El mexicano Rubén Ramírez Cárdenas es el onceavo connacional a quien se le aplicó la pena de muerte en Estados Unidos, dándose cumplimiento a dicha sentencia por medio de una inyección letal, el pasado 8 de noviembre, en el Estado de Texas.
El Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas desestimó la solicitud de la defensa de Ramírez Cárdenas para la realización de nuevas pruebas periciales, por considerarla una práctica dilatoria. Expertos independientes, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Mexicano, solicitaron al Gobierno Estadounidense la suspensión de la pena, señalando que el condenado no recibió un juicio justo.
A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Luis Videgaray Caso, condenó la ejecución, puntualizando que el “Gobierno de México se opone a la pena de muerte por considerarla una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas”.
A través de su cuenta de Twitter, el Presidente de la Republica también repudió la medida y emitió su pésame a la familia de Ramírez Cárdenas.
Ramírez Cárdenas fue condenado a la pena capital en 1998, siendo hallado culpable por el homicidio de su prima Mayra Laguna, de 16 años de edad, delito acaecido el 22 de febrero de 1997, en McAllen, Texas.
Según lo declarado en el juicio contra el mexicano, este junto a su cómplice José Antonio López Castillo, ingresaron a la vivienda de la víctima, raptándola para después violarla y estrangularla hasta su muerte, abandonando su cuerpo en un canal, en la comunidad vecina de Edinburgh.
El mexicano confesó el crimen, si bien, su abogada afirma que esta declaración se obtuvo bajo coacción. Posteriormente, afirmaría no haber planeado el delito y no haber tenido nunca la intención de asesinar a Laguna, sino haber actuado bajo la influencia de drogas. López Castillo cumple una sentencia de 25 años de prisión.
