300 mil jóvenes sin actividad productiva o educativa están en riesgo de ser incorporados a la delincuencia organizada. Redes de “halcones” que vigilan y alertan a jefes de la mafia o puntos de venta de droga o trasiego, se nutren de niños y adolescentes, penalmente inimputables. Adultos detenidos por estas actividades y consignados al fuero común recuperan su libertad al anularse sus sentencias. Falta uniformidad en el “tipo penal” que describe legalmente el delito en los códigos penales, asegura investigador de la Universidad de Guadalajara. De diez procesos penales contra “halcones”, solo una condena quedó firme, constató ZETA
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El Estado tiene que poner mayor atención para combatir el fenómeno social de los llamados “halcones” que operan para el crimen organizado y que impiden la persecución de importantes delincuentes, quienes alertados, pueden escapar de la acción de la justicia y generan aún más impunidad, aseguró el profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Barajas Languren.
Para desgracia de la justicia mexicana, cuando eventualmente son detenidas, las personas contratadas para vigilar el paso de autoridades policiales o militares, generalmente jóvenes o mujeres, que avisan sobre su localización a criminales, rápidamente recuperan su libertad para ponerse de nuevo a las órdenes de quienes les contratan.
Así lo demuestra una serie de sentencias a las que ZETA tuvo acceso en los estados de Tamaulipas y Veracruz, donde se registra la mayor incidencia del fenómeno propiciado, en algunos casos, por las acciones del Cártel del Golfo, y en otros por la organización delincuencial de Los Zetas, aunque el problema tiene presencia prácticamente en todo el país y con todos los grupos criminales en los diversos estados.
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Las historias del “halconeo” en eventos que forman parte reciente de la conocida “guerra contra el narcotráfico” no son pocas. Se habla de la participación de estos niños, adolescentes y adultos en el acecho y vigilancia de los cuerpos de seguridad pública, incluso la participación de servidores públicos como mismos “espías” e informantes, en la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, la emboscada a militares en Sinaloa, o el atentado contra la Fiscalía de Chihuahua.
El maestro Barajas Languren, del Centro Universitario de la Ciénega (CUCIENEGA), de la Universidad de Guadalajara, que vive en su demarcación -limítrofe entre Jalisco y Michoacán- la batalla entre organizaciones criminales y que en 2015 masacraron a una decena de agentes de la Gendarmería Nacional, advierte el riesgo de la incorporación de jovencitos a las filas de la delincuencia.
“Este es un fenómeno que con el paso del tiempo va en aumento, en virtud de que inciden aspectos como la falta de educación escolar, la búsqueda de recursos económicos, y que los jóvenes generalmente con minoría edad, que son inimputables ante la legislación penal, son utilizados por esas células delictivas organizadas porque su manera de evadir el cumplimiento de la Ley es más fácil”, dijo el investigador.
Un estudio dado a conocer por la Procuraduría General de la República (PGR) en noviembre de 2017 reveló que por lo menos cerca de 300 mil jóvenes que no desempeñan ninguna actividad productiva o educativa, se encuentran en riesgo de ser incorporados a células del crimen organizado, como ocurre en el noreste del país con el narcotráfico, o actualmente en Puebla, en la comisión de delitos como la sustracción de hidrocarburos.
CUALQUIERA PUEDE SER
Los “halcones”, a los que el asesinado periodista sinaloense Javier Valdez bautizó como los “morros del narco”, son retribuidos económicamente por sus servicios de “chivateo” desde mil hasta 2 mil pesos semanales. Aunque en casos como el de Puebla, donde además intervienen familias enteras, le pagan entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales a cada miembro, dentro de las ilícitas actividades del “huachicoleo”.
El maestro Eduardo Barajas describe el perfil del “halcón” o “halconcillo”. Los ha visto o sabe de ellos en Ocotlán, La Barca o Jamay, Jalisco. Igual en Briseñas y Vista Hermosa, Michoacán. Son muchachos no muy diferentes a los del norte de México.
“La experiencia nos indica que se tiene ubicados a jóvenes, generalmente, de estrato económico social muy bajo y zonas marginales, donde la educación y la oferta laboral es ínfima. Si no tienen oportunidades, para esos jóvenes es muy atractivo, por una cantidad equis a la semana, con un celular o radio, el uso de una motocicleta, involucrarse en la delincuencia”.
Se trata de los miembros de más bajo rango en la jerarquía de los grupos criminales. Perciben, como se acotó, cantidades irrisorias de dinero por sus turnos, que pueden durar de 15 a 18 horas en algún punto estratégico a vigilar. Sin embargo, son considerados piezas clave y muy importantes en la estructura de la organización.
“Dentro de la estructura de este tipo de organizaciones criminales, es fundamental contar con este tipo de servicios, porque para ellos se trata de un servicio, una parte esencial de su funcionamiento, encontrar personas que le sirvan desde ese punto de vista. Esa actividad es esencial para ellos, porque aunque las células ya cuentan con implementos tecnológicos para el monitoreo y vigilancia, el elemento humano les permite -con más certeza- que la autoridad no detenga en flagrancia de delito al jefe o su personal. Y no les resulta oneroso pagar pequeñas cantidades de dinero a muchachos por hacerlo”, señala con razón el académico.
Foto: Tomada de Internet
En mayo de 2015 fue sorprendente conocer cómo en Reynosa, Tamaulipas, el Cártel del Golfo contaba con todo un sistema de narcoespionaje en las calles. Al grado que en un solo operativo, iniciado por denuncia de la sociedad civil, elementos de las fuerzas estatales y federales desmantelaron una red conformada por 52 puntos fijos calificados de “alto impacto”, que contaban con el monitoreo de 39 cámaras operadas a través de internet.
El uso de la tecnología continuó y se supo de diversas acciones en las que se retiraron artilugios de vigilancia y espionaje de postes de luz y teléfonos de las calles de ciudades fronterizas, pero el elemento humano sigue siendo clave para esas acciones. Tan es así que luego de la aprehensión del presunto narcotraficante Juan Manuel Loisa Salinas “El Comandante Toro”, en abril de 2017, autoridades federales pudieron conocer que en por lo menos diez ocasiones anteriores pudo escapar gracias a los pitazos de sus “halcones”.
Algunos niños y jóvenes, vendedores ambulantes, limpiadores de parabrisas, policías municipales y federales, sitieros y mototaxistas, entre otra gama de personajes citadinos que a veces pasan desapercibidos, han formado parte de la red de protección de delincuentes y sus actividades. En ocasiones su pago, más que dinero, se cuenta en dosis de droga. El extinto líder del Cártel de Tláhuac en Ciudad de México, Felipe Pérez “El Ojos”, pagaba hasta 2 mil pesos semanales a los “halcones”, entre los que se asegura, había mínimo 70 mototaxistas.
UN PASEO A PRISIÓN
Eduardo Barajas Languren reconoce que en el caso de los “halcones” que son imputables, por su mayoría de edad, cuando son detenidos, se convierten en parte de la estadística del llamado efecto de la “puerta giratoria”, a través de la cual, quien ingresa a la cárcel, recupera muy pronto su libertad y vuelve a las andadas.
El investigador destaca que este es otro factor de impunidad: “El hecho de que no se unifique una legislación, donde nada tiene que ver que haya un Nuevo Sistema de Justicia Penal, ni el anterior, impide actuar plenamente y genera impunidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del ‘tipo penal’, que es la conducta que se adecua a lo que describe la legislación. Y si la Ley penal estatal le quiere ganar a la federal -que es la controversia que existe en el momento-, se fragmenta el esfuerzo punitivo.
“Debe haber unificación de criterios y se trata de confeccionar, elaborar, un ‘tipo penal’ adecuado a la conducta desplegada, buscando siempre que este tipo de conductas puedan ser punibles y tengan una cuestión uniforme en todas las entidades federativas del país”, reiteró Barajas.
La investigación de ZETA en diez expedientes penales en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y San Luis Potosí, zonas donde operan Los Zetas y el Cártel del Golfo, corrobora lo expuesto por el entrevistado, pues solo en uno de los asuntos quedó firme la sentencia y en nueve los imputados; después de recibir condenas, recibieron amparos que ordenaron su inmediata libertad. La diferencia fue que los nueve procedimientos penales fallidos, se consignaron en el fuero común, y el único que quedó sujeto de sanción fue conocido en el ámbito federal.
En todos los asuntos fueron detenidos dos, tres o un solitario sujeto en poder de aparatos de radiocomunicación, Algunos con droga o armas, pero la mayoría solo con un radio. Los aprehensores fueron militares en más de la mitad de expedientes, a pesar de ello, se consignó ante el fuero común. Los otros agentes fueron federales en un caso, y estatales en otro.
Todos los casos fallidos, cuyos inculpados inicialmente recibieron entre siete y nueve años de prisión, confirmados en segunda instancia, los magistrados de tribunales colegiados concedieron amparos directos para efecto de que no se les tuviese plenamente responsables en la comisión de los delitos que, en Veracruz, se denomina “espionaje”, y en Tamaulipas “contra servidores públicos”.
La argumentación coincidente de los magistrados converge en el corrillo que enfatiza: “En ningún momento los elementos militares refirieron que el sentenciado previamente los hubiera estado siguiendo, o bien, que en alguna otra ocasión se hubieran percatado de su presencia en el lugar donde lo detuvieron o en otro; lo cual revelaría que su estancia en el lugar de los hechos no era fortuita”.
Y la generalidad de los fallos añade: “Por el contrario, lo que se desprende de ese informe es, que al llegar los militares al lugar de los hechos, el ahora quejoso ya se encontraba ahí, y que al advertir su presencia, trató de pasar desapercibido, y el hecho de traer consigo el radio de comunicación, tampoco constituye un indicio que corrobore acechaba, vigilaba, informaba o realizaba espionaje sobre las actividades, operativos, ubicación o respecto de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas”.
ASPECTOS LEGALES
En el único caso que la sentencia condenatoria quedó firme en el fuero común, la consignación fue por el delito de delincuencia organizada. La pena para un “halcón” fue de 10 años de prisión. Juez, magistrado unitario e imputado no tuvieron para donde hacerse, simplemente se probó la pertenencia del sujeto al grupo criminal del que se demostró su preexistencia. Magistrados del Tribunal Colegiado Penal le negaron el amparo directo.
El investigador de CUCIENEGA reconoce que de aplicarse una verdadera sanción al criminal, se evitaría la reincidencia de este tipo de conductas, como ocurre con otras.
“Si existe una sanción real, entonces pudiéramos tener efectos diferentes. ¿Por qué? Porque la sanción finalmente busca que a través del derecho penitenciario, se ejemplifique la consecuencia de una conducta criminal. Es decir, poner un ejemplo al ciudadano para que sepa lo que no debe de hacer, y en caso de violar la norma penal, entonces existe una consecuencia.
“Cuando entendemos que el Derecho Penal está cumpliendo con su función, porque toda su estructura y sus políticas criminales son uniformes y adecuadas, se vuelve una herramienta efectiva para que la autoridad cumpla con su trabajo de manera adecuada”, insiste Barajas.
En Tamaulipas, el “halconeo”, conocido como delitos cometidos contra servidores públicos, está previsto en el Artículo 188 Bis de su Código Penal y se sanciona con pena que va de siete a quince años de prisión, además de una multa que oscila entre 200 y 400 días de salario. El delito se atribuye a “quien aceche, vigile, alerte, informe o realice espionaje, sobre las actividades, operativos, ubicación o en general, respecto de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas, o las instituciones de seguridad pública o de persecución y sanción del delito”.
Por su parte, en Veracruz, se le denomina espionaje y se encuentra tipificado en la codificación sustantiva en el Artículo 371 como un delito cometido en agravio de las Instituciones de Seguridad Pública, que a la letra reza: “Se impondrán de tres a quince años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario, a quien aceche o realice acciones de espionaje con el propósito de obtener información sobre la ubicación, las actividades, los operativos o labores en general que, en el desempeño de sus funciones, realicen elementos de instituciones de seguridad pública, sean estas de vigilancia, de persecución, de investigación, de sanción del delito o de ejecución de penas. Si el sujeto activo es un servidor público, las penas señaladas en el párrafo anterior se incrementaran hasta en una mitad y se impondrá la inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión públicos hasta por el termino de quince años”.
Sin tanto embrollo, en la legislación federal, concretamente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se incluye al “halcón” o cualquier sujeto como miembro del concierto criminal al cometer un delito cuando se cuenta en más de dos a los integrantes que se reúnen para cometer ilícitos señalados en ese cuerpo normativo de manera reiterada y permanente.
“Se trata de que el funcionario público, hablando del Ministerio Público y los elementos operativos -desde policías municipales, estatales o ministeriales- tengan conocimiento de qué y cómo pueden hacer para mejorar su función. Incluso personal del Ejército Mexicano, que son los que más se enfrentan a este tipo de aspectos y al llegar a los sitios se encuentran con que todo mundo trae radios, teléfonos u otros aparatos de comunicación, y empiezan a llamarse, lo que no permite, a veces por las zonas de terrenos accidentados, encontrar a delincuentes, armas o drogas”, finalizó el experto.
