Desde la declaratoria del combate frontal al narcotráfico en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, han perdido la vida 530 militares de diversos rangos y en condiciones variadas. Pese a ello, las zonas con mayor conflicto e intervención militar como Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero, continúan con elevadas cifras de crímenes de alto impacto. Mientras autoridades aprueban la Ley de Seguridad Interior, que reglamentaría la participación del Ejército en las zonas de peligro y violencia en México, ciudadanos y organismos de la sociedad civil la rechazan
La noche del primero de mayo de 2007, en la plaza cívica de Carácuaro, Michoacán, policías municipales se enfrentaron con desconocidos que los recibieron a balazos. Oficiales repelieron la agresión y abatieron a uno de los criminales, pero el resto logró escapar a bordo de una camioneta Ford, con placas de Texas.
Mientras los sicarios emprendían la retirada, uniformados pidieron el apoyo a compañeros de todas las corporaciones, generando una intensa movilización que, hora y media antes de la media noche, blindó la localidad. Al operativo de búsqueda se unió el Ejército Mexicano que tenía pocos meses en las calles, para combatir la delincuencia.
Ocho militares de la 21 Zona Militar conformaban un convoy que patrullaba la periferia del municipio ubicado a dos horas y media al sur de Morelia, cuando un comando de al menos 30 hombres -según reportes de prensa- emboscaron a los vehículos castrenses, disparándoles con armas de grueso calibre y arrojando granadas de fragmentación. El factor sorpresa jugó contra los milicianos que no atinaron en su respuesta; el ataque dejó el saldo de cinco militares muertos y tres heridos de gravedad.
Ese día perdió la vida el Coronel de Infantería Antioco Hernández Morales, el primer alto mando abatido en el periodo de Calderón. Además perecieron el Sargento II Humberto Ruiz Hernández y los cabos Armando Valentín Aguilar, Israel Téllez Villanueva y Júpiter Francisco Carrillo Cornejo.
Han pasado más de diez años de este enfrentamiento, el primero desde el inicio del combate frontal al narcotráfico en diciembre de 2006, y la cifra contabiliza 530 castrenses de diversos rangos que han perdido la vida en operativos contra el crimen organizado, la mayoría de ellos en enfrentamientos directos.
La década está plagada de pasajes oscuros como el ocurrido el 30 de septiembre de 2016, cuando sicarios, presuntamente del Cártel de Sinaloa, emboscaron a otro grupo de soldados que trasladaban un herido desde Badiraguato, Sinaloa. Ya se encontraban en Culiacán cuando se suscitó la balacera en la que se utilizaron armas de un calibre que podría derribar aviones. El saldo fue de cinco militares muertos y diez heridos; tampoco hubo detenidos.
Cuando el Presidente Felipe Calderón ordenó la intervención militar -según sus primeros discursos- era una medida temporal. Sin embargo, su sexenio culminó sin el regreso a los cuarteles.
Enfrentamientos, accidentes y hasta deshidratados
Las cifras oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabilizan 530 militares muertos en labores contra el crimen organizado, de los cuales, 277 se han dado durante enfrentamientos.
Los combates entre criminales y soldados se han dado prácticamente en los mismos 10 estados: Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Durango, Sonora y Veracruz, siendo la primera entidad la que sobresale con 126 homicidios de castrenses, muy por encima del segundo lugar, Sinaloa, con 66; seguidos de Michoacán, con 58, y Guerrero, con 50.
Además de esto se contabilizan otros factores como accidentes de tránsito, que han dejado 123 víctimas. En tercer lugar se encuentran los accidentes aéreos, con 51 bajas, seguido de las ejecuciones, con 31. También se reportan 14 uniformados ahogados y caídas, arrastrados por la corriente, al igual que atropellados, con ocho casos cada uno.
Las omisiones por parte de mandos se manifiestan en la cifra, pues se registraron cuatro electrocutados, dos fallecimientos por golpe de calor; además de intoxicados, víctima de agresiones -sin especificar-, deshidratados y por causas inexplicables, que arrojan resultados de uno por categoría.
Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Chihuahua son las entidades con mayores tropas abatidas y -salvo por el Estado de México que encabeza prácticamente todas las encuestas de inseguridad- los que presentan las peores cifras de homicidios, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En Baja California existe un alto índice delictivo, sobre todo en el municipio de Tijuana, el cual sufrió un repunte en los últimos dos años, derivado de pugnas del crimen organizado. Fuerzas federales han intervenido, pero la mediación del Ejército no ha sido para sustituir a las autoridades civiles, sino de apoyo a diversas diligencias.
Es por ello que la cifra de muertes de elementos del Ejército Mexicano es mucho menor que en otras entidades de similares condiciones, pues solo se han contabilizado siete decesos, cuatro en accidentes de tránsito y tres en enfrentamientos.
Dos militares fallecieron a causa de enfrentamientos. El caso más recordado se remonta al 15 de octubre de 2008, cuando metrallas terminaron con la calma de la colonia Santos, en Tijuana. Policías y militares se enfrascaron en una reyerta con varios sicarios y un soldado de 28 años muerto.
Al ser cuestionado sobre estos datos, el recién nombrado Comandante de la II Región Militar, Gabriel García Rincón, minimizó la cifra de bajas y afirmó que todas sus operaciones son de alto riesgo. “Todas las acciones que realiza el Ejército siempre son de alto riesgo, y yo creo que vale la pena correr esos riesgos cuando es en beneficio de nuestra población”.
Comentó que su labor no es de sustitución de las fuerzas civiles, sino de abonar a la seguridad pública, por lo que su principal objetivo es cooperar con las policías de la entidad
Un fracaso la intervención militar
Si se toman los homicidios como el principal indicador en la medición de la inseguridad, las entidades donde existe una mayor actividad militar ha mantenido o empeorado sus cifras desde la intervención de las Fuerzas Armadas.
De las 10 entidades con mayores decesos de militares, nueve se encuentran en números rojos en materia de homicidios, según información de Semáforo Delictivo. Coincidentemente, fueron las entidades prioritarias en el combate al narcotráfico.
Dicha tesis la sostiene el doctor en Derecho, Alejandro Madrazo Lajous, investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), quien a través de un video informativo indicó que en diversos ensayos establecieron que movilizar a las Fuerzas Armadas en los operativos conjuntos, generó un incremento de los homicidios.
En la tesis del CIDE, llamada “Geografía de la Violencia en México”, refiere que la intervención militar provocó desestabilidad en los acuerdos establecidos en diversos sectores sociales y gubernamentales con el crimen organizado.
Ante el nuevo enemigo, los grupos del crimen organizado reforzaron su armamento, lo que en conjunto con las pungas internas de los grupos criminales, generaron más enfrentamientos y homicidios.
Basta con ver las cifras de estas diez entidades para confirmarlo:
En 2007, Tamaulipas registró 265 homicidios y para 2012 contabilizaba mil 016. La cifra disminuyó de forma importante para 2013, pues se registraron 556; pero para 2017, los datos alcanzan los 635. Aunque se reconoció un descenso, la incidencia era menor previo a la declaratoria del Presidente Felipe Calderón.
La misma constante se mantiene en otras entidades como Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León, donde los resultados fueron negativos.
Otra tesis del Cide, titulada “Índice de Letalidad”, refiere que Guerrero, Tamaulipas y Veracruz reportaron, de 2008 a 2014, números elevados en el tema de enfrentamientos. De hecho, la entidad norteña registró más de 300 en este periodo y la letalidad de estos enfrentamientos fue de 7.9 por cada herido -casi ocho muertos por cada lesionado en enfrentamientos-, lo que a su juicio sugiere un excesivo uso de la fuerza.
Autoridades respaldan Ley de Seguridad Interior
Tanto el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Sosa Olachea, como el director de la Policía Municipal, Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, respaldaron la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada por el Congreso de la Unión.
Aunque para diversos sectores es una medida represora que eterniza la intervención militar en labores civiles, además de confirmar que las fuerzas civiles fueron superadas por el narcotráfico, ambos funcionarios indicaron que dará certeza jurídica a las Fuerzas Armadas que vienen realizando labores civiles.
Alonso Ulises Méndez comentó que en Mexicali, la situación no representará cambios significativos, pues la intervención de la Sedena es mínima y solo intervienen como apoyo, aunque reconoció la labor que llevan a cabo las instituciones militares en la localidad.
Por su parte, Sosa Olachea declaró que con esta nueva ley, los militares se sentirán más seguros en sus intervenciones.
El funcionario estatal negó que se trate de un mensaje negativo o que el crimen organizado haya superado a la fuerza civil, pues solo lo ve como un apoyo, ya que hacer crecer a las corporaciones policíacas no es algo sencillo.
“No quiere decir que estemos mal, solo es un apoyo adicional”, sentenció el secretario, quien está encargado de la seguridad en Baja California, el cual, para el mes de octubre contabilizaba más de mil 700 homicidios.
En el mismo video difundido en internet, Madrazo Lajous, uno de los principales críticos de la Ley, dijo que pretende avalarse una política de seguridad con resultados desastrosos para la ciudadanía.
“Estamos avalando una política pública que ha sido desastrosa, ya sabemos que el movilizar a las Fuerzas Armadas militares ha provocado el incremento de homicidios, es un fenómeno de causalidad entre los operativos conjuntos y los homicidios”.
A este reclamo se han sumado las comisiones estatales y nacionales de los Derechos Humanos y un sinfín de agrupaciones, además de organismos internacionales que ven a la puerta la militarización de la seguridad en México.
Organizaciones la rechazan
Aunque el gobierno respalda la propuesta el Grupo Parlamentario del PRI, diversas asociaciones civiles, de derechos humanos y hasta la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazan la Ley por considerarla un acto de militarización del Estado mexicano.
En el mismo video difundido en internet, el doctor Madrazo Lajous, uno de sus principales críticos, dijo que pretende avalarse una política de seguridad con resultados desastrosos para la ciudadanía.
“Estamos avalando una política pública que ha sido desastrosa, ya sabemos que el movilizar a las Fuerzas Armadas militares ha provocado el incremento de homicidios, es un fenómeno de causalidad entre los operativos conjuntos y los homicidios”.
El rechazo se dio también por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución que, a través de un comunicado de prensa y bajo el respaldo de todas comisiones estatales, exhortó al Congreso de la Unión a no aprobar esta Ley, y que la someta a un debate profundo ante la sociedad, a efecto de mejorar muchos puntos ambiguos.
El documento respalda la solicitud del representante en México del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, quien también rechazó la Ley, entre otros puntos, porque no establece plazos para regresar al Ejército a los cuarteles.
Durante un debate en el Senado de la República, Jarab indicó que la intervención del Ejército en labores civiles provocó un repunte en las violaciones a derechos humanos, mientras que la CNDH indicó que las cuestiones de seguridad pública deben correr por cuenta de autoridades civiles, lo que la Ley de Seguridad Interior no contempla.
Otras instituciones como Causa en Común y Artículo 19”se unieron al rechazo a través de posicionamientos. La primera por considerar que se va a perpetuar la presencia militar en las calles y se les otorga facultades exclusivas de autoridades civiles, mientras que la segunda refiere que existirá opacidad en la intervención militar.
Un ejemplo es el Artículo 9, el cual protege toda información sobre operativos militares relacionados con el tema a la protección de la Seguridad Nacional, por lo cual serán datos reservados.
De igual manera, el Artículo 8 establece que toda protesta social o político-electoral “pacífica” no podrá ser considerada de Seguridad Interior. Esto abre la posibilidad -según Artículo 19- a la discrecionalidad, pues no establece los lineamientos de una protesta pacífica, dejándolo en un tema de percepción.
Tampoco genera contrapesos en la intervención militar en ningún aspecto, lo que otorga libertades de realizar cualquier diligencia, incluso de violación a la privacidad, bajo el argumento de la “seguridad nacional”. No define claramente los términos de Seguridad Pública y la intervención de las Fuerzas Armadas en el mismo.
Desde su aprobación en la Cámara de Diputados, organizaciones, actores políticos y sociales, han iniciado protestas y reclamos en contra de esta Ley que representaría, a su juicio, un empoderamiento enorme al Ejército sobre problemáticas en el ámbito civil.
