El juez Francisco Alberto Molina declaró procedente la detención de un policía municipal y cinco personas más, quienes presuntamente mantuvieron a una mujer privada de su libertad al interior de una propiedad ubicada en la colonia El Florido 2da Sección, del 13 al 16 de julio.
Se trata del agente adscrito a la secretaría de Seguridad Pública de Tijuana Sergio Iván Villalobos, así como de Fernando Martínez Villalobos, Beatriz Adriana Espinosa, Efraín Esteban Lobato, Jesús Hernán Hernández y Alexis Villa Magaña, quienes fueron asegurados por elementos de la Policía Estatal Preventiva el lunes pasado, en el domicilio marcado con el número 21363-13, situado en la privada Hacienda Los Altos del fraccionamiento Hacienda Casas Grandes.
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En audiencia celebrada el 18 de julio, el Ministerio público solicitó que se ratificara como legal su detención, aduciendo que fueron asegurados en flagrancia delictiva.
De acuerdo con el informe policial homologado, dos de los hoy imputados se encontraban al exterior del inmueble, a bordo de un automóvil marca Chevrolet color gris, cuando cinco policías estatales arribaron en respuesta a una denuncia ciudadana; al percatarse de la presencia policíaca los ocupantes del vehículo particular (con placas AC4-NSD-2) descendieron de éste, uno de ellos con arma en mano, por lo que ambos fueron asegurados.
Al interior de la propiedad, en una sección, fueron localizados tres individuos más, entre ellos el policía municipal, quien se encontraba cortando un arma larga calibre 22; en tanto que la mujer de nombre Beatriz Espinosa estaba con otra persona del sexo femenino atada de manos y con los ojos vendados, en una habitación donde los agentes preventivos hallaron 7 bolsas de plástico que contenían una sustancia granulada, que según reportaron era metanfetamina.
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La mujer maniatada supuestamente había estado gritando “Auxilio, me tienen secuestrada” desde que los uniformados hicieron las dos primeras detenciones en la parte al exterior del inmueble; por lo que ante semejante llamado decidieron ingresar.
Los abogados que formaron parte de la defensa alegaron que el reporte policial en el cual se basó la fiscalía para solicitar como legal la detención de los presuntos implicados, presentaba deficiencias.
En cuanto a sus objeciones, refirieron no ser verosímil que el arresto haya tomado sólo 5 minutos (de las 12:20 a las 12:25 horas, según da cuenta el reporte) y que constitucionalmente los agentes estaban impedidos paraingresar a la propiedad sin una orden judicial.
El Ministerio Público determinó que los seis detenidos fueron asegurados por los cinco elementos de la PEP de manera simultánea, por lo que no llevó tanto tiempo. Y en cuanto a la orden de cateo, justificó que existe una excepción en los términos de la cual la autoridad debe actuar de inmediato en casos de flagrancia.
El juez determinó que no se precisaba mayores datos de prueba y que bastaba con el informe policial homologado. “Para mí no resulta ilógico que los policías intervengan ante una persona que se baja del vehículo con un arma”. Sobre el ingreso de los policías al domicilio, Molina sostuvo que “acaso no estaba en riesgo la vida de la persona, pero sí su libertad personal”.
Finalmente, el juez dijo: “este órgano jurisdiccional declara como legal la detención”, por el delito de privación de la libertad agravada.
Como medida preventiva, a los imputados se les dictó prisión preventiva, la cual no podrá extenderse por más de dos años. El próximo 22 de julio tendrá lugar otra audiencia en la que se determinará si son vinculados a proceso, toda vez que los presuntos involucrados solicitaron se extendiera el plazo para determinar su situación jurídica.
