Ensenada.- Con una remuneración económica, muy por debajo del valor de la casa de la que fue desalojada casi dos años atrás por no pagar colegiaturas por alrededor de 41 mil pesos -incluyendo intereses- al colegio católico Fray Junípero Serra; Celia Córdova Córdova fue indemnizada por parte del Consejo Directivo de la institución educativa privada.
En noviembre de 2016, Celia, madre de dos estudiantes de ese colegio, fue expulsada de su casa en el fraccionamiento de interés social Villas del Sol, luego que un despacho de abogados comprara la deuda.
El hecho derivó del atrasó en el pago de las colegiaturas en distintos periodos del ciclo 2014, por parte del padre de las menores, de nombre Luciano; debido a que la pareja estaba separada, éste no le informó a la madre sobre el procedimiento legal en curso. Cuando la familia fue desalojada, las menores ya tenían más de dos años que estaba inscritas en escuelas públicas.
En la resolución, la casa fue valorada por el Juzgado en 246 mil pesos, se vendió aproximadamente en 160 mil pesos. El Juzgado entregó a Elva 106 mil pesos y poco más de 50 mil pesos al padre, quien no compartió ese dinero con sus hijas.
La Iglesia Católica tampoco ha tenido un gesto de solidaridad con familia, a pesar de que fray Bertín nunca enteró a la escuela del dinero que se recibió por ese juicio, es decir, la deuda por las colegiaturas de las dos exestudiantes del colegio, continúa activa en la administración de la escuela.
Hace unos meses se renovó el Consejo Directivo del colegio y como parte de las acciones, removieron al director fray Bertín, quien había implementado un método de cobranza agresivo por la vía judicial.
El abogado José Julio Santibáñez, nuevo presidente del patronato, informó que la escuela no está para quitar casas, que ese no es el origen del colegio franciscano.
Explicó que cuando asumió el cargo, sabía que éste era el principal problema público y latente que embargaba al colegio.
“Es el desprestigio que había arrastrado una decisión tan mala, donde hubo consecuencias graves en opinión pública. Partimos de ahí y asumimos la responsabilidad pidiendo un perdón a la señora Celia, con sencillez y humildad”, comentó el litigante.
Aclaró que como abogado, desde que conoció a la señora Celia se dio cuenta de que se trataba de una víctima, no solo del colegio, sino también de su esposo Luciano, quien estaba enterado que iban a desalojar a su familia y nunca hizo nada para protegerlos.
Los directivos encontraron que en los juzgados había otras 30 demandas similares a las de la familia Córdova, de las cuales, tres están activas y la resolución está en manos del patronato.
La cobranza de las cuotas no será judicial, “quien no tenga, se va, o si el alumno tiene posibilidades, se solicita una beca educativa”, aclaró Santibáñez.
El dinero de la indemnización lo entregaron tras dos horas de diálogo en el que estuvo presente Celia, la mesa directiva del colegio, así como un representante de la Iglesia, Marisela Horta González, responsable de la pastoral en Ensenada y abogados del grupo de Litigio Estratégico Mariano Otero, quienes acompañaron a la madre desde que el problema se hizo público.
