“Javier Duarte [de Ochoa] tiene los dos pies dentro de la cárcel y así permanecerá durante mucho tiempo”, aseguró este miércoles el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, sobre su antecesor, después de que la Procuraduría General de la República (PGR) reclasificó ayer el delito de delincuencia organizada por asociación delictiva, lo que podría derivar en que el ex mandatario estatal enfrenté en libertad los demás cargos que se le imputan.
Yunes Linares abundó, que en caso de que Duarte de Ochoa fuera liberado, debería ser entregado a la Fiscalía de Veracruz, por dos órdenes de aprehensión que tiene en el estado. Ayer finalizó el plazo de un año que un juez federal dio a la PGR para investigar al ex gobernador de Veracruz por lavado de dinero y asociación delictuosa.
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“La Fiscalía de Veracruz logró que en la solicitud de extradición de Guatemala, se incorporarán dos órdenes de aprehensión, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias”, informó Miguel Ángel Yunes en conferencia de prensa.
“De tal manera que si fuera liberado en la Ciudad de México de inmediato tendría que ser entregado a la Fiscalía de Veracruz para ser trasladado al centro de reclusión de Pacho Viejo”, indicó el gobernador sobre Javier Duarte de Ochoa.
Además, el gobernador de Veracruz dijo estar seguro de que la PGR solicitará que su antecesor permanezca en prisión, ya que existe el riesgo de fuga. “Estoy seguro que Duarte no obtendrá su libertad […] Duarte ya se fugó. Si fuera puesto en libertad se iría”, dijo.
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Además, dijo Yunes Linares, su antecesor tiene los medios económicos necesarios para fugarse, y no tiene un domicilio conocido en México, ya que es sabido que su esposa, Karime Macías Tubilla, sobre quien también pesa una orden de aprehensión, vive en Londres, Inglaterra, con el resto de su familia.
Asimismo, Yunes Linares afirmó que todavía hay otra orden de aprehensión, pendiente por ejecutar, en contra de Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada, y advirtió que pese a que su mandato finaliza en diciembre, seguirá “luchando para que sus cómplices [los de su antecesor] sean sancionados”.
La Procuraduría pidió al juez federal que se abra un juicio en contra de Javier Duarte, sin embargo, casi a la medianoche de ayer martes, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) retiró el cargo de delincuencia organizada que le había imputado de forma inicial, y que era el único que ameritaba la medida cautelar de prisión preventiva automática.
A partir de ahora, los abogados de Duarte de Ochoa podrán solicitar al juez federal durante la próxima audiencia, que retire la medida de prisión preventiva impuesta a su cliente y así pueda enfrentar el juicio en libertad. Será decisión del juzgador determinar si considera justificado mantenerlo o no en prisión por riesgo de fuga.
Según la investigación inicial de la PGR, entre diciembre del 2011 y noviembre del 2016, Javier Duarte consiguió desviar y lavar el origen de al menos 438 millones de pesos de recursos públicos de Veracruz -gracias a una red que incluye múltiples prestanombres y empresas fantasma-, dinero que se habría utilizado para gastos personales, joyas y propiedades.
Según el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales una vez que el juez recibe la acusación escrita del Ministerio Público -lo que en el caso Duarte de Ochoa ocurrió ayer martes- se deberá programar la audiencia intermedia, la cual no podrá realizarse en un plazo menor a 30 días naturales, ni mayor a 40 días naturales.
Pero según Ricardo Sánchez Reyes Retana -abogado de Duarte de Ochoa, quien se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México- en cuanto el juez federal le notifique a la defensa del ex gobernador la acusación de la PGR, esta cuenta con 10 días para responder y presentar pruebas.
La investigación en contra de Javier Duarte derivó de una denuncia realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sin embargo el ex mandatario estatal permaneció prófugo durante seis meses, hasta que en abril de 2017, fue detenido en Guatemala, país desde donde fue extraditado en julio de ese mismo año.
