Foto y boletín llegaron del Gobierno del Estado anunciando la última reunión del Consejo Estatal de Seguridad, realizada el domingo 17 de diciembre en las instalaciones del 28 Batallón. Encabezados por el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, funcionarios, mandos policíacos y representantes de las Fuerzas Armadas, analizaron la incidencia delictiva en 2017 y el desempeño de operativos conjuntos.
El anuncio no pudo ser más positivo: “La participación de todas las instancias de seguridad y el fortalecimiento de la Cruzada Estatal por la Seguridad, ha tenido una reducción en todos los rubros de la incidencia -de agosto a noviembre-, contribuyendo con ello a proteger el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos”.
Publicidad
Después el titular del Poder Ejecutivo estatal habló de “mantener y fortalecer los esquemas en materia de seguridad que han sido implementados en esta región del país”.
“Kiko” dijo que lo que su administración ha hecho, particularmente desde la firma de la “Cruzada por la Seguridad: Tarea de Todos” el 12 de junio de 2017, ha sido lo adecuado y que finalmente, cinco meses después hay resultados.
Revisadas las estadísticas de la incidencia delictiva publicadas en la página de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, los 7 mil 842 delitos denunciados en noviembre, lo clasifican efectivamente como el mes con menos delitos denunciados, no solo desde agosto, sino desde marzo del presente año.
Publicidad
Pese a lo anterior, vale decir que eso no saca a Baja California de los primero lugares nacionales de violencia. De acuerdo a Semáforo Delictivo, la entidad tiene alerta en los delitos de homicidios, robo de vehículo, robo a negocios y violaciones, todos en rojo, lo que significa que están por encima de la media nacional.
Un detalle que le faltó precisar al gobernador, fue que la reducción de la que habló, se dio mayormente en el delito de robo y sus modalidades. Por ejemplo, en enero la gente denunció 65 autos robados al día, mientras que en noviembre se denunció el robo de 44 carros diarios; y las denuncias de robos a negocios que en enero fueron 36 al día, en noviembre bajaron a 20 diarios. Sin embargo, esta mejoría a nivel estatal no se reflejó en Tijuana, donde la incidencia permanece ligeramente a la alza.
También en los últimos tres meses se redujeron los delitos clasificados como “otros”, bajaron en 400 denuncias, de 2 mil 922 en agosto a 2 mil 609 en noviembre. Pero en enero de 2017 esos “otros” delitos habían iniciado con números más bajos, apenas mil 159 denuncias.
En cuanto a homicidios, los 139 cometidos en enero están muy por debajo los 200 asesinatos registrados en noviembre. Pero sí, efectivamente esas 200 muertes son un número menor a las 265 ejecuciones de septiembre, y las 236 cometidas en octubre, pero lo que no comentó el licenciado Vega, fue que todos los integrantes del Grupo Coordinación fueron informados que durante ese período hubo una circunstancia específica para el incremento y decremento de la incidencia: la presencia de un sicario enviado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que después de un tiempo regresó a Guadalajara, a la par de la disminución.
En cuanto al homicidio culposo, crecieron. El año empezó con 28 en el mes de enero, en agosto hubo 34 y en noviembre se registraron 41 denuncias; los delitos patrimoniales iniciaron con 551 denuncia al mes, y en noviembre hubo 733; las violaciones pasaron de 43 mensuales a 58 en noviembre.
En estas condiciones, que el Ejecutivo hable de haber mejorado la protección del patrimonio puede ser válido, pero cualquier referencia adicional de éxito es exagerada e incorrecta, sobre todo cuando las zonas y polígonos violentos están plenamente delimitados en los cinco municipios y la inseguridad sigue siendo la constante, cuando los muertos siguen cayendo en los cinco municipios como moscas.
Porque el Estado está por culminar un año en el que no se han solicitado ni obtenido órdenes de aprehensión en contra de los cabecillas del crimen organizado, ni de sus lugartenientes, cuando solo 2 de cada 10 homicidas van a prisión. La evaluación de resultados del gobernador no puede ser tan laxa, ni debe hablar de estar cumpliendo con la obligación de salvaguardar la integridad y los derechos de los bajacalifornianos.
Todos los ciudadanos buscan la paz, pero de verdad, no de discurso. Las denuncias ciudadanas son muestras de valentía y lo mínimo que merece la población informada, es un esfuerzo de transparencia, por establecer estrategias efectivas contra los efectos de la guerra y atomización entre mafias.
