se dice representada por “El Chebo” y su equipo de trabajo.
Además de estos dos casos, Fernández Torres, reconoció que interpuso dos amparos para defender a las magistradas Miriam Niebla Arámburo y María Esther Rentería, en diversos incidentes ocurridos en 2015 y 2016, respectivamente, en contra de acciones cometidas por el entonces presidente Jorge Armando Vásquez; en ambos resultó ganador el prestigiado litigante.
EL EXABRUPTO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
El martes 16 de octubre, el magistrado Jorge Armando Vásquez recrudeció el evidente distanciamiento con la Presidencia del Tribunal, ocupada por el magistrado Salvador Ortiz Morales, al emitir una serie de acusaciones contra el secretario General, José Alberto Fernández Torres, en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
Nadie vaticinó el exabrupto, pues no se encontraba en el orden del día, ni mucho menos fue analizado en el “pre-pleno”, como se le conoce a la reunión cuestionable que efectúan los magistrados antes de iniciar la sesión, mismo que no es grabado ni público.
Vásquez, quien fuera Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura en la pasada gestión, acusó directamente al Secretario General del Consejo, y actual aspirante a Magistrado, de incurrir en un conflicto de interés, argumentando que al salir de la Dirección Jurídica, tanto él como el despacho que representa, llevaron muchos casos de trabajadores del Poder Judicial que fueron despedidos de 2015 a 2017.
Notoriamente molesto y afirmando que se trata de un desprestigio para la institución, el ex Presidente del TSJE, dijo que el Consejo de la Judicatura debe tomar cartas en el asunto y señaló la responsabilidad del mismo Salvador Ortiz, ya que tenía conocimiento de los litigios contra el Poder Judicial cuando lo designó.
“El conflicto de interés se da porque el abogado Fernández Torres es el abogado de los trabajadores y del Poder Judicial… Hay un conflicto de interés porque su personal va a recibir honorarios en su despacho”, reclamó Vásquez, mientras volteaba a ver a sus compañeros esperando alguna respuesta.
“El caso de César López Padilla, donde quedó firme la resolución, porque el Jurídico no interpuso el recurso de revisión”.
“¿Litiga?, claro que litiga, sino pregúntenle al encargado del archivo; fue a decirle personalmente que tenía que desocupar porque él ya había ganado”.
Vásquez reclamó por casi 10 minutos los actos de Fernández Torres y sus colaboradores, los cuales regresaron a la nómina del Poder Judicial apenas tomó protesta, y aunque el magistrado Marco Antonio Jiménez Carrillo, intentó desviar el tema afirmando que existen muchas irregularidades como algunas adjudicaciones directas no comprobadas, nadie confrontó a Vásquez, por lo que el magistrado Presidente Salvador Ortiz Morales, se comprometió a mencionar el tema ante el Consejo de la Judicatura.
REVIRA “EL CHEBO”
Por su parte, José Alberto Fernández Torres, comentó que no existe conflicto de interés en su actuar, pues él no labora en el área jurisdiccional, por lo que su posición no influye directamente en las decisiones de los encargados de impartir justicia.
“El conflicto es cuando un funcionario resuelve”, comentó luego de reiteradas preguntas sobre cuántos casos llevó contra el Poder Judicial al salir de la Dirección Jurídica.
“Soy abogado litigante desde el 95, lo suspendí desde el 2009, defendí a la dependencia y ahorramos 500 millones de pesos. Después en 2015 renunciamos y pues volví a litigar y pues algunas personas me buscaron, magistrados y gente. Miriam, Rentería, y otras personas que corrieron del Poder Judicial. No hay impedimento”.
Sobre si la Ley de Responsabilidades entonces vigente le impedía ejercer contra el Poder Judicial, afirmó que era falso, pues como abogado se encuentra libre de ejercer su profesión de la manera que le sea provechoso.
“Si, es falso. Lo que pasa es que de alguna forma, no son incompatibilidades. Es un ejercicio libre de la profesión, son unos cuatro procedimientos que estoy autorizado, de las dos magistradas que se ganaron y dos amparos que se ganaron”.
Agregó que en los casos donde participaron él o sus compañeros, era el Tribunal de Arbitraje o la Justicia Federal, los que emitían sentencias, por lo que dijo desconocer el fundamento de la acusación de conflicto de interés.
De igual manera, arremetió contra la pasada administración de Vásquez. Al cual acusó de despedir al Jefe del Archivo, quien tenía maestría en derecho y que cumplía con los requisitos para ocupar el cargo, para poner a una persona que ni siquiera tenía título profesional, cuando esto es parte de los requisitos para ocupar dicho puesto.
“Nombran a otra persona que no cumple con los requisitos, el señor este me pide una asesoría, no que le lleve el juicio y tengo entendido que les ganó el juicio”.
El caso que refería es el de César López Padilla, y aunque en su declaración afirmó que no lo representó, pues sólo le dio una asesoría, la realidad es que su nombre aparece en la solicitud de amparo 477/2017, disponible en el portal del CJF.
Agregó que sus compañeros de despacho están facultados para llevar juicios contra cualquier institución o particular, pues la Ley no los obliga a dejar de litigar.
MAGISTRADO DEBE PRESENTAR PRUEBAS ANTE EL CJE: ROSALES
El licenciado Fernando Rosales consideró que las acusaciones hechas por el magistrado Jorge Armando Vásquez, son severas, por lo que debe presentar pruebas e interponer una denuncia contra el Consejo de la Judicatura del Estado, y en caso de resultar culpable se exige una respuesta por parte del titular del Poder Judicial.
El litigante aseveró que independientemente del resultado de este histórico enfrentamiento conocido por toda la comunidad jurídica entre Vásquez-Fernández, el que realmente pierde es el Poder Judicial, ya que representaría otra mancha que empeorará la grave ingobernabilidad, quizá la peor de su historia como institución.
Agregó que este señalamiento sólo perjudicará al Poder Judicial, pues si el magistrado no puede comprobar lo señalado, quedará evidenciado. Mientras que de confirmarse los señalamientos, representaría un duro golpe para la Presidencia de Salvador Ortiz, pues fue quien lo designó como Secretario General del Consejo de la Judicatura.
Afirmó que la Ley de Responsabilidades prohibía que los funcionarios llevaran casos contra la institución que defendieron un año después de concluido su encargo, pero aclaró que también es cierto que lo ampara el derecho al ejercicio libre de su profesión.
Es por ello que consideró, debe ampliarse el periodo a 5 años, para que cualquier irregularidad administrativa se pueda investigar y sancionar, sin que el tiempo sea factor para la impunidad.
