No habían corrido ni diez días de aquella, su convulsionada toma de posesión como Presidente de la República en diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto se estrenó con un discurso sostenido en la médula de la austeridad. Anunció un plan para el uso responsable de los recursos públicos, consistente en ahorros y disciplina financiera.
En 2015, Peña Nieto nuevamente divulgó que el gobierno se “apretaría el cinturón” ante las difíciles condiciones financieras de la nación y que aplicarían “estrictas medidas” de ahorro. Los dos planes de austeridad resultaron una pifia.
En el gobierno en turno, el gasto del presupuesto federal terminó en consumos superfluos, en excesos que indignaron a la población; configuraron casos de corrupción, exhibieron la irresponsabilidad de una administración que comenzó bajo el discurso de la austeridad y concluye en la frivolidad de la abundancia y el abuso.
Hace un par de semanas, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, anunció que comenzarían a finiquitar a los trabajadores eventuales para quitar esa carga a la siguiente administración.
Aun sin decirlo, el funcionario federal admite que el gobierno mantiene empleados innecesarios, y que este acto es para colaborar y generar empatía en la transición con Andrés Manuel López Obrador, el virtual Presidente de México, quien ha prometido gobernar con “austeridad republicana”.
López Obrador ha anunciado varias acciones que llevará a cabo en su mandato para cumplir con la austeridad, como reducirse el sueldo “a la mitad” y eliminar compensaciones, lo cual aplicará a los altos funcionarios.
Además, no comprará vehículos nuevos para sus funcionarios, ni computadoras el primer año; cada secretaría de Estado no tendrá más de cinco asesores; “secretarios particulares” solo tendrán los secretarios de Estado; no habrá bonos, se limitarán los viáticos al mínimo, no habrá partida para gastos médicos privados ni caja de ahorro, nadie tendrá escoltas fuera de los encargados del área de seguridad y reducirá el personal de confianza en un 70 por ciento.
El ambicioso plan de AMLO -que aún falta saber si cobrará realidad-, además de las consecuencias de despedir al 70% del personal de confianza, aun no se refleja en la conducción de los gobiernos de Baja California, tanto la administración estatal en manos de Francisco Vega de Lamadrid, del Partido Acción Nacional, como en los ayuntamientos que el partido en el poder se ha turnado con el Revolucionario Institucional.
En los gobiernos de nuestro Estado lo que sobran son los casos de excesos y abuso del presupuesto, acciones que al final se perciben como actos de corrupción.
Primero, documentando hasta el cansancio las nóminas oficiales que han servido para pagar los compromisos políticos, colocar amigos, familiares, hijos, hermanos, novias. Los ascensos también se dan en esos órdenes.
ZETA ha investigado y publicado innumerables casos donde los funcionarios recorren el mundo a placer y a expensas del erario, en el avión del gobierno para temas ajenos a los oficiales.
Los alcaldes derrochan en gasto; camionetas de lujo y último modelo para trasladarse por las ciudades, escoltas para secretarios y directores, secretarios privados y choferes, pagos de teléfonos celulares y de viáticos, ediles que facturan hasta medicamentos y mandado.
Diputados, funcionarios, integrantes del Poder Judicial, consejeros de órganos autónomos corren con gasolina, celulares, viáticos, camionetas, así como sueldos y prestaciones de ensueño. Asistentes, sobran. Escoltas, igual. Dinero no se agota para las comodidades de aquellos que administran las diferentes dependencias y sus afectos.
Los enormes ahorros bajo un verdadero plan de austeridad serán celebrados por la sociedad hasta que se reflejen en obras, en servicios y en buena administración. Por eso es buen momento para que los otros niveles de gobierno y los otros poderes asuman el mismo ánimo.
En el caso de Baja California, dejar ya las millonarias compras absurdas y con sobreprecios, las obras públicas que beneficiaron a negocios privados, compra de camionetas último modelo para funcionarios, blindadas para el gobernador y su esposa. Todos con guardaespaldas.
Es buen momento para que los gobiernos, otros poderes y sus integrantes, regidores, magistrados, diputados, dejen de ver el presupuesto como un pastel interminable, al gobierno como una agencia de colocación y el presupuesto como un botín, y aprovechen la transición federal para sumarse al ejercicio de una administración austera.
A propósito de la propuesta de quien será Presidente de la República, los poderes locales deberían entrarle a la austeridad de verdad, desinflar la abultada nómina de personal de confianza, acabar con la duplicidad de labores, retirar escoltas -lo mismo secretarios privados o particulares-, respetar el uso de vehículos oficiales para el trabajo, eliminar viáticos, pagos de servicios a funcionarios.
Resulta imperante que el gobernador y los cinco alcaldes se comprometan a concluir su periodo con gobiernos austeros. Acabar con la fábrica de políticos acaudalados por el uso del presupuesto.
Nunca ha habido un mejor momento para anunciar los planes de austeridad para Baja California.
