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sábado, febrero 24, 2024
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Urge Unidad de Quemados

El 5 de julio de 2017, Ana Karen Flores y su hijo Jared de 4 años, fueron quemados con un soplete por el novio de la muchacha. El pequeño murió el mismo día con quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo, la mujer con lesiones en el 80 por ciento de su humanidad fue traslada a la unidad de quemados en Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de julio cuando pudo respirar por sí misma, pero murió el 9 de agosto.

Fredy Valdez Márquez de 18 años quemaba basura en un predio en Rosarito el 19 de octubre cuando –por accidente–, su cuerpo terminó cubierto de líquido flamable y fuego, la primera semana de noviembre el Gobierno del Estado de Baja California boletinó que el Gobernador Francisco Vega había facilitado el avión del ejecutivo para que el joven fuera trasladado al Hospital General “Dr. Salvador Zubirán Anchondo” de Chihuahua, para recibir tratamiento en la unidad de quemados. Una semana después, la recuperación de su cuerpo incluyó poder caminar y el retiro de algunos aparatos.


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Durante las primeras horas del 10 de noviembre del 2017, falleció Casandra de apenas 4 años. La menor sufría quemaduras de vías aéreas (aparato respiratorio). La “traila” donde vivía en Rosarito se había incendiado un día antes; debido a la gravedad de su estado iba a ser trasladada a Estados Unidos a una unidad de quemados en Sacramento, California.

Lo que tienen en común los casos antes expuestos con otras decenas de víctimas similares en Baja California son dos cosas: una, que sin importar el grado de gravedad de las quemaduras, la única posibilidad de atención que tienen en este territorio son las unidades de terapias intensivas; y dos, que muchos de ellos mueren a pesar de la dedicación de los médicos locales, debido a la falta de equipo y atención especializada.

Cuando las heridas son “graves” la versión de los familiares es muy similar: “nos dicen que si se queda aquí va fallecer”; es entonces cuando informan a los parientes de la necesidad urgente de trasladarlos a la unidad de quemados más cercana, porque aquí no existe una.


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En estas condiciones las víctimas y sus familias deben enfrentar los gastos de los traslados, las estancias en otras entidades del país o el extranjero, y después los costos de las reconstrucciones estéticas.

Esto sucede en un estado, con un gobierno advertido desde el año 2015 durante el XXXV Congreso Nacional Asociación Mexicana de Quemaduras, cuando los especialistas hablaron de la urgencia de una Unidad de Quemados para Baja California “entidad que se ubica en los primeros lugares en cuanto víctimas”.

Conforme al documento, “Tendencia de mortalidad por quemaduras en México, 1979-2009”, el 18 por ciento de los lesionados que son hospitalizados no sobrevive, y eran los estados del noroeste, Baja California (segundo lugar), Chihuahua, Baja California Sur, Sonora y Durango, los que sumaban más casos. En otro estudio de 2011, Baja California está en el lugar 10 de 32.

No se localizaron datos de cifras recientes de mortalidad nacional por quemaduras, por lo que para tener una idea de los riesgos ZETA solicitó a las unidades de Bomberos en el estado los números de atenciones de incendios en lo que va del año 2017. En Ensenada, de enero a septiembre atendieron incendios en 416 casas, 40 comercios, 3 escuelas, 176 autos, 170 cilindros de gas, y mil 443 incendios forestales; en Rosarito entre conatos, incendios parciales y totales hubo 107 en casas, 18 en comercios y 88 automóviles; solo informaron que realizaron 5 mil 591 servicios de emergencia, pero no detallaron.

En Tijuana atendieron mil 262 incendios domiciliarios y 2 mil 868 forestales; en Tecate el reporte es de 171 incendios de casas, nueve de comercios, tres robos de combustible en tomas clandestinas, 125 de vehículos, mil 215 lotes baldíos,  240 forestales y 421 “incendios y otros”; y Mexicali acumula 6 mil 156 incendios, entre casa habitación, comercios lotes baldíos y etcéteras.

En cuanto a las muertes, como la Procuraduría no lleva un conteo específico de las muertes por quemaduras, se pudo saber que en lo que va del año en Tijuana ha habido 64 muertes dolosas y en Mexicali 6 por este motivo, pero faltaría conocer las estadísticas de los otros tres municipios y los números de muertes culposas en incendios. Aparte contabilizan los cortos circuitos o la explosión de transformadores y derrumbe de postes con cables eléctricos.

Entonces resulta lógico el llamado que apenas en julio pasado hizo el director del Hospital General de Tijuana, doctor Clemente Zúñiga, para que la comunidad previniera los accidentes con fuego, porque “…la capacidad para atender quemados es limitada… en la ciudad no tenemos unidades de cuidados especializados para el paciente quemado”.

Dadas las condiciones existentes está clara la insuficiencia del gobierno que se limita a hacer emplazamientos y recomendaciones –a través del sector Salud y Bomberos–, para prevenir accidentes e incendios.

Pero por cuánto tiempo más el Gobierno de Baja California de Francisco Vega condenará a los pacientes con quemaduras a unidades de terapia intensiva, o los someterá a la buena voluntad de las unidades de quemados los estados vecinos, poniendo en riesgo la vida de las víctimas que deben esperar y superar etapas críticas para poder acceder a una atención integral, antes de tomar la decisión de construir la infraestructura necesaria en un Estado que se preciaba de ir a la vanguardia pero que en estos casos recurre a otras entidades mejor equipadas y preparadas.

La ciudadanía ha podido observar el crecimiento en la incidencia de accidentes, incluso de los ataques intencionales con fuego, y se entera constantemente de las muertes por quemaduras, esto sin que las autoridades locales decidan hacer de la construcción de la Unidad de Quemados una prioridad gubernamental. Todo indica que, como siempre, están esperando que la sociedad organizada los presione para entonces comprometerse con otra de las necesidades evidentes de sus gobernados.

En materia de salud, Baja California requiere de mayor infraestructura, de más medicamentos y áreas especializadas, y ese es otro tema en que el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid está fallando.

Autor(a)

Rosario Mosso Castro
Rosario Mosso Castro
Editora de Semanario ZETA.
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