Con 509 asesinatos en Baja California, de los cuales 404 se cometieron en Tijuana, y eso apenas en lo que va de 2018, el homicidio es un delito al que los bajacalifornianos afortunadamente no se acostumbran y cuya incidencia continúan reclamando a sus autoridades, a pesar de saber que está concentrado en núcleos poblacionales dedicados a vidas criminales; simplemente la ciudadanía no es proclive a la pena de muerte, y menos aplicada por traficantes de drogas.
Sin embargo, entre febrero y marzo, la comunidad productiva del Estado se ha enfrentado al rebrote de otros delitos de alto impacto, que en el pasado han generado un terror más generalizado. Se trata del secuestro, la extorsión, el “cobro de piso” y la privación de la libertad, incluso los asesinatos en lugares públicos.
Detrás de la consternación inicial, llegó el pánico y la desconfianza en las autoridades, la negativa a cooperar que recién quedó de manifiesto, primero en la reunión de los titulares de todas las corporaciones policiacas del Estado con vecinos de la colonia Libertad en Tijuana, que les reclamaron seguridad. Hablaron de la comisión de secuestros, pero las víctimas se negaron a denunciar directamente y aportar información.
Después el rechazo a denunciar por parte de la familia del joven dueño de una cadena de fruterías-restaurantes que fue secuestrado y finalmente rescatado por las autoridades, que ante la desconfianza terminan investigando “de oficio” -presionados por representantes empresariales-, pero sin cooperación de los afectados.
Resulta evidente que la sombra del período 2006-2010 sigue siendo muy fuerte, los recuerdos de un Grupo Antisecuestros dedicado justo a secuestrar, con agentes denunciados como servidores de los cárteles, señalados incluso públicamente por el entonces comandante de la II Región Militar, General Sergio Aponte Polito.
Es precisamente en este esquema de alerta, que el subprocurador de Investigaciones Especiales, José María González Martínez, ha pedido el voto de confianza de sus interlocutores, asegurando que desde su arribo, el Grupo Antisecuestros ha sido transformado.
Ha informado que son jóvenes con los mejores promedios, salidos de la academia después de diciembre de 2013, que reciben capacitación permanente y tienen por jefe con alto porcentaje de efectividad, con todos los controles de confianza aprobados.
En este esfuerzo por captar la confianza de la sociedad, la Policía Estatal Preventiva anuncia esta semana la captura de dos secuestradores con orden de aprehensión, y el rescate de tres migrantes secuestrados. En tanto la Subprocuraduría de Zona Tijuana detalla que logró una sentencia de tres años de prisión contra Juan de Dios Tamayo Hernández, acusado por el delito de privación ilegal de la libertad agravada con violencia; y la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales boletina que en enero, la Unidad Estatal Antisecuestros reportó tres órdenes de aprehensión, tres detenidos en flagrancia delictiva y dos víctimas rescatadas.
Sin embargo, estos pocos informes positivos, no terminan de permear y menos de impactar en el miedo ciudadano, menos después que la juez Tania Guadalupe Vega Gordillo liberó a uno de los tres secuestradores detenidos en flagrancia el 27 de febrero de 2018 y señalados directamente por la víctima durante el rescate de un empresario.
Frente a la frustración que genera la impunidad que impacta de nuevo a una sociedad de por sí vulnerada, ante la alerta de mafias criminales que retoman el secuestro y “cobro de piso”, corresponde a las autoridades integradas al Grupo Coordinación crear las condiciones que generen la credibilidad y confianza necesarias para alcanzar la participación ciudadana. No tiene pretexto porque se logró antes, con la campaña Nosotros Sí Vamos, promovida en tiempos de los generales Aponte Polito y Alfonso Duarte.
Se hace evidente también la necesidad que los grupos ciudadanos organizados, empresariales y de profesionales, además de los consejos de seguridad, promuevan la denuncia y busquen la manera de convertirse en un enlace más sólido entre las víctimas y la autoridad.
Urge el trabajo conjunto de autoridades y sociedad, no hay tiempo que perder, antes de que los cárteles de la droga se sientan cómodos y consideren que pueden, sin consecuencias, volver a aterrorizar a la comunidad productiva de Baja California.
