Tras las elecciones del 1 de julio, el virtual presidente de México se ha mantenido firme en su plan de distribuir algunas entidades de gobierno a lo largo y ancho del territorio nacional, en un intento de descentralizar el poder público, pero sin ceder las atribuciones administrativas a los estados
Una de las novedades que traerá consigo la administración de Andrés Manuel López Obrador será el desplazamiento de distintas secretarías de Estado a provincia, opinó el académico del Colegio de la Frontera Norte, Víctor Alejandro Espinoza Valle, quien aclaró que ese modelo no corresponde con una “descentralización del Gobierno Federal”, tal como se ha dado en llamar (por parte del propio presidente electo). A decir del investigador, trasladar las dependencias, en dado caso, solo constituirá “una desconcentración” de funciones.
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Explicó que “para ser descentralización”, la coordinación de esas instancias debería “pasar a los estados”, mientras que lo propuesto hasta ahora por AMLO se reduce a un mero cambio de sede a nivel territorial, de tal manera que la tutela de las entidades administrativas quede en manos de secretarios que formarán parte del gabinete presidencial.
En entrevista con ZOOM POLÍTICO, el director del Departamento de Administración Pública del Colef, sostuvo que descentralizar las instituciones públicas no resulta improcedente. Puso como ejemplo, los casos de Estados Unidos y Francia, donde ese esquema ha funcionado. Agregó que por otro lado, también se puede ceder las atribuciones y la gama de servicios de una dependencia estatal a los municipios, opción que podría darse en lo referente al manejo del agua. Por lo que respecta a la propuesta de López Obrador, reiteró que ante todo tiene que ver con “sacar las secretarías del centro” sin transferir su operatividad.
En noviembre de 2017, el entonces aspirante presidencial por el partido Morena propuso mudar de la capital del país, 12 dependencias de primer nivel, así como 19 organismos federales. A propósito manifestó: “Pienso que es muy acertada la descentralización del Gobierno Federal, para que haya crecimiento parejo en los estados de la República”.
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De acuerdo con ese planteamiento, las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, se mantendrían en la CDMX, además de la Presidencia, en tanto que el resto de las instituciones gubernamentales se trasladarían a lugares aparentemente estratégicos; por ejemplo, Turismo a Chetumal, Quintana Roo; y Energía a Villahermosa, Tabasco, localidad que se distingue como un centro de operaciones concernientes a la industria petrolera. Otro caso emblemático es el de la Secretaría de Energía, contemplada para mudarse a Monterrey, Nuevo León, municipio conocido como “la capital industrial de México”.
Para Espinoza Valle, la pretendida desconcentración “es un proyecto muy grande” que “implica desplazamiento de personal o liquidación”, además de la “creación de infraestructura en las entidades”. En alusión a la movilización de los trabajadores, que podría ascender a una cantidad aproximada de 740 mil, observó que muchos de ellos podrían renunciar, pues tomando en cuenta los bajos salarios que percibe el grueso de la burocracia, “no va a ser atractivo ir a buscar vivienda, desplazar a toda la familia para seguir ganando lo mismo”.
Refiriéndose a ese tipo de disyuntivas, AMLO adelantó que a favor de los asalariados, habría “crédito para la vivienda, jubilaciones anticipadas, aumento salarial, permuta de plazas y otras garantías”, y aseguró que “mejorarán sus condiciones de vida”. De cómo proceder al incremento de sueldos, ya había dicho que las percepciones de los altos funcionarios se reducirían para que “los de abajo” pudieran ganar más.
Alrededor de 30 instancias gubernamentales fueron contempladas para mudarse de la capital. Espinoza Valle juzgó que por cuestiones de necesidad, en algunos casos el traslado sería oportuno, como en lo correspondiente al Instituto Nacional de Migración, cuya central estaría en Tijuana, Baja California, donde los fenómenos de emigración e inmigración son emblemáticos. Pero por lo que respecta a otras dependencias, entre éstas la Secretaría de Educación Pública y la cual se pretende trasladar a Puebla, Puebla, el investigador sugirió que no necesariamente resulta prioritario, aunado a que ello conllevaría un costo bastante elevado.
Según da cuenta el Proyecto de Nación 2018-2024, para la instalación total de cada órgano administrativo se requiere disponer de 90 mil metros cuadrados con un coste de 45 mil pesos el m2.
Dijo no estar seguro de qué tanto beneficio traería consigo la desconcentración institucional. Sacó a colación la experiencia suscitada con la mudanza del Inegi a Aguascalientes, tras los sismos de 1985. Observó que cuando más, la propia entidad federativa pudo haberse favorecido “en términos de que (el desplazamiento) generó demanda de viviendas”. Igualmente hizo referencia al “intento de descentralizar la educación básica bajo el gobierno de Salinas, en 1992”, proyecto al que se le denominó Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica “y que contó con el apoyo de (la líder magisterial) Elba Esther Gordillo”. Aunque observó que esa medida “resultó un híbrido”, en vista de que “la Federación nunca soltó la parte sustantiva: los recursos y las políticas de contenido de la educación”.
En coincidencia con la postura de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, encabezada por Alejandro Kuri, el investigador finalmente estimó que no es viable llevar a cabo un traslado masivo de secretarías en tan solo un sexenio, lo cual constituye la meta estipulada. “A lo mejor se mueve una dependencia, dos, pero no todo el aparato federal”; acaso un par de instituciones, ante todo “por su tipo de ámbito de trabajo” en los casos en que encaje en la vocación productiva de las posibles sedes regionales. Sin embargo, ello tiene que ver con “un proceso que va a llevar mucho tiempo”. A manera de augurio, remató que ni siquiera en el primer año de la siguiente administración “se va empezar a trabajar con proyectos” de esa envergadura.
Semanas atrás, el próximo primer mandatario mencionó que “el plan de descentralización” avanza y entre otras mudanzas, sostuvo que la Comisión Federal de Electricidad se irá a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
