Fue en el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, hace unas tres semanas, que a propuesta de Fundar y Artículo 19 se organizó un seminario para abordar, desde distintos sectores y diferentes puntos de vista, el tema de la regulación de la publicidad gubernamental. Ahí se esbozó una optimista premisa: este era el mejor momento para reglamentar el uso y el gasto de la publicidad gubernamental.
La hipótesis estaba fundamentada en la valoración de la existencia de un político-funcionario asertivo en México, que en el contexto político electoral por el que atraviesa el país, tendría la capacidad para ser visionario, cuidar los dineros públicos, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y el uso profesional de los medios para hacer llegar el mensaje a la sociedad a partir de la propaganda o publicidad gubernamental.
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Esto se dedujo del entendimiento que deberían tener los políticos-funcionarios que integran la cúpula del gobierno federal y la mayoría de la cámara de diputados, sobre la probabilidad que su partido el PRI pierda las elecciones presidenciales y quizá, las cámaras legislativas.
En este contexto, si los políticos-funcionarios-legisladores actuales actuaran de manera sensata -decía uno de los expositores- reglamentarían el uso y gasto de la publicidad gubernamental para “amarrarle” las manos al que venga, es decir, a quien sea que gane la elección a la Presidencia de la República, y que no pertenezca al Partido Revolucionario Institucional.
El martes 10 de abril, 205 diputados federales aprobaron la Ley General de Comunicación social, 168 fueron del PRI, 24 del Partido Verde Ecologista de México. 10 de Nueva Alianza, 2 del Partido Acción Nacional, y uno de Morena. 81 legisladores se ausentaron de su responsabilidad de legislar en favor de la ciudadanía, 18 del PRI, 17 del PAN. 15 del PRD, 10 del Verde, 10 de Morena, 3 de Movimiento Ciudadano. 2 de Nueva Alianza, 4 de Encuentro Social, 1 sin partido y 1 independiente.
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Lo que votaron los priístas y sus aliados a favor, es prácticamente dejar el tema como está. Una simulación de Ley que no cambia el panorama, que no acaba con el exceso, pero sí lo institucionaliza. No redujeron ni impusieron límites al presupuesto y gasto de publicidad, tampoco regularon la forma de erogar ese recurso, ni legislaron para delimitar el contenido de los mensajes gubernamentales a promocionar.
La importancia de regular en la materia, llevó a Fundar y a Artículo 19 a introducir un recurso legal, un amparo, para obligar a los legisladores a atender el tema que habían ignorado, pero a la vez, buscaban que el legislativo volteara a verlos, y de la mano de la sociedad y sus grupos intermedios, redactar una Ley que dejara de ser corruptora, que normara los criterios de la información a dar a conocer, y regulara el gasto respecto los medios de comunicación en los que se invierte. Los fundamentos fueron claros tras el análisis de Fundar: la presidencia de Enrique Peña Nieto ha gastado 40 mil millones de pesos en pago de publicidad hasta 2017, y estiman que esa insana inversión gubernamental terminará rondando los 60 mil millones de pesos cuando finalice el sexenio.
Además alertaron sobre un indiscriminado reparto de tal recurso; hasta el año 2017, reportó la misma Fundar y se replicó aquí en Sin embargo.mx: “Televisa ha recibido 6 mil 680 millones de pesos, Estudios Azteca, 3 mil 939 millones; Starcom Worldwide (EU), mil 298 millones de pesos; Estudios Churrusco Azteca, que recibió mil 270 millones; Grupo Fórmula, mil 045 millones; periódico El Universal, mil 007 millones; periódico Excélsior, 989 millones 969 mil pesos; Starcom Worldwide (México), 815 millones 811 mil pesos; Organización Editorial Mexicana, 802 millones, y Sistema Público de Radiodifución del Estado Mexicano, 693 millones 344 mil pesos”.
Es evidente la intención de favorecer a ciertos medios de comunicación por parte de la Presidencia de la República, como también lo es, que ante la falta de integridad y compromiso con la libertad de expresión, estos medios responden al interés económico y no al informativo. Por un lado la voracidad para acaparar el presupuesto a cambio del periodismo oficialista, por otro la capacidad del estado corruptor que paga para que no le peguen, y compra para poseer líneas editoriales.
De esta manera, sin la participación de Fundar, Artículo 9, cualquier otra organización de la sociedad civil, medio de comunicación alguno, o facultad universitaria docta en la materia, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, estructuró y aprobó un dictamen a modo del gobierno y su oneroso gusto por la publicidad, que el martes 10 de abril fue votado mayoritariamente por el partido en el poder y sus patiños políticos. Contando solo con la oposición que no alcanza para ganar votación, integrada por PAN, PRD, MORENA, y Movimiento Ciudadano.
Así, sin Ley Reglamentaria porque esa no está ni pensada ni planeada para aprobarse en esta agonizante legislatura, la Ley General de Comunicación Social fue redactada para seguir beneficiando a los mismos, y darle más poder mediático, y por tanto político, a la Secretaría de Gobernación.
Además versas sobre conceptos laxos, y premisas dispuestas para la interpretación. Por ejemplo, garantizar que el gasto en comunicación “cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”, sin embargo no hay topes de gasto, al menos no por el momento y por esta legislatura.
Ya entrados, por Ley un medio no tiene que “venderse” ante la compra de publicidad, pues se expresa en las nuevas disposiciones, que todos los medios de comunicación tienen garantizado el ejercicio de la libertad de expresión con la contratación y difusión de propaganda gubernamental.
Que será la Secretaría de Gobernación la entidad que “administrará el uso de los tiempos del Estado y de los tiempos fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones, salvo en el caso de los tiempos oficiales que administra el Instituto Nacional Electoral”.
La misma Secretaría de Gobernación será la encargada de palomear las estrategias de comunicación social de las dependencias, y por supuesto, como lo es hoy día, será la responsable de la creación del padrón nacional de medios de comunicación, con los requisitos que marque, porque en la Ley no viene palabra al respecto.
Aun cuando esta Ley General de Comunicación Social resulta una simulación sobre la política abusiva del recurso y corruptora de medios que prevalece, los diputados determinaron que entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2019, obvio previa aprobación del presupuesto este 2018. Además que la misma legislación deberá “armonizarse” en los estados de la República. Así, sin topes, ni frenos, ni filtros, ni contenido.
La #LeyChayote como la han llamado los organismos que pugnaron por una regulación en la materia, ahora pasará al Senado de la República, donde los legisladores tendrán oportunidad, si quieren, de modificarla, de consultar a los organismos que la promovieron, a medios de comunicación y académicos.
Aunque como se ve, la simulación continuará: la idea de los políticos funcionarios que en este momento encabezan el Poder Ejecutivo e integran el Poder Legislativo, es “administrar” a manos llenas, sin límites, ni topes, ni claridad ni transparencia. La voracidad corruptora en su máxima expresión, en materia de comunicación.
