ZETA fue enterado por policías municipales que algunos funcionarios están haciendo lo imposible, de hecho hasta lo ilegal, para cumplir en papel con el Modelo Óptimo de Función Policial, cuyos estándares e indicadores se establecieron entre 2016 y 2017.
Por ejemplo, algunos uniformados enviados a curso en febrero o marzo de 2018, los fueron obligados a firmar listas de asistencia por talleres supuestamente impartidos en diciembre de 2017.
Esto se debe seguramente a que de acuerdo al más reciente diagnóstico publicado por la Secretaría de Gobernación, en diciembre de 2017, Baja California es uno de los 20 estados de los 32 totales, que no cumple con los “replicadores acreditados de talleres obligatorios” para la actualización del Nuevo Sistema de Justicia Penal, pese a que en Mexicali tiene operando más de siete años y en Tijuana está por cumplir los dos años.
Conforme a la diagnosis federal, muy pocos, menos de 50 policías del total de 9 mil 721 elementos de seguridad -5 mil 743 de los cuales son policías preventivos- tiene los replicadores acreditados en función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada al lugar de los hechos; función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación; e investigación criminal conjunta (ministeriales y preventivos).
Eso explicaría en parte las deficiencias de la tropa que resulta en criminales liberados. Y en calidad de “mientras”, intentan suplir la falta de capacitación con listas enviadas con “órdenes de la superioridad” en las que, por ejemplo les instruyen que:
* Los autos “que salgan con reporte de Robo tiene que ir con su boleta de infracción, Inventario así como el IPH y marcar y justificar los tiempos y el acto de molestia por el motivo de la intervención”
* En la Unidad de Investigación, “con detenido se encuentra personal de la S.S.P.M los cuales van a estar apoyando a los oficiales para el llenado del IPH”.
* O “cuando sean citados los oficiales a una comparecencia al M.P”, deben presentarse a una orientación previa.
Luego, mientras el estándar nacional de elementos de seguridad por cada mil habitantes es de 2.8, y el promedio ideal en México se estableció en 1.8 policías por cada mil habitantes -actualmente es de 0.08 -, los bajacalifornianos tienen 0.03 uniformados por cada mil habitantes.
El incumplimiento de los poderes ejecutivos con las tropas californias no es solo académico, conforme al estudio federal, no están dadas las condiciones para el reconocimiento al mérito y a la carrera policial, no existen fondos de ahorro y el sueldo neto promedio en esta entidad norteña se valuó en 8 mil 081 pesos, por debajo del promedio nacional tasado en 9 mil 933 pesos.
En esas condiciones llega el enojo de policías que empiezan invitar a sus compañeros a paros laborales para reclamar necesidades que consideran básicas, jornadas de ocho horas, pago de horas extra en tiempo y forma, respeto de los períodos vacacionales, pago adicional en días festivos, más uniformes que incluyan chamarras. Los agentes dicen que se están cansando de que los jefes exijan resultados, pero no les cumplan, “estamos perdiendo las ganas de servir al ciudadano”, advierten.
En papel, el tema de corrupción supuestamente no es grave -aunque se puede engañar al polígrafo-, porque a diciembre 2017, el 93% de los elementos de seguridad en la entidad habían aprobado los Exámenes de Control y Confianza; 82% tenían la evaluación vigente y, de acuerdo a estos exámenes, los “no aprobados” son 402 policías municipales, 36 ministeriales, 39 de la Policía Estatal Preventiva y 24 custodios de los centros de readaptación, que aunque parecen pocos, pueden hacer mucho daño.
Sin embargo, los propios policías se han acercado a personal de ZETA para hacer patente su miedo y preocupación, al manifestar que los índices de colusión entre las autoridades y los ladrones, secuestradores, asesinos y narcotraficantes, pronto podrían ampliarse, porque como entre 2006-2010, están atestiguando la infiltración de los mandos: denuncian a jefes militares -en Mexicali- de tener a grupos metidos en actividades del narco; reportan que información y videos tomados por las áreas de inteligencia están siendo filtrados a los criminales; y culpan a mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llamando a policías para que liberen a operadores del Cártel Arellano Félix.
En esas condiciones de entumecimiento moral empieza a tener lógica el incremento de la incidencia de los delitos de alto impacto y el panorama no luce alentador, y de nuevo se hace urgente la presencia de un Mando Único, pero con autoridad, calidad moral suficiente y el valor necesario para enfrentar a los criminales, estén fuera o dentro del Grupo Coordinación. Antes que la inseguridad siga consumiendo la vida social y económica de la entidad federativa, antes de que por miedo o conveniencias, la corrupción policiaca vuelva a ser la constante en los municipios bajacalifornianos.
