Víctimas, ciudadanos y abogados, relacionan el incremento en la inseguridad del último año, con la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Específicamente con el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva. La comisión de muchos delitos, graves para la sociedad, dejaron de serlo en Código de Procedimientos Penales, tanto federal como estatal. Por ejemplo, el robo con violencia, el robo de vehículo, el tráfico de menores, la portación de armas de fuego, cualesquiera y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Esto da como resulta que más delincuentes estén en las calles. Policías los detienen ante la denuncia ciudadana y los jueces los liberan, fundamentados en el sistema garantista. Es un círculo vicioso. Delinquen, los denuncian, los aprehenden, los señalan, los liberan y reinician su vida delictiva.
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En México, en Baja California, no hay una real cultura de la prevención del delito en las áreas exprofeso para ello, mientras en los penales la rehabilitación no se ha alcanzado. Aunado a la falta de oportunidades para el desarrollo del individuo y la ausencia de una educación de calidad, el rompimiento del tejido social es evidente.
De acuerdo a los consejos ciudadanos de Seguridad Pública, los delitos graves para los ciudadanos, los robos, los asaltos, han incrementado en un 30 por ciento. El patrullaje policíaco ya no es suficiente cuando el delincuente sabe que puede cometer un delito y librar la prisión. Existen casos de ladrones detenidos tres ocasiones por semana, sicarios atrapados decenas de veces y puestos en libertad de manera consecutiva.
La realidad es que la impunidad que gozan los rateros, ladrones y asesinos, tiene que ver con la ausencia de un castigo ejemplar para sus acciones.
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Luego de tomar posesión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, magistrado Salvador Ortiz, dijo que este escenario de la puerta giratoria en que se ha convertido la administración de la justicia en Baja California, a propósito del NSJP, era una de sus principales preocupaciones. Lo expresó después de escuchar cómo los jueces del Nuevo Sistema utilizan distintos criterios para dejar en libertad a un delincuente, igual aquellos que no consideran un cuchillo como arma, como quienes no toman en cuenta la reincidencia para determinar la prisión preventiva.
Dijo Ortiz que tendría serias y profundas pláticas con los jueces para pedirles aplicar la justicia en beneficio de la sociedad, también hizo hincapié en la necesidad de mejorar y reforzar los procedimientos de las policías en la integración de los expedientes, sean los de primer contacto como los municipales, o los encargados de la investigación como son los ministeriales.
Al compromiso de Ortiz ahora se suma el del también flamante secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea. Sabedor de la inseguridad que priva en las calles de Baja California, más allá de los homicidios de por sí altos y en escalada, ha establecido un proyecto con el que pretende que por lo menos, quienes delinquen de manera sistemática aprovechando las “bondades” del Nuevo Sistema de Justicia Penal, obtengan un castigo definitivo.
Explica Sosa que a partir de enero pondrá en marcha una plataforma electrónica en la que estarán enlazados, la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad Pública. Los primeros a partir de los agentes del Ministerio Público, el segundo con los jueces y el último con las policías.
En esa plataforma, que será informativa y a la cual se accederá a partir de la huella digital y una firma electrónica para conocer en todo momento quién y con cuáles fines la consulta, habrá una base de datos que las tres instancias irán alimentando, con nombres, delitos, procesos y fechas.
La idea es dejar oficialmente asentada la reincidencia. Actualmente, los jueces se quejan que los agentes del Ministerio Público no les justifican la reincidencia, y estos que no hay base de datos. La realidad es que no la tendrá fácil el licenciado Sosa Olachea, seguramente habrá que hacer un convenio, pacto, acuerdo, regla, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para echar a andar un proyecto que los inmiscuye a los dos en el combate a la impunidad.
Ante la negativa por omisión del Poder Legislativo y la Presidencia de la República para modificar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, encarcelar a los descarados delincuentes por reincidencia es la única opción viable por el momento.
Aun cuando en alguna ocasión el Presidente Enrique Peña Nieto declaró que podría haber cambios en código a partir del NSJP en caso que algo no estuviese marchando acorde para la seguridad de los mexicanos, el tema está en el olvido, a la par del crecimiento inmisericorde de la violencia y la inseguridad en el país.
Peña y sus legisladores aliados, deberían modificar el Artículo 19 de la Constitución, donde se establece: “… El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”, estos últimos, registrados así en el Código Penal Federal: homicidio doloso, genocidio, traición a la patria, espionaje, terrorismo, terrorismo internacional y sabotaje.
Pero vaya, en tanto eso no suceda, en tanto no sean adicionados los delitos de portación de armas, robo con violencia, robo de vehículo, al catálogo de los que requieren prisión preventiva, una plataforma para documentar la reincidencia y acercarla al juez, podría ser la medida que por lo menos en Baja California, acabe con la impunidad. Ojalá.
