El juez federal Brian Cogan, que lleva el caso de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, denegó este martes al capo el traslado a Manhattan del juicio en su contra -cuyo inicio está previsto para el 5 de noviembre-, a pesar de que Eduardo Balarezo, abogado del sinaloense, asegura que el fuerte dispositivo de seguridad del traslado está en contra de su cliente, porque da imagen de peligrosidad y culpabilidad.
La defensa del narcotraficante sinaloense había pedido trasladar el proceso del barrio de Brooklyn -donde está la Corte del Distrito Este de Nueva York- a Manhattan, donde se encuentra el Centro Correccional Metropolitano, la prisión de máxima seguridad en la que está recluido “El Chapo” desde el 19 de enero del 2017, día en que fue deportado a Estados Unidos.
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A mediados de julio, el juez Brian Cogan accedió a aplazar dos meses el inicio del proceso ante la gran cantidad de nuevos datos que la Fiscalía acababa de entregar al abogado de Guzmán Loera, quien ha acusado a los fiscales en varias ocasiones, de retener información importante para la defensa de su cliente y se queja de la imposibilidad de que “El Chapo” tenga un juicio justo.
Según Balarezo, la Fiscalía de Estados Unidos oculta información sobre supuestos asesinatos vinculados al presunto narcotraficante, mismos que las autoridades intentarán probar durante el juicio. El litigante pidió al juez que, o bien impida que los fiscales incluyan en el juicio contra “El Chapo” supuestas conspiraciones para cometer asesinatos en las que habría estado involucrado, o que le obligue a facilitar a la defensa del capo sinaloense detalles sobre esos supuestos crímenes.
“Bajo nuestra Constitución [la estadounidense], toda persona tiene derecho a un debido proceso y a un juicio justo, se llame John Smith o Joaquín Guzmán. Las acciones del Gobierno [de EU] reteniendo pruebas se burlan de ese derecho y privan a Joaquín [Guzmán Loera] de la posibilidad de defenderse”, aseguró Balarezo en un comunicado el pasado 25 de julio.
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Los abogados de Guzmán Loera quieren que, como mínimo, las autoridades les informen “inmediatamente” de las identidades de las víctimas, de las fechas exactas, así como de los lugares de los supuestos sucesos y de documentos vinculados con cada uno de los casos.
La Fiscalía tiene intención de demostrar durante el juicio la participación del narcotraficante sinaloense en un mínimo de veinte conspiraciones para cometer asesinatos. Sin embargo, las identidades de las víctimas y otros detalles serán facilitadas a la defensa del ex líder del Cártel de Sinaloa, sólo dos semanas antes de que los testigos de cada caso aparezcan ante la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, con el fin de proteger las identidades de quienes han aceptado cooperar.
Según los abogados de “El Chapo”, dicha situación y la escasa información que han recibido hasta ahora impiden preparar una defensa adecuada ante dichas acusaciones, para lo que consideran necesario más detalles y tiempo. En la acusación contra Guzmán Loera, se afirma que el Cártel de Sinaloa habría enviado a EE.UU. al menos 200 toneladas de cocaína, que le generaron al mexicano casi 14 mil millones de dólares en ganancias.
Según lo informaron diversas agencias con anterioridad, la Fiscalía de Estados Unidos comunicó al juez Thomas Selby Ellis III su intención de citar a entre 25 y 30 testigos en el proceso contra el narcotraficante sinaloense Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, mismos que también declararán contra “El Chapo”.
El 17 de julio pasado, Eduardo Balarezo dijo que están “preparados” para enfrentar a cualquier persona que declare en contra del capo sinaloense en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan, entre ellos Dámaso López Núñez, “El Licenciado”.
El pasado 26 de junio, Balarezo indicó que “El Chapo” Guzmán no se declarará culpable de ningún delito y no cooperará con las autoridades estadounidenses. “Cuando sea el juicio, va a haber un juicio”, indicó el litigante, tras una vista judicial en la que el capo sinaloense de 61 años de edad estuvo presente, y en la que negó ser el líder del Cártel de Sinaloa.
La defensa anticipó, además, que presentaría un escrito al juez en el que justificará su pedido para que la Fiscalía suministre una información que dijo poseer, según la cual su cliente no es el jefe del Cártel de Sinaloa.
“La mayoría de estas pruebas ellos las han tenido durante varios años y recién tres meses antes del juicio nos dicen que tienen la información, pero no dicen qué es la información, no nos dan detalles y no podemos usarla para defenderlo”, aseguró Balarezo.
“Muchas de estas pruebas dicen o personas le han dicho a la Fiscalía que el señor Guzmán no era el jefe, que no es un jefe, que trabajaba debajo de otras personas […] Eso tiene que ver directamente con la acusación principal que es participación en una empresa criminal, eso es fundamental para la defensa de él”, abundó Balarezo.
“El Gobierno tiene que probar de que él era un líder [criminal]”, pero advirtió que si tiene pruebas de que no lo era, “el jurado tiene que escuchar esas pruebas”, señaló la defensa de “El Chapo”, que por otra parte requirió se permita una tercera evaluación sicológica a su cliente, esta vez para evaluar la dosis de medicamentos que recibe.
