Aunque la SCJN ordenó al Congreso legislar sobre el haber de retiro, no precisó mecanismo alguno ni parámetros, por lo que diputados pueden definirlo de manera libre, dando posibilidad -según el abogado Juan Manuel Molina- hasta de ofrecerles un año de sueldo y romper cualquier relación con la institución. En tanto, el diputado Andrés de la Rosa afirma que dicha legislación quedará lista antes de terminar el año y, reconoce, no se contempla que el beneficio alcance a jueces, secretarios y actuarios, por lo que no estarían obligados a incluirlos
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó el recurso interpuesto por el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en torno a la obligación de Congreso local para legislar en materia del haber de retiro para magistrados, no existe parámetro específico que defina cantidades, tiempo, ni aportaciones, por lo que los diputados son libres de hacer prácticamente lo que quieran.
Por lo menos es el análisis realizado por Juan Manuel Molina, quien en su momento interpuso un recurso legal contra el haber de retiro impuesto durante la titularidad del magistrado Jorge Armando Vásquez, mismo que pretendía sueldos de por vida para el selecto grupo de juristas y, en caso de muerte, alcanzaría a esposas, hijos y concubinas.
Según el abogado, esto quiere decir que los diputados pueden definir el criterio que les plazca, incluso podrían copiar el Artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco, que establece el pago en una sola exhibición por 12 meses de sueldo y 14 días de salario por año laborado.
Esto sería muy diferente al primer esquema manejado por los titulares del TSJE, sin embargo, diputados pretenden primero escuchar la propuesta de magistrados y definir su postura luego de concluir con los trabajos de una comisión especial formada en la Junta de Coordinación Política durante su última reunión.
La controversia constitucional 13/2018, promovida por el Poder Judicial y revisada el 22 de agosto por el ministro Javier Laynez Potisek en la Segunda Sala, reconoce omisiones del Congreso del Estado en la falta de legislación sobre el tema, por lo que obliga a definir el reglamento de haber de retiro a más tardar el próximo periodo ordinario, que comprende de diciembre al último día de febrero, y surtirán efecto a partir de la notificación al Poder Legislativo.
Panistas dividen votos y devuelven lista de aspirantes a magistrado
Con una evidente división en el bloque panista -donde se incluye a la diputada perredista Rocío López Gorosave, que vota todo en favor del gobernador-, legisladores no pudieron ponerse de acuerdo para elegir a uno de los 16 aspirantes a ocupar la vacante que dejó el ex magistrado Félix Herrera Esquivel, al cumplir los 70 años de edad, y devolvieron la lista para realizar un nuevo proceso de selección.
Lo anterior en una insólita decisión que, pese a que la aplastante mayoría panista, fue imposible ponerse de acuerdo en las tres rondas de votación que se realizaron de manera secreta, tal y como ha ocurrido en los últimos procesos de selección.
Alrededor de las 5:00 pm comenzó la sesión extraordinaria de pleno en el Congreso del Estado, donde hicieron presencia los 25 legisladores. El único punto sobre la mesa era la elección de magistrado y desde el principio de la sesión se comprendía –por rumores de asesores y asistentes- que no hubo consenso entre legisladores y los emisarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Luego de aprobarse la orden del día y el Dictamen 74 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Andrés de la Rosa, se dio inicio a la votación secreta.
En las tres rondas, sólo dos contrincantes acapararon la mayoría de los votos: los jueces Lourdes Molina y Marcelino Zepeda obtuvieron juntos poco más de la mayoría calificada requerida para ocupar el cargo.
Con diez votos a favor, Molina ganó la primera ronda de votación, seguida por Zepeda Berrelleza, que alcanzó los ocho sufragios; el resto se distribuyó entre Pedro Galaf Hernández García, con tres; Ana Carolina Valencia Márquez, Carlos Alberto Ferré Espinoza y María Elías González, con uno, respectivamente; y un voto nulo.
Dado que ninguno de los aspirantes obtuvo las 17 menciones, se tuvo que someter a otra votación, la cual ocurrió prácticamente de manera inmediata, pues los legisladores sólo se pararon para conversar brevemente y compartir algunas risas.
El segundo encuentro tuvo modificaciones, pero no sustanciales, pues la jueza Lourdes Molina subió en preferencias al obtener once votos, seguida de Zepeda Berrelleza, con ocho; los demás fueron Hernández García, Valencia Márquez y Angulo Guzmán, que obtuvieron dos, una y tres selecciones.
A diferencia de otras ocasiones, los legisladores no pidieron un receso para negociar en lo oscurito y decidieron continuar con la selección, a sabiendas que ninguno de los aspirantes alcanzaría la mayoría.
En la tercera vuelta el ganador fue el juez Marcelino Zepeda Berrelleza, quien obtuvo diez sufragios, seguido de Molina, con nueve. En esa última votación apareció también el juez Álvaro Castilla Gracia, con dos votos; Pedro Gadaf Hernández García, Valencia Márquez y Ángulo Guzmán alcanzaron de manera respectiva, dos y un voto.
Curiosamente, mientras se desarrollaba la votación, el diputado Raúl Castañeda Pomposo gritó “No vas a ganar” a un legislador que se encontraba del otro lado del pleno, seguido de un gesto burlesco, lo que confirmó que no hubo consenso.
Al término de la tercera ronda, la presidenta de la Mesa Directiva, Rocío López Gorosave, indicó que la lista se regresaría al Poder Legislativo para reiniciar el proceso de selección, teniendo un mes para analizar nuevos prospectos.
Al ser entrevistado después de la sesión, Andrés de la Rosa Anaya comentó que se respetaron las decisiones de los legisladores que analizaron todos los perfiles, pero lamentablemente no se pudieron poner de acuerdo.
Sobre si hubo una división del Partido Acción Nacional al momento de la elección, el legislador comentó que sus compañeros de bancada tuvieron una definición de los prospectos, por lo que la lista de 16 aspirantes tuvo que enviarse de regreso.
De la Rosa Anaya agregó que el Poder Judicial deberá tomar las medidas correspondientes y tratar de solventar la vacante que permanecerá por lo menos durante un mes; tomando en cuenta que ya no quedan magistrados supernumerarios, el pleno del Tribunal podría funcionar con 16 magistrados, por lo menos de forma indefinida.
Será dentro de 30 días cuando concluya el proceso de selección y se emita una nueva lista donde podrían ingresar los mismos prospectos, o bien, nuevos aspirantes que estarían listos para ser votados. Mientras tanto, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado en materia civil permanecerá incompleta hasta que los legisladores concluyan con el proceso, ya que también se cuenta con una vacante para ocupar el espacio de magistrado supernumerario.
Esto quiere decir que no podría ser retroactivo -lo que dejaría fuera a los ex magistrados Félix Herrera y Raúl González Arias- como lo intentaron en los actos reclamados, pues pidieron que se legisle y se responsabilice de “todas las consecuencias y efectos que produzcan o hubiesen producido”, a raíz de no haber emitido la legislación en la materia. Sin embargo, este último renglón fue desechado por el ministro, al considerarlo “genérico”.
HABER DE RETIRO ES LEGAL, PERO TAMBIÉN INMORAL: MORENO
Pese a que comprende que como institución están obligados a cumplir las leyes y mandatos de la autoridad suprema de justicia, el diputado Luis Moreno considera que la solicitud de magistrados para beneficiarse con un haber de retiro es inmoral.
Al igual que Juan Manuel Molina, Moreno opina que las condiciones económicas que prevalecen en la entidad no permiten que la ciudadanía absorba gastos en favor de personas que ya ni siquiera laborarán, sobre todo porque no han aportado nunca para su retiro.
Moreno aclaró que no está en contra de la sentencia, pero sí de la figura, independientemente que el máximo tribunal del país ya la avaló, por lo que ahora sólo queda regular esa medida y obtener recursos de donde sea necesario.
“Es una cuestión más moral que legal, vivimos en una sociedad con profunda polarización y donde en el Estado quienes más ganan, son los del Poder Judicial; no hay otra figura de servidor público que goce de prestaciones permanentes, incluso de haber ejercido su función. Es verdad que tienen prohibiciones, no pueden trabajar más que eso, pero saben a lo que van, cuando aspiras a ser magistrado como presidente municipal, regidor o diputado, sabes a lo que te enfrentas y de lo que no gozas, y en este caso ellos lo saben”, reflexionó.
Para Molina García, una herramienta útil para terminar con el problema es que se elimine el candado que impide a los magistrados litigar durante dos años, restringiendo que no puedan llevar sus propios casos.
Aunado a ello, sugirió crear una figura de Magistrado en Retiro, cuya función sea capacitar a jueces, secretarios y actuarios sobre diversos temas a través de cursos en el Instituto de la Judicatura del Estado.
Comentó que ya está presupuestado ese recurso, por lo que no habría necesidad de generar aportaciones extra, los magistrados tendrían una vida útil y no requerirían capacitadores externos. Sin embargo, la propuesta no fue bien vista por los funcionarios.
NO ALCANZARÍA A JUECES, SECRETARIOS NI ACTUARIOS
El diputado Andrés de la Rosa Anaya comentó que en ninguna parte del documento emitido por la SCJN fueron contemplados jueces, actuarios y secretarios, por lo que no estarían obligados a incluirlos en la reglamentación del haber de retiro.
“A reserva que tengamos un proyecto, no existe ninguno, en el derecho comparado encontramos unas definiciones que tienen que ver con que es a los magistrados a los que se les otorga. Entonces, básicamente se va a circunscribir, al menos es lo que tenemos, pero no es concluyente, hasta que se elabore el proyecto”, refirió.
La sentencia señala que exclusivamente a los titulares del Poder Judicial, los cuales no han presentado una propuesta al Congreso del Estado. Sin embargo, la Junta de Coordinación Política ya evalúa los alcances y la cantidad de recurso que requerirían para poder emprenderlo.
El abogado Juan Manuel Molina aseguró que existe molestia por parte del sector jurisdiccional al no ser incluidos en este tema, sobre todo porque magistrados lo hicieron parecer como una lucha en favor del Poder Judicial, cuando sólo pretendían beneficiarse ellos.
Agregó que actualmente “la tropa” es la que realmente necesita garantías, pues su sueldo no es tan alto como el del máximo grado en el escalafón jurisdiccional, y cuando llegan a avanzada edad se les otorga -con suerte- una pensión humanitaria, lo cual podría evitarse si se define un mecanismo de aportación económica con el que todos los funcionarios pudieran jubilarse.
HABER DE RETIRO, ANTES DE CONCLUIR EL AÑO: DE LA ROSA
Pese a que el propio gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, declaró que existe un fondo aproximado a 45 millones de pesos para cubrir la primera parte del haber de retiro, el diputado Andrés de la Rosa aseveró que la intención de la XXII Legislatura es sacarlo adelante para el mes de diciembre, con el objetivo de poder presupuestar los gastos que se generarían durante el próximo año.
“Nosotros seremos solidarios, hay que ver qué propuesta presenta en la mesa, hay un fideicomiso, a ver en qué sentido viene la propuesta, ya que la conocemos veremos, si no, sería especular”, aseveró el gobernador al término del desfile cívico militar del 16 de septiembre.
Juan Manuel Molina, quien fuera diputado cuando se presentó el haber de retiro, confirmó que había un fideicomiso creado desde la administración de José Guadalupe Osuna Millán, el cual fue gestionado
por la magistrada María Esther Rentería Ibarra, entonces presidenta. Sin embargo, el contrato señalaba el primero de diciembre de 2015 como fecha límite.
En caso de no legislarse al respecto, el recurso iría nuevamente a las arcas del Poder Judicial de manera íntegra.
Según Molina, en caso que dicho fideicomiso pudiera ser utilizado, no tendría que haber prisas para reglamentarlo antes de terminar el año, ya que podría utilizarse para cubrir las primeras necesidades, que serían solventar la pensión para el magistrado Emilio Castellanos, quien se retiraría en 2019 al cumplir los 70 años de edad, por lo que considera que la urgencia tiene un tema político de trasfondo.
De igual manera, dijo que tendría que definirse la figura entre los magistrados más antiguos y la nueva generación -las leyes bajo las que fueron elegidos son diferentes-, ya que muchos de ellos ocuparán el cargo por 15 años, mientras que otros tienen más de veinte años en el puesto, por lo que no pueden jubilarse en las mismas condiciones.
Además del recurso, existen otros puntos que complicarían la reglamentación del tema. El diputado de Transformemos aseguró que se les viene el tiempo encima, pues en diciembre se juntaría con la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y el nombramiento del magistrado y fiscal Anticorrupción, cuya complejidad es evidente.
