Obstrucción de vías públicas, daños en propiedad ajena, resistencia al arresto, incitación a la violencia, ultraje, delitos contra funcionarios y contra policías; de toda la gama de comportamientos ilícitos que pudieron intentar encuadrar para detener a los líderes del movimiento social Mexicali Resiste, el gobierno de Baja California decidió iniciar un proceso contra León Fierro Reséndiz por “intento de homicidio”, desde ahí resulta evidente la mala intención y la desproporción de los cargos.
Durante la presente semana, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda, han asegurado que Fierro no es preso político, sin embargo, la negativa resulta poco creíble si recordamos que desde febrero de 2017, ambos personajes han acusado -sin probar- en repetidas ocasiones que el mencionado movimiento de resistencia tiene “tintes, objetivos e intereses” políticos, que buscan “desestabilizar el Estado” y que reciben pagos por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Si este es el pensamiento del gobierno, resulta lógico cuestionar si el gabinete de “Kiko” Vega tiene o no, motivos políticos para encarcelarlo.
El cargo de intento de homicidio, primero muestra que “a la fecha” no han sido capaces de acreditar, encontrar o reunir elementos suficientes para acusar a León Fierro por otros delitos atribuibles a las personas que rompen el marco jurídico y usan la violencia como herramienta de lucha. Segundo, el delito que pretendieron imputarle fue desproporcionado con relación a las acciones que realizó. Y tercero, que lo quieren encarcelado y fuera de las calles para la campaña electoral.
En Tijuana, y en el resto de Baja California, desafortunadamente es usual que cuando los policías persiguen a delincuentes que recién cometieron asaltos violentos, secuestros u homicidios, estos sean baleados por los criminales en plena huida, pero al ser detenidos, estos asesinos fallidos no son acusados de intento de homicidio.
Pero tratándose de Fierro y del enfrentamiento en que policías antimotines protegidos con escudos y cascos se liaron a pedradas con integrantes de Mexicali Resiste, sin cascos ni escudos, en una batalla campal suscitada el 16 de enero de 2018 en el Rancho Mena, cuando los manifestantes buscaban impedir la instalación de una tubería de la empresa Constellation Brands, la administración de Vega de Lamadrid determinó que el activista trató de matar a los uniformados con un auto.
Reporteros e integrantes del movimiento videograbaron el presunto intento de asesinato, las imágenes mencionadas muestran momentos en los que con el automóvil Fierro intenta, avanzando la unidad, impedir que las tropas se acerquen a la turba, pero frena cuando está muy cerca de los policías.
Ciertamente se puede apreciar cómo los agentes, enviados ahí por sus jefes a trabajar, luchan por moverse frente al auto de Fierro en medio de un ambiente cien por ciento hostil, frente a una lluvia de piedras, agua y estiércol por parte del resto de los manifestantes, y terminan apedreando también a los ciudadanos inconformes. La refriega terminó con heridos -lesiones que tardan menos de 15 días en sanar- y descalabrados en ambos bandos.
De hecho, existe otro video que muestra que es más decidido el avance de la camioneta manejada por los escoltas del gobernador el 29 de enero de 2018, lo cual obliga al desplazamiento de hombres y mujeres que se habían colocado frente al auto oficial. Los escoltas aventaron el carro para salir del lugar y resguardar la integridad del Ejecutivo, después que las manos de varios manifestantes habían cruzado la valla de escoltas que protegía al mandatario y lo jalonearon porque no se detuvo para escuchar sus reclamos.
Debieron pasar tres meses y 17 días para que la Procuraduría General de Justicia del Estado ejecutara orden de aprehensión contra León Fierro, la cual no le mostraron al subirlo a un auto a la fuerza, y el martes 8 de mayo, tras una maratónica audiencia, fue vinculado a proceso por la jueza Ruth Álvarez, quien reclasificó el delito de homicidio en grado de tentativa: ahora lo acusan por probable responsabilidad en lesiones calificadas de “2 y 10 centímetros” que sufrió un oficial en brazo y piernas.
De acuerdo a la Ley, este delito no amerita prisión preventiva durante el proceso, al igual que la posesión de armas cortas o largas, o la venta de droga, por eso la mayoría de los delincuentes detenidos por estos crímenes enfrentan sus juicios en libertad.
No así Fierro, considerado “peligroso” porque en su declaración manifestó que “…seguiría en la lucha por el agua y permanecería preso si eso es lo que tiene que pasar”, pero que eso no impediría su manifestación.
Dijo que continuaría manifestándose y por eso lo retuvieron en la cárcel, lo que evidencia que “la duración de su encarcelamiento no es proporcional al delito” y, en buena medida, la prisión la está recibiendo por ejercer su libertad de pensamiento, de conciencia, de asociación, de expresión, todas consagradas en la Constitución.
Cierto, ningún ciudadano tiene derecho a pasar por encima de los derechos de otro, y es derecho y obligación de los gobiernos hacer que tanto las libertades de todos como las leyes, se respeten, pero sin inventar delitos ni aplicar medidas cautelares desproporcionadas. Y sin violentar derechos, porque un gobierno que viola las libertades de un ciudadano, puede sin remordimientos, investido de corrupción, violentar los derechos de todos.
