En las Subprocuradurías de Justicia de Baja California, no ven la luz del presupuesto al final del túnel. De hecho no tienen dinero. No pueden adquirir los productos necesarios para el funcionamiento de las oficinas administrativas, y tampoco invertir dinero propio en operativos para reducir los índices de inseguridad y violencia. No tienen para nada. Vaya, a pesar que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) es una de las dependencias a las que el presupuesto no les sobra luego que para este ejercicio les asignaron mil 575 millones 42 mil 325 pesos, en las subprocuradurías nada más no les bajan el dinero. Todo, absolutamente todo en lo que quieran invertir, comprar, alquilar, tienen que pedirlo a Oficialía Mayor del Gobierno del Estado donde despacha Loreto Quintero Quintero; vaya, hasta para poner gasolina a las unidades del personal y los agentes ministeriales, se debe pedir a Oficialía Mayor, y solo en esa oficina deciden, cuánto, a quién le compran, cómo y para qué. Las compras centralizadas de Oficialía Mayor afectan el funcionamiento de las dependencias. En el caso de las Subprocuradurías de Justicia, ni presupuesto, ni comité de compras, ni nada… hasta que no se digne la Oficial Mayor que todo lo acapara.
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