Justo en las épocas festivas al final de 2017, a ZETA llegó información preocupante: dos empresarios de la ciudad de Tijuana, con negocios prósperos que han funcionado por años, que diariamente reciben decenas de consumidores por la calidad de sus productos y el servicio que ofrecen, están siendo amenazados. Les están cobrando piso.
A uno de ellos le dijeron que iban de parte de uno de los lugartenientes del viejo Cártel Arellano Félix (CAF), el mexicoamericano José Roque García “El Roque”, y le piden más de 25 mil pesos al mes para dejarlos trabajar su negocio sin que su familia sea secuestrada o asesinada. Y lo está pagando. Ellos tienen su empresa en las inmediaciones de la Zona Centro.
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Al segundo también le pidieron varios miles de pesos a cambio de no dañarlos, su empresa está ubicada en lo que el Grupo Coordinación considera la zona de influencia del ex miembro del CAF liberado, Filiberto Parra Ramos “La Perra”, pero esta gente trabajadora ya fue víctima entre 2008 y 2010, entonces pagaron, pero eso no impidió que estos criminales atacaran a su familia. Su miedo es mayúsculo.
Ninguno de los afectados ha denunciado porque no creen que las autoridades puedan hacer algo al respecto.
El cobro de piso es una especie de impuesto generado por miembros del crimen organizado; en Baja California se hizo público entre los años 2006 y 2010, una diversificación de los delitos ejecutados por los cárteles de la droga para tener una entrada de ingresos adicional mediante la cual decidieron usar el terror para afectar y quitarle el dinero a los ciudadanos productivos de la sociedad que no se habían inmiscuido con ellos en el trasiego y venta de droga.
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En el código penal, este delito está tipificado como extorsión: “Al que para obtener un lucro obligue a otro, a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, se le impondrá prisión de dos a ocho años y hasta cuatrocientos días multa”.
Como los secuestros, el cobro de piso fue una de las medidas criminales usadas por las fracciones del CAF para aumentar su capital, ya que la pugna interna y los bloqueos hechos por el gobierno de Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001 habían reducido el cuantioso flujo de sus finanzas de la droga.
Dueños de empresas, comercios, profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, recibían visitas de un sujeto que se presentaba como miembro del cártel, les advertían que debían pagar una cantidad, en miles de dólares, usualmente mensual, para poder seguir trabajando y que nadie de su familia fuera asesinado.
La gente aterrorizada no denunciaba, y los extorsionados eran obligados a entregar listas de otros diez de sus conocidos o amigos que pudieran ser extorsionados. La mayor cantidad de denuncias se dieron entre 2008 y 2010, después empezaron a disminuir.
En 2017, de las 187 denuncias por extorsión registradas –seis en Rosarito, 12 en Tecate, 37 en Ensenada, 39 en Mexicali y 93 en Tijuana-, de acuerdo a las autoridades, solo tres de Tijuana no fueron “extorsiones telefónicas” y en todas estuvo involucrado un ex trabajador inconforme; solo una estuvo relacionada con crimen organizado, y aunque los ejecutores fueron criminales, el “trabajo” se los puso un ex empleado.
Pese a esta versión oficial a lo largo del año pasado, representantes del sector médico, de la Cámara de la construcción y desde el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla, han referido la presencia del cobro de piso, principalmente a pequeños negocios en la Zona Este. Aunque consideran la versión de que se trata de delincuentes menores que se hacen pasar por miembros del crimen organizado, aprovechando el miedo de la gente.
En estas condiciones la experiencia ciudadana que sirve a los criminales para seguir generando terror, podría ser útil también para evitar que continúen avanzando. Cabe recordar que en épocas pasadas, cuando las personas extorsionadas se quedaron calladas, se convirtieron en víctimas permanentes por varios años, algunos al punto de tener que cerrar sus negocios, luego los criminales escalaron y empezaron a secuestrar a sus familiares, después, a pesar de que pagaban -aún no se sabe por qué-, los mataban.
No denunciar no mejoró las cosas, en el contexto de silencio los criminales fueron y son los únicos que ganan, sean los miembros del crimen organizado, o los delincuentes menores oportunistas que se aprovechan del clima de inseguridad e impunidad que la falta de resultados de las corporaciones han generado.
De nuevo la invitación a la víctimas es a denunciar y, si no confían en las autoridades, lo pueden hacer apoyados por los grupos empresariales o ciudadanos organizados; se trata de evitar que la violencia en su contra escale, y de obligar a la autoridad a dar resultados.
