Durante los últimos once años, las asociaciones de desparecidos habían pugnado públicamente y ante las autoridades para que el Estado genere una estructura judicial que persiga el delito de desaparición forzada. No lograron avances. Los perpetradores son gente a la que comúnmente los gobiernos no quieren tocar, corporaciones o autoridades por un lado, y miembros del crimen organizado por el otro.
Y en medio de esa impunidad, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) contempla ya los nombres de más de 34 mil víctimas, mil 051 solo en Baja California, colocándolo en el lugar número 12, a pesar que las autoridades locales no incluyen las denuncias que catalogan como “levantones”.
A partir de julio de 2008, el Gobierno del Estado de Baja California creó la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, pero sin legislación ni regulación, en el proceso reformaron el Código Penal local para considerar la desaparición forzada delito grave, pero no hubo avances en el combate al delito.
En 2015, desde México, la procuraduría local recibió la instrucción de cambiar el nombre porque “nadie desaparece” y dijeron debía ser “no localizados”. En junio de 2016, cuando entró en vigor el Código Nacional de Procedimiento Penales con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, de nuevo el delito desapareció del marco legal.
Pero de 2014 a la fecha, la fiscalía de “no localizados” no opera como tal, las desapariciones son atendidas por parejas asignadas al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), integrada a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE), o por las subprocuradurías de zona, dependiendo quién sea el victimario, cuando logran identificarlo.
En teoría, las cosas están a punto de cambiar. La nueva Ley General sobre Desaparición de Personas se aprobó en noviembre de 2017 y con ella la palabra “desaparición” regresó al lenguaje y repertorio de delitos de las fiscalías.
Si bien la legislación no cumple con todos los estándares internacionales, ya considera penas privativas de la libertad de 20 a 60 años, pero pueden llegar hasta 90 años con agravantes. Además de los policías y autoridades, incorpora como posibles victimarios a los civiles, porque sépalo Usted, antes de esta Ley, a los integrantes de la delincuencia organizada que no tenían cargo público, no se les podían fincar cargos por el delito de desaparición forzada.
También garantiza que las desapariciones se persigan de oficio, y de manera permanente mientras se ignore “la suerte y el paradero” de la víctima, “no procederá el archivo temporal, el delito es imprescriptible, no está sujeto a criterios de oportunidad, y se prohíbe la amnistía”.
Y ofrece una ventaja reclamada durante largo tiempo por las familias de desaparecidos: la Declaración Especial de Ausencia para “proteger el patrimonio de la persona desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad”.
El marco legal entró en vigor el 16 de enero de 2018, el funcionamiento de la fiscalía especializada tiene como plazo el 16 de febrero, lo mismo que la Comisión Nacional de Búsqueda. Y la parte que más interesa para Baja California, las Comisiones Locales de Búsqueda, que deberán entrar en funciones el próximo 16 de abril.
La nueva Ley pretende “ciudadanizar” o mínimo incrementar la participación ciudadana, por lo que la designación del o la comisionado local incluye “una consulta pública previa a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia”, antes de que sea nombrado por el Ejecutivo.
Esta Comisión será la responsable de vigilar que se cumpla la obligación de las nuevas fiscalías locales especializadas “… para que los familiares -de las víctimas- y sus representantes siempre tengan acceso a los indicios, evidencias y pruebas relacionadas con la búsqueda, y puedan proponer acciones de investigación para la búsqueda y localización de la persona”.
Sin embargo, las asociaciones donde están integradas las familias de desaparecidos permanecen, y con razón: la desconfianza de que en esta nueva Ley sigue siendo el gobierno principal responsable de las desapariciones, y al mismo tiempo el encargado de investigar y castigar.
Por lo pronto, la Procuraduría General de Justicia del Estado ya trabaja en la creación de la fiscalía especializada a la que serán asignados los 24 agentes, un coordinador, dos ministerios públicos, los autos y los dos canes certificados que tiene actualmente CAPEA.
Y en ese marco, es ya también tiempo que las asociaciones civiles y organismos no gubernamentales ocupados en el tema, empiecen a revisar, analizar con la autoridad el mecanismo de selección del comisionado local que deberá entrar en funciones dentro de dos meses y veintitrés días, cuando vence el plazo marcado por Ley.
