Salvador Díaz González, presidente de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO), denunció que hace ocho meses nueve empresas, ubicadas en la calle 3 Sur en la zona de Otay, no tienen agua; debido a que trabajadores del ayuntamiento dañaron un tubo mientras reparaban escurrimientos de aguas negras en la vialidad.
“En lugar de reparar (el tubo) de manera inmediata, el Ayuntamiento decide cortar el suministro y tapa el hoyo”, por lo que durante un lapso la empresa constructora que ganó la licitación proveyó el líquido a vecinos y empresas; pero dejó de hacerlo ante la tardanza del Ayuntamiento para arreglar el desperfecto.
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El ayuntamiento “ahorita va a volver a gastar para abrir el agujero que costó más de un millón de pesos” y repararlo, expuso Díaz González, quien se mostró preocupado porque Everardo Lona López, recientemente nombrado secretario de Desarrollo Urbano “no nos ha dado la cara”, pese a haber buscado una reunión con él.
“Extraño a Alejandro Lomelí porque mínimo él sí daba la cara”, afirmó el líder empresarial, quien sostuvo que el nuevo secretario no ha dado seguimiento a los pendientes que se tienen.
Aunado a ello, Díaz González recordó que en 2017, el legislador Jorge Ramos “bajó recursos” para la reparación de dicha vialidad con el fin de que tuviera concreto hidráulico; sin embargo, al incrementar su costo por el daño causado a la tubería, el IMPLAN les informó que la pavimentaría.
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“Según los expertos, la diferencia entre el pavimento y el concreto hidráulico que requerimos nosotros, por la carga y el tránsito, es de 15%”, apuntó el empresario, y precisó que el gobierno tiene un presupuesto para terminar la vialidad de entre 15 y 20 millones de pesos.
De modo que, demandó a la autoridad hacer obras de infraestructura duraderas, así como proporcionar el lapso en el que reparará la Calle 7 Norte, para la que cuenta con un presupuesto de 11 millones de pesos.
“Lo más preocupante es que jurídicamente a la hora que se hace una licitación tienen tiempos de obra muy específicos pero el Ayuntamiento y la propia delegación no nos quieren dar una fecha”. Además de que han permitido que el sobre ruedas que se coloca sobre la calle Sor Juana Inés crezca sin control, lo que ya empieza a afectar el tránsito de vehículos de carga, lamentó.
En contraste, dijo, el titular de la CESPT se ha mostrado accesible, y a las nueve empresas afectadas se les condonarán los adeudos por el cobro en promedio que la dependencia les hizo, pese a no contar con el servicio de agua potable.
En otro tema, Díaz González comentó que se tendrán acercamientos con Instituto Nacional de Migración en Baja California (INAMI), para conocer los detalles de la deportación de cinco altos ejecutivos de una empresa del sector textil, de origen estadounidense.
Dijo que AIMO tiene conocimiento de que dichos ejecutivos fueron sancionados por el INAMI, con lo que no podrán ingresar al país por un año, y debido a que son altos directivos, la compañía se encuentra preocupada.
Finalmente, indicó que la industria tiene empleados estadounidenses, coreanos, japoneses, haitianos y recientemente venezolanos.
Respecto al número de nacionales de Haití, expuso que son alrededor de 500 los que trabajan con algún socio de AIMO, y se colabora para que éstos puedan renovar su visa humanitaria o modificar el estatus migratorio por el de residentes.
