El señor Álvaro Chapa Sánchez contrajo un contrato de compraventa de una casa con la Promotora e Inmobiliaria Ixpalia, en 1998. Tras pagar más de 33 mil 558 dólares -consideró que era superior al valor del inmueble- dejó de abonar hace 18 años. Hoy enfrenta un juicio de embargo. La empresa inmobiliaria demanda la devolución del inmueble y el pago de rentas caídas.
De acuerdo con el contrato, se trata de la casa en el predio 38B Manzana 417 del residencial “Las Américas”, en La Presa, cuyo valor total se estableció en 28 mil 800 dólares, de los cuales, ocho mil 800 fueron pagados como enganche y el resto se financió en 84 letras de 493.50 dólares, a pagarse en siete años, con un interés anual de 24% de saldo insoluto y 5% de interés moratorio.
Según los recibos que presenta Chapa Sánchez, éste pagó 68 letras hasta el año 2006, cuando enfermó y se vio obligado a jubilarse, y cuya pensión le impedía cubrir los pagos pendientes. La suma de sus abonos asciende a 33 mil 558 dólares. Sin embargo, en 2009 Ixpalia le requirió el pago de un adeudo por 23 mil 318 dólares, por lo que Chapa Sánchez presentó una demanda de nulidad de contrato por vicios de consentimiento, señalando el “cobro ilícitamente alto de intereses”. Según el denunciante, de ese juicio obtuvo sentencia a su favor, pero no mostró el documento.
En febrero de 2018, Álvaro Chapa se presentó en la inmobiliaria y ofreció 50 mil pesos para llegar a un acuerdo, pero el gerente general, David Arellano Aguilar, pidió al menos 100 mil pesos para saldar la deuda de las rentas caídas y la firma de un documento, a lo que el comprador se negó.
ZETA acudió a Ixpalia para recoger la versión de sus representantes. David Arellano Aguilar no se encontraba y el personal informó que éste pidió vía telefónica, notificar que se encuentra abierto el juicio 1108/2009 que lo imposibilitaba hablar al respecto.
Consultado, el licenciado Armando Atilano Peña, de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, recalcó que si se decreta rescindido el contrato, Álvaro Chapa Sánchez tendría que pagar a Ixpalia, una renta por el tiempo que tuvo en posesión el inmueble y desalojar la casa. A su vez, la empresa al recoger la vivienda tendría que regresarle al comprador, el dinero que pagó en los ochos años, además de los intereses por todo el tiempo que tuvo ese dinero.
Aunque según Chapa Sánchez, la empresa le advirtió que el embargo sería esta semana, hasta el cierre de esta edición, no se había ejecutado.
