Las menores de edad son indígenas, y aunque la CDI tiene conocimiento de la situación, se centra más en la prevención que en castigar el delito, tanto así que no hay datos sobre denuncias por trata de personas. Cifras de la Secretaría Salud en Baja California indican que mil 225 menores de edad han dado a luz en hospitales de Ensenada
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Aunque prevalece el dicho de que “ningún uso y costumbre está por encima de los derechos de las personas”, algunas comunidades indígenas de Ensenada han reafirmado lo contrario al ejercer la venta de mujeres menores de edad.
Según cifras de la Secretaría de Salud en Baja California, en 2017, mil 225 féminas menores de edad dieron a luz en hospitales del puerto, cantidad que representa el 33 por ciento de los embarazos registrados en ese año.
A partir de la alarmante suma de casos, la institución ha implementado campañas de prevención.
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El lunes 23 de julio de 2018, la presidenta de DIF Municipal, Mirna Ibarra de Novelo, externó abiertamente ante el Grupo Madrugadores de Ensenada su preocupación por dos casos de venta de niñas en San Quintín. Durante uno de sus recorridos de trabajo por el sur, una de las víctimas dijo a Ibarra: “Ya no voy a regresar porque mis papás me vendieron por 50 mil pesos”.
La menor, de 15 años de edad, estaba orgullosa por la cantidad que un hombre pagó por ella a los padres, describió a ZETA Mirna Ibarra de Novelo.
NO DENUNCIAN TRATA DE INDÍGENAS
En entrevista con este Semanario, Alberto Martínez, profesor de la asignatura Globalización en la Universidad de Tijuana, refirió que las autoridades discriminan y no aplican la Ley “parejo”.
Puso como ejemplo que si un hombre de ciudad pone en venta a su hija, y esta lo denuncia, la Ley se aplica de inmediato, ameritando cárcel; sin embargo, en una comunidad indígena esos casos son permisibles.
“Siguen gastando en programas para prevenir, cuando deberían de aplicar la Ley tanto para los padres como para quien compra a la menor. Así bajaría el índice”, sostuvo el catedrático.
Foto: Enrique Botello.- Mirna de Novelo presidenta del DIF municipal
En 2013, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recibió una sola denuncia por el delito de explotación laboral y otra más en 2014 por explotación sexual en la misma delegación.
La fiscalía tiene abiertas cuatro averiguaciones previas de 2014 a 2017 por explotación sexual. En total son seis expedientes con siete víctimas.
El oficial del Registro Civil del Municipio, Edgar Alatorre Amezquita, informó que con base a la Ley General de Derechos, en su Artículo 43, no se han permitido matrimonios entre menores. Sin embargo, reconoció que ha habido intenciones de menores de edad que acuden con la intención de contraer nupcias, e incluso han buscado recovecos en la legislación para lograrlo.
COSTUMBRES DIFÍCILES DE QUEBRANTAR, PERO QUE “LASTIMAN”
“Mejor no se meta”, es una de las respuestas que encuentran quienes intentan implementar programas para prevenir todo tipo de violencia en contra de las mujeres.
Mirna Ibarra de Novelo detalló dos casos de trata con los que se topó en San Quintín, donde residentes de la delegación la alertaron de lo difícil que son los temas relacionados con el desarrollo de la mujer.
“Me dijeron que primero están los usos y costumbres y después lo demás, que dudaban que pudiera implementar programas”, lamentó.
Uno de los casos documentados por ella y denunciado formalmente, ocurrió en una empresa agrícola de Camalú, al sur del municipio, donde un propietario alertó a DIF Municipal que un empleado jornalero vendió a la hija.
“Nos preocupa el tema de prevención, no nos queda más que dar las pláticas en las comunidades en las escuelas”, reiteró Mirna Ibarra, quien habló tanto con el director de la escuela y el representante de la empresa sin resultados.
“Llegué con todas las ganas, pero no se puede, es un tema sensible. No te dejan, por eso nos hemos ido despacito, pero no hemos podido lograr más”, finalizó.
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CDI PERSISTE EN LA LUCHA
Para Norma Carbajal Acosta, responsable de los programas relacionados con Cultura y Género de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la trata de personas es un tema tangible en el municipio y requiere de atención de las autoridades.
“Estoy convencida de los derechos de la cultura, pero no considero que por una creencia vamos a violentar un derecho”, resaltó la trabajadora Social, “es difícil que sepan que deben
Artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
A quien incurra en el delito de trata de personas se le aplicarán:
* De seis a doce años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.
* De nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, si el delito es cometido en contra de una persona menor de dieciocho años de edad o en contra de persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo.
denunciar, que tienen derechos, que no es normal que se les golpee o viole”.
Narró que en un recorrido con la unidad médica móvil y Registro Civil por Maneadero, específicamente en el campo Mendoza y Cárdenas, encontró a dos adolescentes que solicitaron a la CDI tabletas electrónicas para continuar estudiando.
Sin embargo, otra menor que estaba cerca, de apenas 14 años de edad, estaba embarazada y con un bebé en brazos. El padre la había casado dos años antes.
Con toda la intención de ayudar y asesorar a la jovencita, se le pidieron documentos oficiales, pero no tenía consigo alguno. Al día siguiente, Carbajal regresó y la familia ya no estaba en el campo.
Para la servidora con 39 años de experiencia trabajando con comunidades indígenas de Baja California, en los próximos meses de transición gubernamental, será necesario fortalecer la labor y los recursos para mejorar los programas.
El único alcance que tienen como unidad es hacer diagnósticos en la medida de la competencia. Les urgen programas de prevención y de atención en el embarazo de adolescentes, además de servicios amigables adonde lleguen las personas por un anticonceptivo, o alguna platica sobre cómo prevenir un embarazo.
Respecto a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Norma Carbajal opinó que no se habla sobre mujeres indígenas, “no tiene contenido intercultural que se tiene que hacer a través de una cultura para saber si también aplica para ellas”, y lo citó como uno de sus pendientes.
Aunque popularmente les llaman “comunidades migrantes”, después de seis meses de vivir en un poblado, cualquier indígena es considerado de pueblo asentado, por lo cual dejan de ser migrantes.
Entre los programas de la CDI en Ensenada, está el de Derechos Indígenas que a su vez derivan en otros, como el Derecho a la Igualdad de Género, con varias modalidades para trabajar de la mano con el Instituto de la Mujer estatal y municipal.
Otro más, es el de Fortalecimiento a Derechos de Mujeres y Niñas Indígenas, generando espacios de inclusión y la impartición de conferencias para cambiar las conductas y paradigmas de los niños a temprana edad para que de adultos no haya condiciones de violencia de ellos hacía la mujer.
En San Quintín, desde 2008 opera la Casa de la Mujer Indígena, que atiende exclusivamente temas de violencia de todo tipo, como física y emocional con profesionistas en las cinco delegaciones, quienes brindan talleres y stands de servicio donde informan a otras indígenas sobre sus derechos.
JUEZ O ALCALDE PUEDEN CASAR A MENORES
En noviembre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), exhortaron a los congresos de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora, a armonizar sus legislaciones estatales conforme a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y tratados internacionales.
Con la reforma al Código Civil de Chihuahua, todos los estados del país han establecido los 18 años como edad mínima para casarse, pero aún hay cinco códigos civiles estatales que permiten que las personas puedan casarse antes de los 18 años por determinación de un juez o una autoridad administrativa.
El Artículo 148 del Código Civil Federal permite el matrimonio desde los 14 años en el caso de las adolescentes y de 16 para los adolescentes, en contravención la Ley.
Datos de 2015 (provenientes de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica) refieren que del total de matrimonios registrados de menores de 15 años, el 98.4% fueron de niñas y adolescentes mujeres.
Esta práctica amenaza su desarrollo, al impedir seriamente el ejercicio del derecho a la salud y a la educación, debido a la necesidad de ejercer tareas domésticas y la maternidad, aunadas a presiones familiares.
Prioridad, asignar presupuesto a la Ley contra la Trata en BC
Aunque desde 2011 se aprobó la Ley General contra la Trata de Personas, no se le ha asignado presupuesto, lo que debe ser una prioridad, dijo la presidenta de la Red Binacional de Corazones, Alma Tucker, en el marco de la Jornada Nacional de Prevención contra la Trata que se llevó a cabo en el Centro de Gobierno del Estado en Tijuana.
“Es necesario dar prioridad asignar recursos a esta lucha. Hemos insistido que se requiere una campaña educativa permanente, no solo una vez al año”, señaló.
En los últimos siete años, 279 víctimas de trata han sido rescatadas y hay muchas más que no se denuncian, tanto porque desconocen su situación de abuso, o por temor a represalias. Por eso, destacó la activista, se requieren recursos para reforzar las actividades preventivas, de concientización y de atención a las víctimas de los distintos tipos de trata.
Solo en los centros de la Red Binacional de Corazones hay veinte niñas y niños en atención especializada, quienes requieren terapia individual, grupal y a veces tratamiento psiquiátrico. Entre las necesidades terapéuticas, de alojamiento, vestido y alimentación, cada menor requiere entre 15 mil y 18 mil pesos anuales, además del costo de la certificación que deben tener los centros para operar.
Según Tucker, en 2018 la Red Binacional de Corazones no ha recibido recurso económico de ninguna instancia de gobierno para su sostenimiento, solo un taller de arte terapia por parte del Municipio. “Siempre estamos en la búsqueda de recursos y no nos queda más que pedir a la comunidad, alimento, ropa y con los eventos que organizamos”, declaró.
En ese sentido, en el mismo evento, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, afirmó que el sistema de salud tiene la estructura suficiente para brindar atención a las víctimas y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para sancionar a los responsables. Además, el Gobierno del Estado gestiona 18 millones de pesos con el Gobierno Federal para equipar el centro de atención víctimas de trata que se construye en Tijuana.
De acuerdo con el titular de la Unidad contra la Trata de Personas de la PGJE, Héctor Alejandro Orozco, de 2011 a la fecha, han sido rescatadas 279 víctimas, de las que 136 son menores de edad, 130 mujeres y seis hombres.
En el mismo período, 118 personas fueron consignadas y se obtuvieron 12 sentencias condenatorias, la más reciente, la de la joven que enganchaba a estudiantes de preparatoria, a quien se le dieron cinco años. Actualmente hay 190 averiguaciones previas abiertas y 133 en integración.
El 80 por ciento de los casos registrados corresponden a Tijuana y la mayor parte del resto Ensenada y Mexicali. El 95% de las denuncias corresponden a trata con fines de explotación sexual y algunas de explotación laboral y mendicidad, “porque son las más visibilizadas”, explicó Orozco.
Según el Secretariado Ejecutivo Nacional, Baja California es la sexta entidad con más denuncias de trata, solo superada por Chiapas, Ciudad de México, Tlaxcala, Chihuahua y Estado de México. Karla Castillo Medina
