Con malos gobiernos seriales -como los asesinos-, los ciudadanos mexicanos han sido obligados a convertirse en víctimas de múltiples crisis económicas que se diversifican en crisis sociales, de educación, de seguridad, de impunidad, de credibilidad, etcétera.
De una manera u otra el país ha sobrevivido en un “México, no te acabes”, engrosando los cinturones de pobreza, mientras las autoridades deciden modificar los criterios de medición para manipular las cifras y reducir en apariencia el número de personas menos favorecidas.
A pesar de la desatención y en algunos casos el desdén de la Federación, por el empuje de su gente, la participación social, el carácter de los ciudadanos, su ubicación geográfica entre otros muchos factores-, a pesar de los obstáculos, algunas zonas han podido avanzar más que otras, como es el caso de los estados norteños entre los que afortunadamente se encuentra Baja California.
Es a ese coraje, decisión y osadía a lo que deberán recurrir los mexicanos, en especial los bajacalifornianos, una vez más, ante la falta de realidad, preparación y prevención de sus gobiernos durante el próximo 2018 que se avecina como el peor del sexenio peñista, un año electoral y, para colmo, el “año de Hidalgo”. Primero para enfrentar todas las consecuencias negativas de la aprobación de la Ley fiscal del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la cual ni se preparó ni se blindó la Secretaría de Hacienda, lo que afectó de manera inmediata el tipo de cambio del peso frente al dólar; especialistas vaticinan puede cerrar 2017 entre los 18.70 y 19.20 pesos por dólar, y podría llegar el próximo año incluso a los 21 pesos. Y obvio, la consecuente reducción de inversión extranjera que se avecina.
Luego, la inestabilidad del peso que conduce a un aumento en la inflación que en los últimos dos años ha quedado muy lejos del optimista 3 por ciento previsto por el Banco de México, siendo Tijuana y Mexicali, dos de los municipios más afectados donde ha llegado hasta el 7.24%, y, según expertos, el próximo año podría alcanzar hasta el 9%.
Esa inflación que también se verá afectada por el aumento de precios de la gasolina -ese que el gobierno prometió que iba a mejorar después de la Reforma Energética-, y no hay que olvidar que en noviembre la Comisión Federal de Electricidad informó que se reduciría el subsidio a los usuarios domésticos de bajo consumo. Luego el Gobierno del Estado anunciando aumentos como el de uso de agua para los inversionistas en industrias y comercio, 24% en Rosarito, 18% en Ensenada y 13% en Mexicali, entre otros.
Después hay que enfrentar la devaluación educativa, con todo y la reforma que tanto publicita el Presidente
Peña Nieto. Análisis realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que agrupa a 35 países, ha colocado a México en los últimos lugares de educación en los últimos 16 años; este 2017, tuvo 19 puntos, mientras el resto de las naciones de América Latina se encuentra de los 25 a los 35 puntos. El promedio general de la OCDE es de 38 puntos.
El mismo organismo reporta la devaluación salarial del país, donde informan que a pesar de los incrementos por encima del 9.5%, México tiene el mini salario mínimo más bajo de los 35 países que lo integran; la media es de 50.21 dólares y en México apenas llega a 14.63 dólares. Y lo mismo en el análisis del sector salud, pese a que de 1970 a la fecha, la esperanza de vida aumentó 14 años. Con 75 años, es una de las más bajas de los países de la OCDE.
Y en un año que concluirá con más de 25 mil ejecuciones en el país, también habrá que encarar la devaluación de la justicia. De acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, presentado por la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP), México ocupó el cuarto lugar en el mundo como país impune con un 69. 21%, solo existe más impunidad en Filipinas, India y Camerún. De la mano, por supuesto, va la corrupción donde México tiene el primer lugar en América Latina, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción.
En ese escenario, a la ciudanía solo le resta organizarse, aplicarse, exigir su derecho a vivir en paz y participar activamente en la toma de decisiones -de nuevo 2018 es año electoral- porque es más que evidente que dejar solas a las autoridades y darles carta abierta, no ha sido un modelo que a la fecha redunde en los beneficios que permitan a México y a Baja California, dejar atrás sus constantes devaluaciones.
