Luego que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, anunciara que los elementos de la Policía Comercial pasarán a formar parte de la Municipal, ya que se requiere de personal para reforzar las acciones de seguridad en la ciudad. Un grupo de agentes comerciales denunció una serie de irregularidades al interior de dicha corporación que los está orillando a renunciar a sus derechos laborales. Autoridades señalan que todo el proceso se está realizando acorde a lo establecido en la Ley
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A inicios de septiembre, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, dio a conocer que poco a poco los elementos de la Policía Comercial pasarán a formar parte de la Policía Municipal, debido a la falta de personal con que cuentan.
De acuerdo con cifras del Municipio, en los últimos diez años la Policía efectiva perdió 350 agentes, y en la actual administración han sumado 252, de los cuales 29 llegaron recientemente de la Policía Comercial; la meta es lograr un total de 500 elementos.
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El interés del alcalde y de Marco Antonio Sotomayor, titular de la SSPM, es reforzar las acciones de seguridad en la ciudad y así contrarrestar los índices de homicidios y delincuencia que azotan la ciudad que hasta el jueves 20 de septiembre, contabilizaba mil 782 muertos en el transcurso del año.
Sin embargo, un grupo de alrededor de 150 policías, de los casi 400 que comprenden la corporación Comercial, denunciaron ante ZETA una serie de irregularidades que persisten al interior de la corporación, con las cuales altos mandos de esta sección los han estado “orillando” a renunciar y perder así todo los derechos que como trabajadores les corresponden.
Documentos en los que se explican los motivos por los cuales se retiran los elementos de un servicio y en los que se conmina a solicitar la seguridad privada
Amiguismo, trabajos en horas extra y sin goce a sueldo, corrupción, documentación falsa para promocionar elementos, incumplimiento de pagos, falta de primas vacacionales y hasta amenazas por parte de sus superiores, son solo algunas de las anomalías que hicieron saber los agraviados, razón por la cual incluso el jueves 23 de agosto, un grupo se manifestó con pancartas en las instalaciones de Palacio Municipal, exigiendo la destitución del subdirector Arturo Guerrero López, a quien se acusa de “corrupción y amiguismo”.
A ello se suma que dos de las condiciones que tienen que aceptar para pasar a formar parte de las filas de la Policía activa es renunciar como policía comercial, lo que les anula directamente su antigüedad y por ende el finiquito; y la otra es el firmar contrato por tan sólo seis meses, lo cual no les da “garantías” de que se les vaya a respetar su condición laboral o su puesto, por lo cual más de 80 policías renunciaron a la corporación en 2017 y más de 20 en lo que va del presente año.
INTERESES CON SEGURIDAD PRIVADA “PERMEAN LA CORPORACIÓN”
Tanto en el Municipio como desde la propia SSPM se ha venido señalado que el proceso de cambio de una corporación a otra será de forma gradual y bajo todas las condiciones laborales que esto conlleve.
Por lo tanto, dejarán a decisión de los empresarios y comerciantes, la opción de contratar a empresas de seguridad privada para reemplazar a los agentes que anteriormente les brindaban el servicio.
Situación primordial que han cuestionado los agentes, quienes aseguran que el objetivo real de “desaparecer” a la Policía Comercial tiene que ver más con los “intereses particulares” que algunos mandos activos y otros ex directivos tienen con estas empresas privadas, de las que aseguran, “son socios o dueños”.
Al que han señalado directamente es al ex director José Antonio Oviedo Martínez, quien incluso fue removido de su cargo por el entonces alcalde Jorge Astiazarán Orcí el 7 de mayo de 2015, con el señalamiento de haber iniciado con todo el “desorden” al interior de la corporación, al ser dueño de una agencia de seguridad privada.
Sin embargo, manifiestan que mandos actuales como el mencionado Guerrero López, están coludidos con empresas de seguridad privada, debido a que por lo menos desde hace dos años se han “perdido” contratos con empresas a las que les brindaban el servicio de seguridad.
Situación que ha generado pérdidas económicas a la corporación, ya que en 2015 generaban hasta 80 mil pesos por cobros en servicios a los comercios y hoy solamente se perciben alrededor de 20 mil pesos.
Uno de los mandos entrevistados por este Semanario, con más de 17 años en la corporación y que optó por omitir su nombre, resaltó con documentos en mano que para llevar a cabo dicha “maniobra” se giran oficios, firmados por Hugo Díaz Rodríguez, director de Servicios de Protección Comercial y de Vigilancia Auxiliar, en los que se les hace saber a las empresas comerciales que los elementos tendrán que ser retirados del lugar por diversas circunstancias.
Niega SSPM irregularidades al interior de la corporación comercial
Marco Antonio Sotomayor, secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), negó en entrevista con ZETA que al interior de la sección de la Policía Comercial existas ciertas irregularidades como algunos convenios y beneficios comerciales con empresas de seguridad privada, y “mucho menos” que en la transición de elementos de ésta a la Policía activa se estén negando sus derechos laborales.
Detalló que la transición de la Policía Comercial a la Preventiva es “voluntaria”, lo que se está haciendo es la “renuncia por promoción, es decir, renuncian a la plaza de comerciales pero toman la plaza de preventivos y se les respeta la antigüedad. Con esto se cuida que no vayan elementos en contra de su voluntad, porque así no funcionará”.
Sobre los presuntos beneficios comerciales con empresas de seguridad privada, comentó que es “totalmente falso”, al ser una política que él propuso directamente al alcalde Juan Manuel Gastélum, por lo que “no viene” de ningún subalterno, sino deviene ante la escasez de policías y con el propósito de tener más policías en las calles.
“En Baja California debe haber más de 200 empresas de seguridad privada que tienen permisos, entonces hay muchísimas opciones para las empresas que tenían el servicio contratado de la Policía Comercial, por lo que tienen libertad de contratar ahora a la empresa que ellos deseen”, aclaró.
Sobre la misma transición, expuso que dentro de la Policía Comercial hay varios elementos que cumplen los requisitos de ingreso y, si aprueban la evaluación de confianza, pueden tomar el curso de formación equivalente para convertirse en policías con todos los requisitos cumplidos.
Por ello se está hablando con los agentes comerciales y aquellos que están de acuerdo en ascender a la Policía Preventiva, se someten al proceso de evaluación de confianza, entran a la Academia y son autorizados como policías preventivos, por lo tanto, pueden portar arma.
Sotomayor Amézcua resaltó que “es evidente” que la Policía Comercial poco a poco se está quedando con menos elementos, lo cual “no quiere decir que en esta administración vaya a desaparecer, sin embargo, sí estamos cancelando poco a poco servicios que teníamos con empresas privadas y los estamos orientando a que busquen empresas de seguridad privada debidamente autorizadas por el Gobierno del Estado y la propia Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional)”.
Finalmente, reiteró que el objetivo es tener más policías por cada 100 mil habitantes, lo cual implica mayor presencia preventiva, como ya se pudo hacer con la creación del nuevo Distrito 12 en Natura, donde ya tienen mayor presencia policiaca e implica un apoyo a la seguridad de las personas que habitan esas colonias.
Una de ellas, como se señala en uno de los documentos, debido a que “no pasaron los procesos de Evaluación y de Control y Confianza para la permanencia como agente de Protección Comercial y no reúnen los requisitos para la portación de arma”.
Otra bajo “pretexto” de que los meterán a “procesos de evaluación, promoción y capacitación prevista en Ley”, y a cambio de esto, la propia SSPM les pone a disposición los servicios de empresas de seguridad privadas registradas por ellos mismos, como es el caso de Grupo ASP, a la que los elementos acusan de estar coludida.
DESARMES INJUSTIFICADOS
La problemática al interior de la corporación “no queda ahí”, Sergio Cambero y Armando Álvarez, dos policías activos con aproximadamente 12 años de servicio, sustentaron lo dicho por su compañero y agregaron que en muchas ocasiones el hecho de retirar al elemento de su servicio y desarmarlo, no se encuentra con una justificación sustentada y ello “golpea” en el ánimo de los elementos.
Sobre todo porque los regresan al C2, los mandan a Palacio Municipal como uniformados, pero se sienten “inútiles” al no poder realizar las labores para las cuales ellos eran requeridos y por las cuales decidieron ingresar a la corporación y les asignan servicios hasta de 12 horas diarias, contraviniendo al reglamento, que marca ocho.
En el caso del policía que decidió omitir su nombre, a él le retiraron el arma y su permiso para portación de la misma por parte del Estado, pero nunca le dieron un argumento o razón “sólida”, lo que le generó cierto “desconcierto”, después lo requirieron en el C2 de manera “inmediata” y uniformado, pero no contaba con uno y le exigieron que lo comprara.
Sin dinero, sin sueldo base sustentable para comprarlo y a razón de las “incontables” horas extra que laboró sin remuneración económica, aunado a que nunca le dieron razón sobre su desarme, le llevaron a renunciar el lunes 17 de septiembre y ahora busca que se conozca su caso y lo que sucede al interior de esa sección de la SSPM.
NECESARIO RENUNCIAR A SU ANTIGÜEDAD PARA SER POLICÍA ACTIVO
Meses antes de renunciar, a este policía le ofrecieron pasar a ser elemento de la corporación municipal, sin embargo, al momento de querer aceptar pensando que tendría mejores condiciones laborales desde el principio, le dijeron que tenía que renunciar primero a su cargo como comercial y firmar un contrato inicial de seis meses, lo cual consideró “indignante”, porque renunciar a su cargo significaba perder la antigüedad y por ende lo correspondiente a la liquidación y beneficios laborales a los que era acreedor.
“No me brindaba garantías de nada, era volver a empezar de cero y eso es un total abuso de la autoridad, para deslindarse de sus responsabilidades”, dijo.
Sobre la transición de comercial a activo, refirió que aunque ya han pasado algunos elementos, no todos califican para ello por razones de que no cumplen con los requisitos de contar con una excelente condición física y la gran mayoría no tiene la preparatoria terminada, como se pide para ocupar ese puesto.
Lo que ha derivado en casos de “corrupción” referente a la falsificación de documentos, sobre todo para sustentar los estudios, como complementó el agente Sergio Cambero, quien desde hace varios años lo ha venido denunciando públicamente.
Él señala que desde 2015, varios elementos de la Comercial han pagado a personal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en Mexicali, para que les emitan certificados con contenido falso, como lo aseguró en entrevista, sobre todo para acreditar la preparatoria que no fue cursada y que se requiere para ser policía municipal.
SIN AUMENTOS Y PRIMAS VACACIONALES REDUCIDAS
Otra situación es que desde hace más de ocho años no se les ha realizado un aumento de sueldo, actualmente perciben 5 mil 800 pesos quincenales por turno, muchas veces de 12 horas, y las primas vacacionales se las redujeron de mil 600 a sólo 600 pesos y les deben dos periodos vacacionales, correspondientes a 2017 y 2018.
El policía anónimo aseguró que se han hecho aumentos en el costo del servicio para las empresas, “pero al elemento lo dejan igual, otra cuestión muy grave es que Servicios Médicos Municipales siempre está saturado, tardan demasiado en darte una cita para operación y solamente tenemos ahora a la Cruz Roja para servicio de emergencias.
“Te perjudican de tal manera que no te queda de otra que renunciar, así ellos se evitan brindar las liquidaciones conforme a la Ley y continúan con sus negocios, es tan grave la situación que preferí perderlo todo que estar en esas pésimas condiciones”, concluyó el elemento.
