El 75 por ciento de los agremiados quedó sin contratos; de los 33.8 millones de pesos aplicados por el programa en 2017, 25.4 se adjudicaron a nueve empresas de dirigentes de la Cámara y sus familiares. Los 8.3 restantes se repartieron entre 41 empresas afiliadas, y el 42% de las 119 obras todavía está sin terminar
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Los seis directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), junto con tres empresas familiares, obtuvieron el 75 por ciento de los contratos que Infraestructura Municipal asignó en 2017 con dinero del Ramo 33.
Aunque hay decenas de programas de obra federal, estatal y municipal, el Ramo 33 se ha caracterizado por ser de aplicación local y uno de los más esperados por las empresas porteñas para salir de “problemas menores”.
Las constructoras de la mesa directiva son: CEDVA; CKB Grupo Constructor, SA de CV; Tsunami Servicios y Maquinaria, SA de CV; Urbanizadora y Desarrolladora California, SA de CV; Inmobiliaria Coast, SA de CV; Edificación y Supervisión de Ensenada; Alma Fabiola Arias Peralta (Robles Constructora), César Madrigal Gómez, Flip Constructora y Jesús Alfonso Valenzuela Ramos.
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Una revisión hecha a una lista de 119 obras del Ramo 33, obtenida a través del portal de Transparencia Municipal, reflejó que este año se dispone de 82.26 millones de pesos para la ejecución de proyectos.
Del total, 33.8 millones fueron para integrantes de la CMIC, que son 50, pero solo nueve se repartieron contratos por 25.4 millones y las 41 empresas restantes apenas alcanzaron 8.3 millones, algunas nada.
Aunque la directiva de la CMIC afirmó que el proceso se llevó a cabo de manera legal, los asociados no están conformes, al considerarlo inequitativo y un abuso, como afirmaron a ZETA.
“MAESTRA” FUE RESPONSABLE DE ENTREGAR CONTRATOS: CMIC
César Ramos García, actual presidente de la CMIC en Ensenada y propietario de la empresa CEDVA -una de las que tuvo varios contratos junto con su familia-, se abstuvo de dar una declaración, pero su hermano Héctor, dueño de CVK Constructores, habló a nombre del organismo empresarial.
Desahogó responsabilidad sobre la maestra, ex directora de Infraestructura, Rosa Sánchez Martínez, quien fue despedida en marzo.
Respecto a si tuvieron la mayor parte de los contratos del programa Ramo 33 asignado en 2017, respondió que se trató de una mala práctica de la ex directora, quien hasta la última semana de diciembre comenzó con el proceso de asignación.
En su favor, señaló que la ex funcionaria cedió 17 millones de pesos en obras con este recurso a empresas foráneas de Tijuana, en vez de dejar esos contratos a compañías de Ensenada.
“Tiene que ver la capacidad y el historial de nuestras empresas, en la Cámara somos muy cuidadosos porque se han acercado empresas que quieren estar afiliadas, pero han quedado mal”, argumentó Ramos García.
El empresario aclaró que para contrarrestar el daño económico entre los agremiados, la directiva decidió subcontratar gran parte del trabajo a las compañías que no les tocó obra.
Comentó que siempre han buscado apoyar a los agremiados y, como ejemplo, citó que en diciembre de 2016, en la delegación La Misión, uno de sus socios obtuvo un contrato por 6 millones para la construcción de un rodeo.
“Nosotros invertimos cerca de 600 mil pesos para ayudar. Ahora la obra ya está terminada y entregada, la empresa nos devolvió el dinero que invertimos y así salvamos tanto el recurso, como el reconocimiento”, indicó Héctor Ramos, para agregar que todos han desarrollado un currículo que se refleja en las calidad de los trabajos y, por ende, en los contratos.
De acuerdo con la Ley, para subcontratar una obra o partes de la misma se deben cumplir requisitos explicados en uno de los artículos, el cual refiere, no puede delegar sin el aval de la autoridad, aunque la responsabilidad sigue siendo del contratante inicial.
POR IMPAGO, PIDEN “CABEZA” DE SUBDIRECTOR
El lunes 25 de junio, un grupo de agremiados a la CMIC denunció públicamente al subdirector de Infraestructura Municipal, Fernando Encinas, ya que ha frenado los pagos de obras con el argumento de que están inconclusas.
En un comunicado de prensa, César Ramos, presidente del organismo, indicó que el servidor público “afecta al sector y pone trabas absurdas” en la culminación de los trabajos, a pesar que están autorizados y revisados por los supervisores.
Solicitan al alcalde Marco Novelo Osuna, a la síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos, además de medios de comunicación y un perito en la materia, revisar “una por una las obras que el funcionario ha señalado como sin terminar”.
El martes 26 sostuvieron un encuentro con el director de Infraestructura, César Cuevas Ceseña, a la que no acudieron todos los agremiados, quienes aseguraron a ZETA, ese es un problema de unos pocos, entre ellos la directiva. El mismo día comenzaron a fluir los pagos.
Por Ley está
prohibido subcontratar
Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma Página 31 del Estado de Baja California:
ARTÍCULO 56.- La adjudicación del contrato obliga a la dependencia o entidad y a la persona física o moral en quien hubiere recaído la misma, a formalizar el documento relativo.
El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá ejecutar la obra por medio de un tercero, sin previa autorización de la dependencia o entidad correspondiente, en caso de contar con esta podrá hacerlo respecto a las partes de la obra, servicios, materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra que hayan sido autorizadas. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra o el servicio ante la misma
CONSTRUCTORAS DEJAN TRABAJOS DEFECTUOSOS
Desde ventanas chuecas, una puerta que no cierra en una escuela de educación básica, una barda sin cimentación, hasta faltantes de losetas en pisos, o pisos con desnivel que provocarán inundaciones, son observaciones hechas por Infraestructura que han molestado al gremio constructor.
Los dirigentes de las tres cámaras empresariales, CMIC, Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción en Ensenada (Comice) y la recién conformada Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), se deslindan de los malos resultados.
Tanto la Dirección de Infraestructura como Sindicatura Municipal han hecho señalamientos importantes a todo el gremio a fin de que realicen la entrega completa a los ciudadanos que gozarán de la edificación, recordando que el Ramo 33 es un recurso destinado a personas en condición de marginación.
CASI LA MITAD DE LAS OBRAS INCONCLUSAS
De las 119 obras del Ramo 33, el 50 por ciento están sin terminar, 22 de ellas tienen observaciones y cinco están suspendidas por trabajos mal ejecutados.
En la delegación de Maneadero, tres son los proyectos suspendidos al presentar graves problemas, como una línea de conducción de agua en el mercado público, una conducción de agua en la zona agrícola y un pluvial. En Praderas de El Ciprés hay una pavimentación y dos pluviales.
En cuanto a observaciones “menores o absurdas”, como lo han manifestado constructores de la CMIC, se trata de fallas tanto de la supervisión de Infraestructura como de la empresa contratada.
Referente a que la CMIC pide la salida del subdirector de Infraestructura, la síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos, dijo no tener conocimiento de la situación porque ningún contratista se ha acercado a la oficina. Parte de su trabajo, dijo, consiste en vigilar que los departamentos que dirige, estén cumpliendo con el trabajo, y uno de ellos es el de Obras, que han dado estos resultados.
EN 2018 HABRÁ OBRA SOLO PARA LOS MEJORES: INFRAESTRUCTURA
Sobre la asignación, resultados de licitación o invitaciones a obras, el titular de la Dirección de Infraestructura, César Cuevas Ceseña, declaró que a él no le correspondió el proceso del recurso 2017 del Ramo 33, ya que entró a la dependencia apenas en febrero de este año.
Sin embargo, reconoció que el proceso pasado se hizo con retraso y en la búsqueda de mejorar la eficiencia en la aplicación de los recursos para el siguiente ejercicio, comenzaron a definir los requerimientos, como saber cuáles solicitudes cumplen con las reglas del programa.
“La meta que nos hemos fijado es poder resolver antes de que termine septiembre todo lo relacionado con autorización de los proyectos asignados para de inmediato realizar las licitaciones. Que no sea de última hora, ya que de esta manera estamos seccionando en tres partes, el primero son 17 proyectos que están como remanentes o pendientes desde el año pasado; luego otros temas que califican directamente, como son arreglos a escuelas”, argumentó Cuevas.
Sobre las obras que en 2017 quedaron inconclusas o no cumplieron con la expectativa, aunque la Ley impide invertir dos veces en la misma construcción, el arquitecto mencionó que están buscando estrategias para ingresarlas como obras complementarias, y reiteró al sector constructor que las licitaciones son públicas y todas las empresas del país pueden participar en las convocatorias porque así lo dicta la Ley.
“Cualquier empresa mexicana puede acceder y quien lo gane, porque entregó la mejor propuesta económica o técnica, es la que se queda con el contrato”, aclaró el funcionario municipal.
Nuevo organismo reconoce “vicios” del gremio
Tras años de abandonar la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) por diferencias entre la delegación, un grupo de empresarios se organizó para conformar por primera vez en Ensenada y San Quintín, la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC).
Con 25 afiliados, en la última asamblea eligieron a Edgar Rojo Medina como su presidente, Marco Antonio Torres como secretario y Mario Alberto Loaiza como tesorero. El organismo quedó instituido legalmente el 4 de junio.
La meta, informó el dirigente, es construir en pro de la ciudad y con una visión de que los jóvenes aprendan a hacer buenas obras con poco presupuesto.
Respecto a organismos como Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada (Comice) y CMIC, opinó que hay gente con vicios, y lo que buscan en AMIC es tener un “piso parejo” entre los socios.
“Hay muchos empresarios que están viendo que vamos por buen camino, sin vicios”, indicó su titular.
Lo más importante es que el gobierno asigne las obras a los constructores de acuerdo a la especialidad, sobre todo que tengan capacidad económica para concluir una obra sin necesidad de estar pidiendo dinero a la administración.
Uno de los problemas que acusaron otros constructores, es que los proyectos vienen mal hechos desde la oficina de gobierno, no obstante, Edgar Rojo consideró un error delegar responsabilidad de ello a la autoridad.
Sobre la supervisión, mencionó que es un punto relevante, ya que los precios unitarios deben incluir, en los indirectos, la presencia de un supervisor.
