Columna Invitada
Este pasado lunes 23, en la tele vi una a nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, haciendo declaraciones donde afirmó que en unos meses se convocaría a la gente a una consulta popular para opinar sobre el polémico asunto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
La consulta consistiría en preguntarle a la gente sobre este desarrollo: 1. Mantener la construcción del actual mega-aeropuerto y dejar el debate en donde estuvo, en el calor de las campañas electorales. 2. Otra alternativa sería buscar concesiones, donde los constructores pudieran poner su dinero para la construcción del aeropuerto. 3. Sí construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para completar el aeropuerto actual que, por cierto, está ya totalmente saturado.
Desde el sexenio de Fox se vislumbraba que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba siendo rebasado por la demanda internacional y que se contemplaba la necesidad de uno nuevo. Sin embargo, la incapacidad de Fox para plantear el proyecto y su intención de pasar por encima de los derechos de las personas que originalmente eran dueñas de las tierras en las que se asentaría el nuevo aeropuerto, lo llevaron a un fracaso total.
Finalmente, el gobierno actual escogió Texcoco, se desarrolló el proyecto, se crearon bonos y ya hay inversiones por miles de millones de pesos. Como ha sido casi una constante en la administración de Enrique Peña Nieto, es altamente probable que haya habido corrupción y una asignación de contratos de manera irregular. Esto, sin embargo, tiene que someterse, como debería pasar con todas las obras de gobierno y, sobre todo, las más significativas, a la revisión de una auditoria completamente independiente y en caso de descubrir irregularidades, debería poder sancionar con mayor severidad a empresas y funcionarios que pudieran ser parte de ellas.
Yo pienso que llevar a cabo una consulta en la población sobre continuar o no con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), tiene el riesgo de que la decisión no se tome sobre una base técnica, ni con la información necesaria para ponderar los pros y contras del proyecto. Tiene un alto riesgo y éste es que al tener la última palabra, la población se va a inclinar por algo que seguramente no conoce.
Hace exactamente un año, la empresa de encuestas Parametría realizó un estudio en vivienda, del 22 al 28 de abril de ese año. Con un nivel de confianza estadística del 95 %, en que estableció que siete de cada 10 mexicanos indican que nunca han hecho uso de un avión y mucho menos de un aeropuerto; esto quiere decir que mucha gente opinará sin saber lo que realmente significa este proyecto. Se tendría que, antes de realizar la consulta ciudadana, hacer una campaña publicitaria para informar a la población de las distintas facetas que tiene el plan, para que así puedan formular su opinión.
Lo riesgoso del asunto es que ya hay contratos y avances en la construcción, de modo que decidir otro tipo de proyecto, significaría romper contratos, pagar fuertes indemnizaciones o someterse a juicios que tarde o temprano pagaríamos todos. Además, de manera indirecta, solo el propio hecho de plantear una consulta generaría incertidumbre en los inversionistas y golpearía a nuestra deteriorada economía nacional.
Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral, quien sería el encargado de realizar esta consulta, tiene sus atribuciones bien definidas en la constitución y poder hacer consultas locales o incluso federales fuera del día de una jornada electoral, no está previsto.
El Artículo 35 de la Constitución establece que las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso a petición del Presidente de la República o del equivalente a 33 % de los integrantes de las cámaras de Diputados o Senadores, o bien, impulsadas por 2% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. Entre otros requisitos, se debe revisar la constitucionalidad de la consulta popular que deberá realizarse el mismo día de una jornada electoral federal, y precisa que el INE tendrá a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.
¿Que no habrá nadie en el equipo de Andrés Manuel que le haga ver que el gobierno no puede tomar este tipo de decisiones en que se requieren consideraciones técnicas? No es posible que se brinque estas consideraciones, llamando a consultas populares como si todos los que participaran, tuvieran la preparación técnica para saber dónde conviene instalar un aeropuerto, la viabilidad o no de crear uno existente, o las sanciones económicas y repercusiones que deriven de cancelar un proyecto de esta envergadura.
Hoy, toda la sociedad está pendiente de las acciones que está tomando el nuevo gobierno…
Dr. Álvaro de Lachica y Bonilla. Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. Correo: andale941@gmail.com
