“Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción. En nuestro país hay jóvenes que requieren el trabajo de ustedes y estarían gustosos, con todo el entusiasmo de gente limpia y no maleada, de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo”, reclamó a Presidente, gobernadores y alcaldes, en agosto de 2008, el empresario Alejandro Martí, cuando fue invitado especial a la XXIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Resulta imposible no recordar este discurso, después que los bajacalifornianos fuimos enterados que tras ser amenazado -la mañana del 10 de julio de 2018-, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea, declaró que por el momento, “dejará de asistir a algunos eventos públicos”, lo mencionó en red nacional en MVS Noticias.
Lo retomó Síntesis Televisión en Baja California, y después la televisora lo reenvió en su boletín informativo a los internautas locales. Sosa asegura que lo hace “para evitar poner en riesgo a la gente” que se encuentra a su alrededor. La idea es dejar de asistir a citas en lugares abiertos y reuniones en colonias.
Así que después que dos granadas -imposibles de explotar- fueron enviadas al patio de su casa, el funcionario estatal dijo que va a limitar lo que ha sido su principal función desde que llegó al cargo. Dejará de cumplir al 100 por ciento con el eje estratégico de su trabajo, que es el establecimiento de alianzas ciudadanas y redes de seguridad, reuniones con organizaciones civiles y representantes de colonias. Actividad en la que ha enfocado tal vez el 80% de su tiempo, pues desde que llegó, advirtió que no dedicaría a perseguir narcotraficantes.
Por protocolo de seguridad, probablemente era necesario que el licenciado Sosa se reuniera con representantes sociales en espacios cerrados, que redujera sus presentaciones públicas, pero anunciarlo fue dar públicamente a los criminales lo que buscaban.
Si bien no se trata que el responsable de la seguridad sea un soldado kamikaze, ni que el Grupo Coordinación en pleno salga en una cacería ciega contra los criminales, recular y publicitarlo tampoco abona frente a delincuentes que huelen el miedo, el mismo al que recurren para aterrorizar a la ciudadanía, el que los hace creerse dueños de uno o más territorios en Baja California.
Dadas las condiciones de inseguridad, las que por cierto los gobiernos actuales aseguran no son tan malas porque los delincuentes de hoy tienen menos poder y ni siquiera llegan a cárteles -como repiten insistentemente-, las autoridades están obligadas, como mínimo, a tomar como muestra el valor y el compromiso exhibidos por integrantes del Consejo Estatal de Seguridad entre 2008 y 2010, quienes enfrentaron peores situaciones.
Retraerse es, por un lado, invitar al resto de los funcionarios responsables de la seguridad a hacer lo mismo; y por otro, mostrar un Grupo Coordinación débil, con lo que ponen en riesgo a los policías o agentes ministeriales, federales y soldados. Esos que no pueden reforzar su seguridad, ni dejar de salir a las calles como el secretario, porque son los que diariamente enfrentan los criminales cara a cara.
Sin embargo, tratándose de sus reacciones a la amenaza, todavía más preocupante que las palabras, han sido las acciones. En términos judiciales, el licenciado Gerardo Sosa Olachea también hizo concesiones a favor de los criminales que lo atacaron, al obstaculizar las investigaciones, manipular y esconder evidencia.
La carpeta de investigación que recibió la Procuraduría General de la República (PGR), casi 36 horas después, solo incluyó un Informe Policíaco Homologado (IPH) con omisiones. De entrada, el Ejército “no procedió a desactivar” las granadas, porque no estaban activas, pero sí las destruyó en sus instalaciones, después de recibirlas de manos de los policías estatales, así que ni huellas buscaron.
El dron sí llegó a la PGR, pero violando la cadena de custodia: los policías lo tomaron en lugar de dejar que el Ministerio Público se hiciera cargo. Y en el IPH no se mencionó ni se remitieron las hojas y/o cartulinas que llegaron enteipadas al aparato.
Al final, las mentiras. Primero el secretario declaró que iba saliendo de la casa cuando llegó la amenaza, y después, que ni siquiera vivía en el inmueble. Más tarde, en los informes refirieron que los aparatos cayeron la mañana del 10 de julio y en boletines situaron el criminal acto en la madrugada. Sosa luego admitió ante la prensa nacional que sí le enviaron “fotos” con el dron, pero sin amenaza escrita, y con imágenes de gente que no conocía.
Gerardo Sosa Olachea tiene la preparación para ser secretario de Seguridad de Baja California, fue un puesto que buscó por casi cuatro años, así que mientras lo desempeñe, está obligado a asumir los beneficios y los costos, pero de manera responsable, profesional y transparente, porque de lo contrario se pone en riesgo él, a su familia y a todos los bajacalifornianos.
Cierto, el peligro es mayúsculo, pero nada es a fuerza. Si la vara está muy alta, secretario, renuncie.
