Con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó la noche de este miércoles, en lo general y en los artículos no reservados, la Ley General de Comunicación Social, que fue nombrada por organizaciones de la sociedad civil como “Ley Chayote”.
El proyecto que fue debatido por los legisladores era la minuta remitida por la Cámara de Diputados el pasado 10 de abril, después de que las comisiones unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos, no emitieron un dictamen porque la votación quedó empatada en tres ocasiones.
El Pleno de la Cámara alta acordó que el informe remitido por dichas comisiones fuera considerado como dictamen y se le dispensaron las dos lecturas a las que obliga el reglamento, consistentes en su publicación en la Gaceta del Senado, así como la moción suspensiva, señaló el diario Reforma.
Los senadores que se oponían a la minuta remitida por la Cámara de Diputados, anunciaron que reservarán el cien por ciento de los 45 artículos y 8 disposiciones transitorias que conforman la ley para discutir cada uno de ellos en lo particular.
“Al votar la #LeyChayote sin cambiar la propuesta aprobada por @Mx_Diputados , el @senadomexicano deja pasar una oportunidad histórica para fortalecer la democracia, y ponen en peligro la libertad de expresión y el derecho a la información en México. ¡No a la #LeyChayote!”, señaló el colectivo Medios Libres en la red social Twitter.
La Ley General de Comunicación Social es “Un proyecto que legaliza el mercado negro de propaganda disfrazada de publicidad”, señaló la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“La ‘Ley Chayote’ es una propuesta regresiva, pretenden mantener el derroche del dinero de los mexicanos para promover al presidente […] Con este dictamen se está legitimando la censura y la compra de propaganda”, indicó, por su parte, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez.
“Leí los argumentos de la Corte que señalan que aunque cumplamos en tiempo, no se cumplirá en forma. El dictamen permite un uso arbitrario y discrecional de la publicidad, lo que genera condiciones para que las autoridades utilicen el dinero para beneficiar medios de comunicación complacientes y castigar a medios y periodistas críticos. Lo que es un medio indirecto de censura. No solo basta con tener una ley reglamentaria, sino que se debe garantizar el derecho a la libertad de expresión”, comentó la senadora sin partido, Martha Angélica Tagle Martínez.
La “Ley Chayote” fue criticada por la sociedad civil, senadores de oposición, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y “sus aliados” del Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y de Nueva Alianza (Panal), estos “no han escuchado a los expertos y están aprobando la ley que más les conviene”, dijo el colectivo Medios Libres.
Con la aprobación de la “Ley Chayote”, el Congreso de la Unión pretendió dar cumplimiento a la sentencia emitida en noviembre pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mima que determinó que a más tardar el 30 de abril debía ser expedida la ley reglamentaria de la fracción octava del artículo 134 constitucional.
Organizaciones, medios de comunicación independientes, periodistas y personas, unidas a través del colectivo #MediosLibres, acusaron que el PRI, PVEM y PANAL simularon discutir la Ley en busca de cumplir con un formalismo para no caer en el desacato ante la sentencia de la SCJN.
#MediosLibres acusó que el dictamen no atiende los problemas que supone la publicidad oficial, como ser un mecanismo de control indirecto de las líneas editoriales en México, la asignación discrecional de recursos públicos millonarios y la utilización para fines electorales, entre otros.
El colectivo indicó que la minuta no cumple con el sentido de la resolución, ya que deja prácticamente igual el actual modelo de gasto en comunicación social, mediante el cual se premia a los medios de comunicación afines y se castiga a los críticos.
