Humberto y Rubén Moreira, Fidel Herrera y Javier Duarte, son señalados directamente por testigos en juicios contra integrantes de Los Zetas, de haber recibido millones de dólares y estar involucrados con los capos de este cártel a cambio de otorgarles impunidad, facilitarles el trasiego de drogas, armas y dinero, así como de darles contratos de gobierno. El informe de la Universidad de Texas, que analiza estos testimonios, concluye: “Tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila”
El poderío e impunidad de los que goza el Cártel de Los Zetas en estados como Coahuila, solo se explican con la complicidad de instituciones y funcionarios públicos quienes, ya sea por acción u omisión, tuvieron un papel en la comisión de miles de crímenes y abusos a derechos humanos.
Así lo expone la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en su informe “Control… sobre todo el Estado de Coahuila”, a partir de un análisis de testimonios de víctimas, sicarios, lavadores de dinero y empresarios ligados a Los Zetas en juicios contra integrantes de esta organización en Estados Unidos.
Más allá de los vínculos con policías, servidores públicos y otros empleados de gobierno, son los nexos directos entre esta organización criminal y los hermanos Humberto y Rubén Moreira, actual gobernador y ex gobernador de Coahuila, respectivamente, así como con Fidel Herrera, ex mandatario estatal de Veracruz, los que revelan la infiltración del narcotráfico en la política mexicana.
“Según los testimonios, la influencia de Los Zetas sobre el Estado de Coahuila en todos los niveles de gobierno les permitió llevar a cabo sus negocios a lo largo del Estado con impunidad y, a menudo, con el apoyo directo de funcionarios públicos, policías estatales y municipales”, indica el informe supervisado por Ariel Dulitzky, director de la Clínica.
Los testimonios se desprenden de tres juicios. El primero ocurrido en Austin, Texas, en el que se condenó a Francisco Colorado Cessa.
Cessa es un empresario que fungió como testaferro y el principal encargado del negocio de carreras de Los Zetas, acusado de lavar decenas de millones de dólares para el cártel a través de un rancho de caballos en Estados Unidos.
En el segundo juicio, en San Antonio, el acusado fue Marciano Millán Vázquez, un comandante de alto rango de Los Zetas en Piedras Negras, Coahuila, sentenciado por asesinatos vinculados con el tráfico de drogas, poseer armas de fuego para cometer un crimen de narcotráfico y tráfico de drogas en Norteamérica.
En el tercer juicio, en Del Río, José Eliud Lugo López y Emilio Villalobos Alcalá fueron sentenciados por tráfico de drogas, posesión de armas de fuego para cometer un crimen de narcotráfico y apoyar el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
Millones entregados a los Moreira y a Fidel Herrera
En diversos testimonios, los gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) son señalados de haber recibido millones de dólares para financiar sus campañas políticas a cambio no solo de protección para el cártel, también de contratos de gobierno.
Foto: Tomada de Internet.- Francisco Colorado Cessa
Se trata de Humberto Moreira, gobernador de Coahuila de 2005 a 2011; Rubén Moreira, actual gobernador de la entidad; así como de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, pero no son los únicos priistas vinculados con Los Zetas.
Otro testimonio señala que Heriberto Lazcano “El Lazca”, ex líder de Los Zetas, se reunió en una casa que pertenecía a Javier Duarte, gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, con otros jefes de plaza del cártel y una contadora que trabajaba con ellos, a quien asesinó justo después del encuentro como castigo por un error en las cuentas que llevaba de la organización criminal.
Quien rindió este último testimonio es Rodrigo Humberto Uribe Tapia, asesor de inversiones y encargado de lavado de dinero de Los Zetas en Piedras Negras de 2006 a 2009 y quien ha colaborado con autoridades estadounidenses desde 2009.
Uribe también testificó que Humberto Moreira recibió dinero de Los Zetas que fue entregado a su secretario particular y al procurador general del Estado. Rodrigo Uribe acompañó personalmente a Daniel Menera, sicario y narcotraficante bajo el mando de Lazcano, en representación de Los Zetas, para entregar dos pagos de 2 millones de dólares en efectivo a cambio del control total sobre el Estado de Coahuila, señala el reporte.
“¿A quién se le estaba sobornando en conexión con el Gobierno del Estado?”, preguntó el fiscal Leachman durante el juicio.
“Pues se hizo a través del señor Vicente Chaires (secretario particular) y Jesús Torres Charles (procurador de Justicia del Estado). Y lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al procurador general del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el señor Humberto Moreira, quien era el gobernador de Coahuila en ese entonces”, respondió Uribe durante uno de los juicios.
Por su parte, Adolfo Efrén Tavira Alvarado, ex administrador de producción para Televisa y narcotraficante que operó en Piedras Negras de 2004 a 2013 para Los Zetas, además de testigo durante los juicios, describió una ocasión en la cual Los Zetas entregaron un pago a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, “a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero”.
Otro de los testigos fue Alfonso del Rayo Mora, empresario de bienes raíces de Veracruz que a principios de diciembre de 2010 fue secuestrado, privado de su libertad y torturado por Los Zetas.
Gracias a que José Guillermo Herrera Mendoza, un político priista intervino ante un miembro de Los Zetas para que estos liberaran a Del Rayo, quien, una vez liberado, fue obligado a comprar un caballo de carreras para pagar el favor.
Con empresas contratistas de gobierno, pagaban sobornos
El origen de Los Zetas se remonta a 1998, cuando el Cártel del Golfo crea un brazo armado, conformado por ex militares, para protegerse de los ataques de su principal rival, el Cártel de Sinaloa.
En 2010, bajo el liderazgo de Heriberto Lazcano, Los Zetas se separaron del Cártel del Golfo, pero desde principios de 2004, comenzaron a expandir sus actividades de lavado de dinero, por lo que establecieron una red de pequeños y grandes negocios.
Entre los negocios predilectos de Los Zetas para lavado de dinero e impulsar sus operaciones de tráfico de personas, armas y drogas, indica el informe, estaban los ranchos, hipódromos e instalaciones para criar caballos en Estados Unidos.
Mientras que en México instalaron tiendas, centros comerciales, casinos, restaurantes, gimnasios y negocios de lavados de carros que fueron utilizados también como casas de seguridad y puntos de reunión para el cártel.
Una de estas compañías, ADT Petroservicios, fue un activo importante en las operaciones de lavado de dinero de Los Zetas. Francisco Colorado Cessa, uno de los sentenciados en los juicios, fue su fundador.
Según la declaración bajo protesta de un agente de la Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), ese mismo año, Efraín Huerta, uno de los fundadores de Los Zetas, entregó 12 millones de dólares a Colorado Cessa para apoyar la campaña electoral de Fidel Herrera para la gubernatura de Veracruz.
“Durante los juicios de Austin, varios testigos también mencionaron pagos a la campaña electoral de Fidel Herrera en 2004”, señala el informe de la Clínica de Derechos Humanos.
Marciano Millan Vazquez, “El Chano”
Estos testimonios explican que el objetivo de estas aportaciones era “congraciarse con el gobernador para que la empresa de Colorado Cessa, ADT Petroservicios, recibiera contratos de Pemex y obtuviera grandes utilidades”, señala el documento.
De esta forma, los negocios, financiados con dinero del narcotráfico, fueron otra fuente de ingresos para Los Zetas y les sirvieron también para sus operaciones de lavado de dinero, además de que, con ello, pagaban cierto porcentaje del valor total de los contratos como soborno al gobierno para obtener dichos contratos.
Según el testimonio de José Carlos Hinojosa, un ex administrador de la Procuraduría General de la República (PGR) convertido en contador de Los Zetas, entre el 10 y 16 por ciento de cada contrato con el gobierno era destinado para pagar sobornos a autoridades estatales.
También Uribe habló de esta dinámica, al explicar que Los Zetas le vendieron carbón directamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estos contratos se les garantizaron al tener una relación muy cercana con las autoridades estatales.
Además, según el testimonio de Uribe, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ayudó a Los Zetas a inventar deudas para reducir la tasa de interés que debían pagar sobre sus ingresos.
Todo un gobierno bajo las órdenes de Los Zetas
Después del homicidio de Heriberto Lazcano en 2012, Miguel Treviño Morales tomó el liderazgo del cártel hasta su arresto en 2013. Después de ello, su hermano Omar Treviño Morales se convirtió en el siguiente líder de Los Zetas.
En marzo de 2015, Omar fue detenido en una colonia a las afueras de Monterrey. Los testigos que participaron en estos juicios lo identifican como el último líder visible de Los Zetas, por lo que el informe concluye, con ayuda de información adicional, que el liderazgo se ha fragmentado con varias personas compitiendo dentro de la organización.
Una extensa parte del reporte da cuenta de la protección brindada por autoridades locales.
Por ejemplo, “Uribe declaró que integrantes de Los Zetas tomaban precauciones adicionales para prevenir ser detectados por los marinos, incluyendo el volar en helicópteros del gobierno, usar teléfonos BlackBerry y coordinar un sistema de vigilancia”, explica el documento.
En una de sus declaraciones explicó: “A mi hermano lo mandaron a la cárcel. Y entonces pagando -había una licenciada que estaba a cargo de hacer los pagos-, eso te daba la libertad para, ya saben, salir y hacer lo que quieras durante el día afuera de la cárcel, y ya solo dormías ahí”.
Esta situación fue corroborada por una testigo que narró cómo un sicario de Los Zetas, con quien ella tenía una relación romántica, pagó 167 mil pesos para ser liberado de prisión y para que los cargos criminales en su contra fueran eliminados.
José Luis Rodríguez, un narcotraficante para proveedores de alto nivel de Los Zetas, detenido en 2011 y actualmente encarcelado en Estados Unidos, “sostuvo que la prisión de Piedras Negras estaba bajo el control total de Los Zetas, el cártel usaba la prisión para sus operaciones, como el arreglar automóviles y adaptarlos para transportar drogas, hacer clavos y vender y distribuir drogas, además de utilizar la cárcel para esconderse de la Marina y de la Policía Federal”.
Incluso, narró cómo varios de sus compañeros intentaron negociar la liberación de Rodríguez a cambio de 3 millones de pesos, pero desistieron porque tanto el FBI como otras agencias internacionales ya se habían involucrado.
Sin embargo, antes de que Rodríguez fuera procesado, se le permitió hablarle a todos sus contactos con quienes tenía negocios de droga para entregar cuentas por pagar.
“Policías locales y federales permitieron que Rodríguez terminara sus negocios de tráfico de drogas con Los Zetas antes de trasladarlo a prisión. Además de retrasar su extradición dos años, poniéndolo bajo custodia de la AFI (Agencia Federal de Investigación), por lo que le pagaba a la Policía y a la Interpol 20 mil dólares dos veces al año”, refiere el informe.
Como parte de sus conclusiones, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, sostiene: “Las autoridades estatales se han negado deliberadamente a impulsar proceso de justicia a pesar de tener conocimiento de numerosos abusos a los derechos humanos cometidos por integrantes del Cártel de Los Zetas. Tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila”.
