La Subprocuraduría de Zona en Tijuana, logró una sentencia condenatoria de 70 y 50 años de prisión en contra de cinco personas por su participación el pasado 12 de agosto de 2016 en el secuestro de un joven al interior de una ferretería.
Los sentenciados son Marco Antonio Herrera Sánchez, Erika Cruz Irra, quienes recibieron una sentencia de 70 años de prisión, en tanto que los de nombre Edgar Carmelo de la Rosa Mendoza, Johana Altamirano Arellano y Gerardo Monterrubio Contreras fueron sentenciados a 50 años de cárcel.
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En la fecha señalada, Marco Antonio y Erika Sánchez llegaron al establecimiento comercial en compañía de dos hombres y una mujer, quien conducía una camioneta Suburban blanca, siendo así que los dos primero le solicitaron al joven un saco de cemento para después pedirle que lo subiera al vehículo señalado.
Fue ese instante que los imputados privaron de la libertad al joven, amagándolo con un arma de fuego. Posterior a ello lo llevaron a una casa de madera ubicada en las orillas del cerro del Ejido Javier Rojo Gómez, donde lo tuvieron cautivo por seis días, amarrado y vendado de los ojos.
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Durante ese tiempo los captores se comunicaron con la familia para exigir el pago del rescate a cambio de su liberación, por lo que los padres interpusieron la denuncia ante la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, siendo hasta el día 17 de agosto de 2016 reciben una denuncia anónima y logran el rescate del joven.
De la investigación se pudo establecer que tanto Gerardo Moterrubio, Erika Cruz y Marco Antonio, venían del Estado de México y su único motivo de visita a la ciudad de Tijuana, era realizar el secuestro, cobrar el rescate y regresar a su estado de origen, en tanto que Edgar Carmelo y Johana Altamirano, habían realizado trabajos de albañilería para la familia de la víctima, siendo estos últimos quienes otorgaron los datos sobre la familia para realizar el secuestro.
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Por lo que tras llevarse a cabo este pasado 22 de agosto el juicio por el delito de secuestro agravado, el tribunal emitió el fallo condenatorio en contra de los acusados por considerarlos culpables de dicho delito; por lo que además de las sentencias, deberán realizar la reparación del daño a las víctimas y el pago de las multas correspondientes.
