Mientras el sector agrícola va en “caída libre” por la falta de agua, Semarnat establece que hay por lo menos 200 equipos para quitar sal en toda la zona, de los cuales no existe un padrón de sistemas que esté funcionando con permiso. Consejo Agrícola de Baja California estima que son 80, la mayoría con autorización
El área agrícola en los valles del sur de Ensenada, ha decrecido de forma dramática: de 24 mil hectáreas, a 7 mil 500 en los últimos veinte años, estimó el Consejo Agrícola de Baja California (CABC).
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Del total de la superficie sembrada, el 80 por ciento la mantienen con agua desalada que proviene de sistemas adquiridos por particulares para limpiar la intrusión salina de los pozos ante la sobreexplotación de agua dulce.
“El sector agrícola va en caída libre”, describió el presidente del CABC, Salvador García Valdez, quien añadió que la indisponibilidad en los acuíferos es también resultado de la falta de lluvias en la región, por lo tanto, no se espera que haya recuperación.
La situación es tal, que los empresarios se han convertido en surtidores de agua para escuelas públicas, centros de salud y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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“En pipas les surtimos a los hospitales”, recalcó el dirigente agrícola.
La promesa no cumplida del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, fue la planta desaladora Kenton, la cual tiene cinco años en los planes y no hay una fecha de inicio de construcción. Con este sistema, la esperanza es poder dotar de agua para uso doméstico.
EN DESORDEN OPERACIÓN DE MICRO DESALADORAS
El desabasto hídrico ha generado la demanda de pequeños y medianos equipos para desalar.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) calcula que hay 200 equipos, muchos de estos irregulares, mientras el CABC considera que solo son 80, casi todos con permiso.
En lo que va del año, autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han levantado ocho infracciones a empresas productoras del sur del municipio que, sin autorización, usan desaladoras y por lo tanto, no tienen un destino final para el desecho y el agua de rechazo.
Una de las preocupaciones, es que depositan los desechos a cielo abierto e incluso han detectado que dos compañías agrícolas se conectan de un solo sistema, generando una mayor cantidad de residuos.
Ante ello, Profepa ha ejecutado una serie de sanciones hasta por 100 mil pesos.
DRAMÁTICA CAÍDA DEL SECTOR
La primera desaladora en el Valle de Camalú comenzó a operar hace 28 años y sigue funcionando, rememoró el dirigente del CABC, Salvador García.
“No es nada nuevo, se trata de una tecnología vieja”, describió el experimentado agricultor.
A la par de Héctor Uraga Peralta, director de Consejo Agrícola, coincide en que existe una emergencia, una crisis por la escasez.
En los valles de San Quintín hay alrededor de 80 plantas de todos tamaños, “tan chiquititas” para productores de seis o siete hectáreas, como grandes, con más de 500 hectáreas.
Las hay de diseños israelitas, japonesas, estadounidenses y hasta criollas, dijo el representante.
Las 80 plantas que el organismo calcula que operan en el Valle, las controlan entre treinta empresarios.
El agua de los pozos en las parcelas está escaseando y la otra alternativa han sido los “pozos playeros” que se ubican a un kilómetro del mar, la desventaja es que requieren de un pre-filtrado que duplica el costo.
La mayor parte de las empresas que han dejado de sembrar de 1998 a la fecha por la falta de recursos hídricos, se mudaron a otros estados donde hay más abasto, como Chihuahua, Sonora, Sinaloa o Jalisco.
“Años con año vamos pateando el bote con la producción”, añadió García.
Se calcula que una desaladora de 35 litros por segundo de agua de mar tiene un costo de un millón de dólares, puede trabajar día y noche para un campo de 70 hectáreas de fresa.
Los campesinos enfrentan la peor parte del problema porque al concluir una larga y dura jornada de trabajo, regresan a sus casas donde no hay agua para el baño, menos aún para lavar ropa. Incluso hay áreas donde las familias solo tienen agua una vez por semana.
Los días cálidos del verano han puesto sobre aviso a los productores que en los meses de septiembre y octubre inician con la siembra de hortalizas, tomates, cebollas, pepinos, calabazas o chícharos, mientras que el invierno, que es temporada de berries, es la que demanda más líquido y de calidad para exportación.
SEMARNAT SOLO PARA INSPECCIONES
El delegado de la Semarnat, Alfonso Blancafort Camarena, informó que el proyecto de la desaladora está detenido porque no se ha construido una línea de agua de rechazo, sin embargo, aclaró que el tema de los permisos para el funcionamiento de Kenton, SA de CV se encuentra en Ciudad de México, sin delegación en Baja California.
Sobre las descargas de sal, de los equipos chicos y medianos, respondió que la autoridad federal tiene un plan para que todas las empresas tengan una descarga común, encauzándolas a un mismo punto que no dañe el suelo.
Por otro lado, en la Cuenca Península de Baja California, los trámites para la operación de la planta Kenton están listos en esa institución. Mencionaron que tienen presupuestadas macro obras complementarias de distribución y alcantarillado por 150 millones de pesos.
EL DAÑO ECOLÓGICO DE LA SAL
Según información de inspectores, en 2017, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario (Sefoa), entregó apoyos para la compra de desaladoras, sin que antes los propietarios tramitarán los permisos y manifiestos de impacto.
En la delegación de Camalú, donde los pozos son de agua dulce y tienen introducción salina, los resultados dan hasta 34 mil partes por millón, cuando lo ideal es 20 mil partes.
El problema es que hay agrícolas que comparten el sistema con otros ranchos, arrojando de 20 mil a 40 mil partes por millón, aunado a que están tirando el agua de rechazo “en todos lados y en cualquier cantidad de sal que se deseche los efectos son graves para la tierra”.
DESALADORA SALDRÁ CARA
Aún no hay noticias de cuándo iniciará la construcción de la planta Kenton, cuyo plan es extraer agua directamente del mar profundo.
Salvador García, presidente del Cosejo Agropecuario de BC
No obstante, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) licitó y falló a favor de Banobras una línea de crédito por 33 millones de pesos a la desaladora Kenton, para el pago de la contraprestación de once millones de pesos, que es lo que costará la operación mensual.
Carolina Falomir, del área administrativa de la paraestatal, informó que el dinero se usará solo en caso de una contingencia, pues forma parte del contrato de la Asociación Público Privada.
“La CESPE establecerá una línea de crédito irrevocable, contingente y revolvente como garantía para cubrir las tarifas de servicio de energía, la cual será respaldada por la afectación de las participaciones en ingresos federales que le corresponde al Estado de Baja California como garantía y/o fuente de pago. Se establecerá un fideicomiso para canalizar los fondos, tanto de la fuente de pago como de la garantía”, establece el contrato.
En el documento “Análisis de Viabilidad” de Kenton, el costo de operación y mantenimiento son considerados gastos fijos por concepto de personal de base, por un millón 980 mil pesos. El sueldo para el administrador se contempla en 75 mil pesos, 50 mil pesos al gerente, 25 mil para la secretaria y 15 mil pesos para el vigilante. El resto de los servicios será a través de contratos a varios por 10 millones 773 mil pesos anuales.
SOLO DOS EN LA INFORMALIDAD: SEFOA
El titular de la Sefoa, Manuel Valladolid Seamanduras, informó que sí realizaron un programa de entrega de desaladoras a Ensenada, pero con condiciones.
Entre 2015 y 2017 la dependencia apoyó económicamente a productores para la adquisición de 16 plantas desaladoras con el compromiso de tramitar y obtener su autorización en materia de impacto ambiental ante la Semarnat.
De las 16 plantas, seis están autorizadas, pero dos no se han regularizado, por lo tanto, no han sido consideradas en otros programas del Gobierno del Estado.
La demanda de agua para uso público urbano es del orden de los 260 litros por segundo, contra una disponibilidad de 80, lo que representa un déficit superior a 60 por ciento.
A través de un comunicado, Sefoa reveló que en sus estadísticas existen 84 plantas desaladoras, ubicadas desde Camalú hasta San Simón.
Del total, 76 tienen autorización en materia impacto ambiental, seis están en trámite de resolución ante Semarnat y dos plantas son irregulares.
En los acuíferos de la región de San Quintín, se tiene una recarga media anual de 77.3 metros cúbicos de agua y un volumen concesionado de 175.31 metros cúbicos, presentando un déficit de 98 metros cúbicos que afecta la región desde Punta Colonet hasta San Simón.
