El 2 de julio de 2018, Benito Emiliano Hernández Juarico denunció ante Sindicatura Procuradora de Tijuana, dependencia a cargo de Ana Marcela Guzmán Valverde, las irregularidades con las que procede a remolcar los vehículos de particulares, la concesionaria Arrastres Tijuana, S.A. de C.V.; por lo que demandó realizar una investigación. A la fecha no ha tenido respuesta.
Como ciudadano pidió una audiencia con el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, para plantearle directamente su caso y exponerles el sustento legal de su inconformidad, pero el presidente municipal también lo ignoró.
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Ante ello, optó por interponer su queja por abuso de autoridad ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el 10 de julio, la cual quedó asentada con el Número Único de Caso 0204-2018-31384, aún bajo integración.
Hernández Juarico expuso a ZETA que el hecho, del cual derivó su denuncia, fue porque su vehículo le fue remolcado al estacionarlo en línea roja, en calle Ermita Sur, frente al domicilio de su negocio. Al lugar llegó un agente de Tránsito y tres grúas de la empresa Arrastres Tijuana.
Al observar que su carro era enganchado a una grúa, intentó sacar sus pertenencias, “pero el oficial me empujo para impedírmelo. Yo le dije que tenía mi licencia dentro del vehículo y de acuerdo al Reglamento correspondiente -de Transito-, le solicité, me elaborara mi infracción y me permitiera retirarme, a lo que se negó rotundamente”, compartió.
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Entonces, el oficial dio la orden para que se remolcara el vehículo, continuó Hernández Juarico, “en ese momento me interpuse entre la grúa y mi vehículo, ya que de acuerdo al protocolo, ese no es el procedimiento a seguir para que un carro sea remolcado”, observó.
En efecto, en el punto 29 de la Norma Técnica No. 22 del Reglamento de Arrastres y Almacenamiento de Vehículos del Municipio de Tijuana, se establece que la maniobra de remolque se podrá considerar inconclusa, “en virtud de que el propietario, apoderado o representante legal y/o poseedor legal del vehículo infractor, se presentó antes de que se lo llevara”.
Pero el oficial, lejos de atender la ordenanza municipal, solicitó refuerzos, llegando al lugar la patrulla identificada con número económico P0576, de la cual “descendió un policía vestido con la playera de la selección mexicana de fútbol. Como continué en mi postura de evitar de se llevaran mi carro, el primero de los oficiales me tomó del brazo, torciéndomelo y a pesar de que me quejé del dolor, me colocó las esposas y me subió a la patrulla”.
Hernández Juarico fue llevado a la delegación de policía Margarito Saldaña, donde el Juez de Control le aplicó una amonestación y lo dejo en libertad.
Al mismo tiempo que él fue detenido, su carro fue remolcado, pero el inventario número 3282/18 que ampara el arrastre del vehículo Mazda color gris, modelo 2008, carece de número de reporte de C-4, lo cual representa otra irregularidad.
De acuerdo a la Norma Técnica 22, se indica que “queda prohibido a la concesionaria, atender la orden de servicio que le solicite en forma directa el oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, siempre deberá ser a través del C-4, previo informe del oficial de la Secretaría de Seguridad pública Municipal sobre los datos de la unidad para que se verifique su serie o si tiene reporte de robo, debiendo mencionar el folio dela infracción”.
El 16 de julio, ZETA requirió a la Sindicatura Procuradora información respecto al caso expuesto por Benito Hernández, la petición se hizo a través de Brenda García, vocera de la de la dependencia; después de ello ya no contestó llamadas ni mensajes. Fue hasta el jueves 26 de julio que se reportó, vía WhatsApp, dejando como respuesta a la petición de entrevista: “Hola Isabel, buenas tardes”.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó, a través de su área de Comunicación Social, que están a la espera de que Sindicatura Procuradora emita una resolución sobre el caso para poder actuar en consecuencia.
