El 1 de febrero de 2018, el Congreso de la Unión inició su último periodo ordinario de sesiones con un 12 por ciento de legisladores novatos, hombres y mujeres por los que nadie votó y alcanzarán una curul gracias a las ambiciones políticas de 55 diputados que quieren ser senadores o gobernadores y 17 senadores que buscan ser gobernadores; alcaldes e incluso diputados, que desean ser electos en la jornada del 1 de julio.
No han terminado de cumplirle a sus votantes y abandonan sus responsabilidades, pero tienen la frescura de pretender otra vez el voto ciudadano, el electoral y el de confianza, para alcanzar otro puesto de esos con sueldos que les permiten acumular capitales de múltiples ceros en un año.
Hasta hace siete días, 55 legisladores habían solicitado licencia del total de 500 diputados y 17 del total de 128 senadores, y la lista sigue aumentando. De hecho Christian Alejandro Carrillo Fregoso, suplente del diputado de mayoría relativa por el Distrito 4 en Baja California, Jorge Ramos Hernández, tomó protesta apenas el día 6 de febrero, pero la fuga de estos funcionarios de elección puede continuar hasta el 1 de abril, 90 días antes de los comicios.
En el caso de los bajacalifornianos, las licencias para sumarse a otras campañas registradas hasta ahora son las dos diputadas por Mexicali, Gina Cruz Blackledge y Luz Argelia Paniagua Figueroa. La licencia anunciada y pendiente para mediados de febrero es de la panista Lucina Rodríguez Martínez.
Por otro lado, la priista Nancy Sánchez, que ya tenía todo listo para abandonar su lugar en el Congreso de la Unión, decidió que siempre no quería ser senadora, después de aceptar que la relegaran al segundo puesto en la candidatura al Senado y dejarle el primero a Alejandro Arregui Ibarra, quién también pidió licencia al Congreso local- suplente del ex dirigente del PRI en Ensenada, Juan Eugenio Carpio Ascencio-, al final, el 6 de febrero decidió que siempre no.
Ahora, al concretarse las salidas de los legisladores que buscan candidaturas, los nuevos representantes de los californios en el Congreso de la Unión por el PAN serán: el joven empresario Alejandro Carrillo; María Olivia Picazo Olmos, ex empleada del Instituto de Cultura, contadora pública que fue suplente de Francisco Vega de Lamadrid como diputado federal; Margarita Mercado Medina, quien laboró en la Dirección de Comunicación del ex alcalde de Mexicali, Jaime Díaz; y la ex diputada local María del Rosario Rubio.
Más allá de que los recién llegados, solo arribarán a cobrar por su buena suerte, porque no tienen ya ni el tiempo ni las condiciones para genera alguna Ley o reforma que represente un cambio significativo para sus representados.
La atención de la ciudadanía debería concentrase en qué fue lo que hicieron estos legisladores, los cuatro federales del PAN y el local por el PRI (quien en 2007 hizo campaña con Acción Nacional), ya han hecho campaña, ya prometieron, lo interesante es saber ¿cuánto cumplieron y los intereses de quién defendieron?, ¿respondieron a la encomienda que se les dio antes de andar correteando otro puesto?
De entrada y de manera general, los diputados federales dejan muchos pendientes a los que por intereses políticos les han dado largas: el Sistema Nacional Anticorrupción sin fiscal ni magistrados; la elaboración de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia laboral, que eliminan las juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que impide que este mes de febrero entre en operación el auditor superior de la Federación: las reformas relativas a la reducción de número de legisladores y al financiamiento a los partidos; las reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para ejercer mayor control y transparencia, solo por citar algunos ejemplos.
Llegó el momento de revisarlos con lupa, de preguntarse si su voto y su partido promovieron leyes que han afectado la economía de los bajacalifornianos. ¿Han estado dispuestos a rendir cuentas? ¿Su capital corresponde a los sueldos que han devengado? ¿Cuántos recursos gestionaron para el Estado? ¿Qué actividades económicas promovieron y beneficiaron? ¿Cuántas iniciativas legislativas sólidas presentaron y en cuántas tuvieron la capacidad negociadora para lograr su aprobación? Porque levantarse a leer una lista de buenos deseos no es suficiente.
Quieren un mejor puesto, aspiran a un mejor sueldo, participarán en una campaña por un puesto de mayor responsabilidad, así que la obligación mínima de los ciudadanos antes de emitir su voto, es procurar otorgarlo a quien tenga capacidad de respetar su palabra y cumplir sus compromisos, y dar la espalda a oportunistas incumplidos que, como suele suceder, abundan y sin recato.
