Luego que el Ayuntamiento otorgara licencias de movimientos de tierra a la empresa constructora Vista del Río, esta sobrepasó los límites territoriales federales establecidos en decretos binacionales entre México y EU. Sin embargo, contrario a detener las obras, autoridades municipales siguen respaldando el proyecto y autoridades binacionales como la CILA, encargadas del territorio fronterizo nacional, aseguran no haber recibido ese proyecto para dictaminar su factibilidad. Especialistas consideran hubo una clara violación al reglamento por parte del Municipio
Pese a que existen decretos y estatutos internacionales en los que se establecen claramente los límites y deslindes territoriales entre México y Estados Unidos, así como los de orden federal, el Ayuntamiento de Tijuana otorgó y facilitó licencias de movimientos de tierra en un predio en Playas de Tijuana colindante con el muro fronterizo, propiedad de la empresa Constructora y Proyección Vista del Río, S de R L de CV, quienes al momento de ejecutar las obras, sobrepasaron esos límites sin contar con el permiso previo y requerido.
Con previa autorización del Ayuntamiento, entre julio y agosto de 2017 la empresa intervino el predio con un corte de talud, en un espacio considerado como calle internacional en el Acta de 1906, firmada entre México y el país vecino, en la que también se establece que en el sitio no deben existir construcciones de ningún tipo; señalamiento que en noviembre del mismo año hicieron saber los vecinos de dicha localidad, mediante un recurso de queja interpuesto ante el propio Ayuntamiento, quienes hicieron caso omiso.
Situación por la que, a decir de los expertos en materia de construcción y límites territoriales consultados por ZETA, se incurrió irresponsablemente en una violación a los parámetros nacionales y binacionales previamente establecidos en la misma carta, por lo cual las autoridades municipales correspondientes podría ser acreedoras a una sanción por parte de la Federación e incluso, podrían desatar una controversia entre ambos países.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Alejandro Lomelín Clapera, compartió a este Semanario que él no lo ve de tal manera, debido a que no se invadió el terreno como se menciona y, además, se notificó puntualmente sobre estas acciones a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sin embargo, desde la CILA se desmintió al secretario en un documento que se entregó a vecinos de Playas de Tijuana -copia en propiedad de ZETA-, en el que se señala tajantemente que ese proyecto no se les ha presentado para su revisión y poder emitir así la factibilidad del mismo conforme a sus atribuciones.
Asimismo, indica que se notificó de manera oficial a las autoridades municipales que no se estaban siguiendo las normas y recomendaciones pactadas en el Acta 244, firmada el 4 de diciembre de 1973 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Foto: Jorge Dueñes.- Tres casas y una cancha deportiva son las que tendrán que ceder terreno por invasión
Aunado al anuncio de la renovación del muro fronterizo, saca a relucir una problemática que en Tijuana ha sido constante, precisamente la invasión y afectación de terrenos no solamente federales, sino internacionales, derivada también de la nula supervisión que el Ayuntamiento realiza en zonas que colindan con el muro fronterizo, lo que implicará que con la construcción del muro, algunos vecinos de Playas de Tijuana tengan que derrumbar parte de sus casas.
SOBRE LOS HECHOS
El 7 de julio de 2017, la Dirección de Administración Urbana (DAU), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), otorgó a Constructora y Proyección Vista del Río licencia de Movimientos de Tierra número URB-1359/17, para el predio identificado con la clave catastral PT-001-101, ubicado en Calzada Cascada s/n, Sección Terrazas del fraccionamiento Playas de Tijuana, con vigencia de 30 días; el 15 de agosto del mismo año, la empresa solicitó prórroga de 90 días para continuar con los movimientos en el mismo predio y se les otorgó la licencia número URB-1642/17.
El 17 de octubre de ese año, el inspector verificador Óscar Adrián Mercado Díaz realizó una ficha técnica del lugar, confirmando se trataba del predio establecido y que todos los movimientos de tierra se llevaban acorde a lo establecido, sin embargo, no se especificó la observación de los cortes de talud en terrenos federales.
Debido a esta situación, un grupo de vecinos de Playas de Tijuana, encabezados por el señor Saúl Torres Barbosa, interpusieron una queja ante el Ayuntamiento de Tijuana el 9 de noviembre de 2017, debido a la permisividad que estaban teniendo con la empresa desarrolladora, ya que esta realizaba movimientos de tierra en otros predios ubicados en la colindancia del cuerpo norte de la vialidad de acceso controlado Autopista Playas de Tijuana, de la vialidad primaria de ingreso al fraccionamiento Playas de Tijuana y del muro fronterizo, los cuales no pertenecían a la empresa.
Por lo tanto, solicitaron la cancelación inmediata de las obras en dicha queja, aunado a que, como lo señala el plano E-28 del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tijuana, el predio donde se autorizaron los trabajos de movimientos de tierras está dentro de una zona definida como Área Especial de Conservación.
AFECTARON TERRENO FEDERAL SIN PREVIO PERMISO
Sin embargo, la instancia municipal no se pronunció al respecto durante varios meses y los vecinos recurrieron a la CILA para determinar la situación por la incidencia y afectación al predio federal donde la empresa realizó el corte de talud, instancia binacional que, mediante oficio signado por su representante Roberto Espinoza Mora el 12 de marzo de 2018, respondió de manera concreta que hasta esa fecha no habían “recibido, ni se les había presentado para revisión o solicitud de factibilidad ningún proyecto” de esa zona.
Foto: Jorge Dueñes
Por lo tanto, no podían emitir una opinión técnica ni la factibilidad del mismo, de acuerdo a sus atribuciones; respecto a las disposiciones jurídicas federales que se infringieron por esa afectación al talud, en el documento se resalta que “no se están siguiendo las normas y recomendaciones de la CILA al respecto emanadas del Acta de 1906 y del Acta #244 de la CILA”, lo cual fue debidamente manifestado por la vía oficial a las autoridades municipales.
Por lo tanto, recomendaron a la DAU dar el seguimiento correspondiente, al ser la instancia encargada de aplicar la reglamentación; recomendación que no se acató de tal manera y, contrario a ello, respondió solamente al grupo de vecinos -hasta el 11 de mayo de 2018- mediante un oficio firmado por la titular Magdalena García Tafoya, en el que la autoridad resaltó que pese a los señalamientos, “el solicitante (la empresa) cumplió con los requisitos requeridos en las leyes y reglamentos aplicables en la materia”, por tal motivo, no procedía la petición para la cancelación de las obras de movimiento de tierra.
DAU ACEPTA INDIRECTAMENTE QUE SE AFECTÓ TERRENO FEDERAL
En el mismo documento, la autoridad señala que en los movimientos de tierra en el predio correspondiente al “Derecho de Vía Zona Federal (Área de restricción)”, el 19 de febrero, mediante Acta de Comparecencia, se hizo saber al desarrollador que “respecto al derecho de paso de 20 metros deberá dejarse libre y tendrá que presentar solución técnica a la contención en esa zona”, con lo cual deja abierta la posibilidad de interpretación para entender que “sí se sobrepasó” el límite territorial federal, como lo hizo saber el señor Torres Barbosa en entrevista con ZETA.
Lo refutable del caso es que de alguna manera se está aceptando la afectación a un terreno federal, se está violentando la Ley desde el propio Ayuntamiento y por ende también la empresa, por haber expedido una licencia de Movimientos de Tierra en terrenos federales sin el permiso necesario, o por la omisión de la misma afectación al terreno y por no considerar los decretos establecidos incluso de forma binacional, lo cual podría acarrear sanciones también de índole penal.
Así lo señaló a este Semanario el ingeniero Jorge González Belmont, quien ha desempeñado cargos públicos durante distintos periodos en la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado.
SDUE INSISTE QUE ESTÁ TODO EN REGLA; EMPRESA NO RESPONDE
Sobre la afectación al terreno federal, el titular de la SDUE, Alejandro Lomelín Clapera, señaló que efectivamente el corte al talud está muy cercano a la malla fronteriza, pero “se le aclaró muy bien” a la CILA que el proyecto conserva los 20 metros necesarios para el derecho de vía, por lo tanto, “se respeta perfectamente bien” eso.
Detalló que eso fue lo que se informó debidamente al inicio de este año a la misma dependencia, situación que contrasta con el documento emitido por la CILA, en el que en marzo informa que hasta esa fecha no se les había presentado proyecto alguno.
Sobre esta observación, Lomelín Clapera resaltó que “probablemente en algún momento del corte del talud sucedió esto, pero insisto, a principios de este año estuvimos con CILA, incluso yo estuve con ellos y nos hemos mantenido en comunicación constante. En ese sentido hay un talud que fue revisado por parte de DAU y fue una de las cosas por las cuales se aprovechó la suspensión de las mismas obras, para poder hacer la revisión de la inclinación del talud”.
Carta expedida por la CILA en la que manifiesta que dicho proyecto no les fue presentado para emitir la factibilidad conforme a sus atribuciones / Carta de la DAU en la que acepta que la empresa hizo movimientos de tierra en zona federal y que se les pidió presentar solución técnica a la contención de esa zona.
Sobre la suspensión de las obras, refirió que estas se dieron solamente porque los desarrolladores modificaron el proyecto para hacer movimientos de tierra en un nuevo terreno que compraron y que se ubica hacia la salida a Playas, por lo tanto, se han mantenido hasta que presenten la nueva documentación con las adecuaciones necesarias tanto en movimientos de tierra, como en impacto e integración vial en la zona.
El titular de la SDUE también detalló que ellos no tienen la documentación que los vecinos presentan, en la que manifiestan que ese sitio se trata de un predio considerado como uso de conservación, y reiteró que todo lo que se da como permiso es analizado por la DAU, que es la facultada en ello, “todo lo que se ha otorgado es porque cuenta con los análisis, documentación y facultad legal para hacerlo”, argumentó el funcionario.
ZETA buscó con insistencia a los representantes de la empresa Constructora y Proyección Vista del Río para conocer su postura sobre esta situación y acordar una entrevista, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no devolvieron la llamada.
DECRETO NO HA SIDO RESPETADO, VECINOS PAGAN LAS CONSECUENCIAS
En entrevista con este Semanario, Roberto Espinosa Mora, representante de la CILA en Tijuana, expuso que en noviembre de 1906, cuando se firmó el Acta de la CILA en El Paso, Texas, ambos gobiernos establecieron “una zona a cada lado de la línea divisoria de sesenta pies de ancho (18-20 metros), que se considere como una ‘calle internacional’ y en la cual no se permita que existan edificios ni construcciones de ningún género”, con el principal objetivo de no afectar la estabilidad de los monumentos internacionales, no alterar los escurrimientos pluviales y tratar de detener el desbordamiento poblacional.
Lo cual no se ha respetado a lo largo de la historia, debido a que las autoridades competentes no se han encargado de la supervisión de ello, y porque las personas tienen la idea errónea de que la cerca o muro es la línea divisoria entre ambos países y generalmente “se pegan” hacia la línea fronteriza, sobrepasando los límites territoriales y no respetando los 20 metros como, se establece en el decreto.
Problemática que salió a relucir y persiste en la actualidad, desde el anuncio de las próximas obras que Estados Unidos realizará en la frontera con Tijuana, para la renovación de 22.53 kilómetros de muro fronterizo, y en la cual varios vecinos de Playas de Tijuana “saldrán perdiendo” parte de su patrimonio, debido a que tendrán que respetar y ceder parte del territorio que no les corresponde; situación de la cual fueron notificados en marzo del presente año y que deberán acatar de acuerdo a lo que la autoridad estadounidense decida una vez que comience con las obras del lado de su territorio.
