“Lo lamentable en este tema es que se está presentando el empobrecimiento del empleo, y por tal razón se incrementan los índices de pobreza, ya que la gente tiene trabajo, pero muy mal pagado”, advierte Claudia Agatón. Salvador Díaz González, Presidente de AIMO, señala que el 80 por ciento de la industria manufacturera que contrata a empresas terciarias ha tenido problemas para que Hacienda les devuelva el IVA
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California ha efectuado 51 mil 903 inspecciones a centros laborales durante la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid; sin embargo, el número de revisiones disminuyó 13 por ciento en 2017, comparado con el año anterior.
Foto: Cortesía.-Empresas de outsourcing no registran el salario real de trabajadores
Diferencia que podría ahondarse de continuar la tendencia observada en el quinto año de la gestión del mandatario estatal, que durante diez meses ha efectuado 7 mil 311 inspecciones, a razón de 731 por mes, según lo reportado en el V Informe de Gobierno.
El municipio con más inspecciones en lo que va de 2018 es Mexicali, con 2 mil586; seguido de Tijuana (2 mil 449), Ensenada (mil 827, de las cuales 387 correspondieron a San Quintín), Tecate (318) y Playas de Rosarito (131).
Aun cuando la dependencia alcanzara la meta de 9 mil 268, establecida en el Plan Operativo Anual (POA) de 2018, habría una disminución de 2 mil 021 con respecto a 2016, año con el mayor número de inspecciones.
De acuerdo con los datos presumidos por “Kiko” Vega, que se encuentran publicados en internet, en la primera mitad de su gobierno las inspecciones superaron las once mil por año, y beneficiaron en promedio a 52 mil 845 trabajadores anualmente.
Situación que contrasta con 2017 y 2018, cuando el número de inspecciones no alcanzó las diez mil, y los trabajadores beneficiados de éstas fueron 41 mil 782 y 23 mil 826, respectivamente.
Sobre la disminución de las inspecciones, Comunicación Social de la dependencia expuso que éstas “han disminuido en el punto en que ha habido más paz laboral, mayor contacto con los sectores productivos, y se tiene mucho contacto con los trabajadores, principalmente”.
No obstante, datos indican que el año en que se abrieron mayores procesos administrativos contra empleadores fue 2017, con 147. En ese lapso se multó a 72 empresas, convirtiéndose en el año en que más multas se impusieron.
En el rubro de generación de empleos, se observa la misma curva descendente conforme avanza la administración del gobernador; puesto que de enero a agosto de 2015 se reportaron 52 mil 965 nuevos puestos de trabajo, en contraste con los 34 mil 871 registrados en el V Informe de Gobierno; es decir, se ha generado 34% menos empleos que hace tres años.
Para Claudia Agatón, presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión en la XXI Legislatura del Congreso de Baja California, “no hay nada de qué aplaudir”, ya que “hay salarios de hambre y precarización del empleo”, además de que son insuficientes las inspecciones de la autoridad para garantizar el cumplimiento de la Ley en materia laboral.
Foto: Julieta Aragón.- Francisco Iribe Paniagua, Secretario de Trabajo y Prevision Social de BC
“Lo lamentable en este tema es que se está presentando el empobrecimiento del empleo, y por tal razón se incrementan los índices de pobreza, ya que la gente tiene trabajo, pero muy mal pagado”, afirmó.
Aun cuando se han registrado aumentos al salario, “los sueldos en Baja California son totalmente insuficientes para hacer frente al aumento en el precio de los productos básicos, esto significa para nosotros que el salario real se ha mantenido estático en términos estrictos, debido a la alta inflación en la frontera”, agregó la legisladora, para luego advertir:
“Tres de cada diez trabajadores no pueden adquirir la canasta básica en Baja California, y de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo más de 45 mil personas están en condición de desempleo”.
Además de que no se están llevando a cabo estrategias encaminadas a generar empleos en áreas que “generen riqueza”, puesto que del total del empleo, 24% se concentra en la industria manufacturera, 20% en el sector de comercio, 32% en otros servicios, 7% en construcción y 5% en actividades agropecuarias.
OUTSOURCING INCUMPLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO
Salvador Díaz González, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), señaló que 80% de las compañías de la industria manufacturera que contrataron antes de 2018 a empresas outsourcing para reclutar mano de obra han tenido problemas para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les devuelva el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que erogaron por ese servicio.
Lo anterior, debido a que las empresas de outsourcing no están registrando la percepción real de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e incurren en otras irregularidades, por lo que la autoridad hacendaria los ha ido identificando y combatiendo.
El líder empresarial precisó que la mitad de la industria manufacturera contrata el servicio de alguna compañía de outsourcing debido a las “altas y las bajas de la producción”, por lo que, AIMO ha solicitado a las compañías que ofrecen sus servicios, acudir ante el SAT para que la dependencia federal determine si están en condiciones óptimas para que se les contrate.
“Los que están prestando el servicio con AIMO es porque fueron con la autoridad fiscal y presentaron su condición fiscal y laboral, y creemos que están regulados”, apuntó.
Sobre este tema, Claudia Agatón, señaló -sin precisar la cantidad- que han aumentado las empresas que continuamente están cambiando de razón social, derivado de incumplimientos en el pago del Seguro Social o de impuestos.
“No traemos las estadísticas, vamos a tratar de hacerlo de manera propia y concisa a través de un punto de acuerdo para hacerlo de manera más formal”, al ser un tema que está en la mesa de la Comisión del Trabajo del Congreso local.
“Definitivamente hay muchas empresas que no están cumpliendo con la Ley laboral. Tengo entendido que a partir del 1 de diciembre, con los nuevos esquemas que van a fluir dentro del país”, tal situación podrá erradicarse.
En tanto, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Iribe Paniagua, aseguró que ninguna de las 31 empresas a las que se abrió un proceso administrativo correspondió a prestadoras de servicio por outsourcing.
En entrevista, el funcionario dijo que la dependencia a su cargo no cuenta con registro del número de empresas y personas que laboran bajo ese esquema.
“Ciertamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la responsable de la política laboral, sin embargo, hay otras entidades como la Sedeco (Secretaría de Desarrollo Económico) que promueve las fuentes laborales y el IMSS, que los registra y sabe en cada una de las empresas en qué giros está”.
Respecto al número de empresas que constantemente cambian de razón social, manifestó que se ha visto, pero “no así marcadamente”.
DIRECTA A CASA PUBLICIDAD CONTRATA OUTSOURCING
De acuerdo con documentos recabados, una de las empresas que ha contratado compañías de outsourcing que no registran el salario real de los trabajadores es Directa a Casa Publicidad, SA de CV, constituida por Mario Vittorio Abitia Gómez y Esther García Meza, en Tlalnepantla, Estado de México, en 2011.
En su portal de internet, la compañía, dedicada a distribuir material publicitario, señala que tiene una cobertura de 138 ciudades en el país, y 65 clientes, entre los que destacan Soriana, The Home Depot, Best Buy, Woolworth, Nissan y Office Depot; y a nivel regional, Calimax y Bodega Aurrerá.
Pese a haber “tenido un crecimiento constante en clientes, quienes nos han generado un crecimiento en ventas desde un 5 hasta un 25% anual”, según expone en el mismo sitio electrónico, sus repartidores o también llamados promotores en Tijuana, perciben 126.47 pesos al día ante el Seguro Social, aun cuando desde hace más de un lustro han recibido un monto adicional mediante diferentes esquemas.
Con base en los recibos de nómina y otros documentos laborales a los que ZETA tuvo acceso, se observó que tan solo de 2013 a la fecha, tres empresas de outsourcing pagaron la nómina de alrededor de 40 empleados en Tijuana.
Sin embargo, solo dos empleadoras se encuentran en el Registro Público del Comercio: Servicios TDA del Sur, SA de CV y TFCG, SA de CV, ambas inscritas en Guadalajara, Jalisco.
En tanto que no hay información sobre Soluciones Laborales y de Nóminas, SA de CV, la cual efectuó 26 modificaciones de salario ante el IMSS de 2013 a 2017. Cambios que no siempre obedecieron a la mejora de la percepción del trabajador, como la hecha en julio del año pasado, que de 127.46 pesos, bajó a 126.47 pesos diarios.
Entre los esquemas con los que Soluciones Laborales y de Nóminas, SA de CV pagaba a los empleados el monto adicional a la percepción que reportaba al Seguro Social, se encuentran supuestos recibos otorgados por el Sindicato Nacional de la Industria de Trabajadores del Ramo de Autotransporte en General de San Juan Teotihuacán (municipio mexiquense); así como por el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores Docentes, Técnicos, Administrativos y Manuales de Centros Particulares de Capacitación, Adiestramiento, Culturales, Educativos, Tecnológicos, Escuelas, Colegios, Institutos, Academias, Similares y Conexos de la República Mexicana, bajo el concepto “gastos de bienestar social y fomento recreativo”.
Desde marzo de 2018, la empresa de outsourcing Servicios TDA del Sur, SA de CV ha pagado el salario base del trabajador al que se le descuentan Infonavit, IMSS e ISR. Mientras que el monto adicional se paga bajo el esquema de ingresos asimilados a salarios por medio de otra empresa de outsourcing, llamada Lou Servicios, SA de CV, también creada en Guadalajara, Jalisco.
Aunado a lo anterior, uno de los afectados, cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad, comentó que no todas las empresas sufragaron el pago al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ya que él recibió un requerimiento para ponerse al corriente con el adeudo de su casa.
Para Arturo Méndez Preciado, abogado litigante empresarial, existe cierta complacencia por parte de la autoridad con empresas que cometen irregularidades, debido a que es factible hacer una inspección que detecte a las empresas que recurren al outsourcing “para darle la vuelta a sus obligaciones de carácter fiscal y laboral”.
En ese sentido, al identificarse irregularidades, las empresas pueden ser sancionadas con 14 mil pesos por trabajador. Explicó que la figura de outsourcing no es negativa per se, ya que ayuda a disminuir costos cuando una empresa dedicada a cierto ramo no cuenta con otros profesionales en un área distinta a su giro, sin que eso implique menoscabo de los derechos de los trabajadores.
Por ejemplo, una empresa dedicada a la telefonía debería tener en su nómina a ingenieros e instaladores de aparatos, y de forma correcta podría contratar un servicio de outsourcing para personal del área legal, que es distinta al giro de la empresa.
Lo que es incorrecto es cuando una empresa contrata vía outsourcing a personal que hará la labor de su giro, con el fin de eludir las responsabilidades laborales que le corresponden.
Según Dalia Ramírez de la Merced, abogada postulante, en casos como el de Directa a Casa Publicidad, el mayor afectado es el trabajador, quien al tener registrado en el IMSS un sueldo más bajo del que realmente percibe, tendrá acceso a una pensión o jubilación más baja; de igual modo, el monto será menor en caso de renuncia o despido.
En esos casos el trabajador tendría que demandar el reconocimiento de la antigüedad y la categoría de empleado a Directa a Casa Publicidad, manifestando que ha estado en nóminas de empresas que no conoce.
ZETA solicitó una entrevista con Édgar Hernández, gerente de operaciones de Directa a Casa Publicidad en Tijuana, quien a pesar de recibir a la reportera en su oficina, declinó hablar sobre el tema, asegurando que haría llegar la petición a otros ejecutivos. Al cierre de esta edición, la empresa no emitió pronunciamiento alguno.
MÁS DE CINCO MIL DEMANDAS LABORALES
Hasta agosto de 2018 se presentaron 5 mil 722 demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la mayoría de las cuales son interpuestas por litigantes privados.
Entre las principales causas están el despido injustificado, y la pre y post maternidad, ya que últimamente los derechos de ese tipo se han visto violados con mayor frecuencia en las mujeres, comentó Ramírez de la Merced.
Acorde con el secretario del Trabajo, Francisco Iribe Paniagua, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo había brindado 19 mil 290 asesorías a agosto de 2018, de las cuales el 94% se solucionó en etapa de conciliación, por lo que no llegó a interponerse un juicio.
Datos extraídos de los informes de Gobierno indican que el mayor número de convenios conciliatorio, se dio en 2016.
En tanto que 2014 fue el año en que la labor jurídica de la dependencia tuvo mayor recuperación en cuanto a pago a favor de los trabajadores, con 105 millones 6 mil 957 pesos, muy por encima de los 74 millones 263 mil 615 reportados en el V Informe de Gobierno.
