Dos actas de nacimiento al parecer
proporcionadas por Registro Civil
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de Palacio Municipal a dos personas
de origen chino, resultaron apócrifas
y, por los antecedentes que existen
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en la ciudad, podrían estar
relacionadas con el tema del cruce de
personas hacia Estados Unidos.
Autoridades municipales reconocieron
el problema y el caso ya lo investiga
Sindicatura, quien dará el fallo final
en próximos días
La Oficialía de Registro Civil 01, ubicada en Palacio Municipal, facilitó en agosto la modificación y falsificación de dos actas de nacimiento a igual número de personas de origen chino, quienes de acuerdo al antecedente que se tiene en el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), podrían haber solicitado los documentos para el tráfico de personas hacia Estados Unidos.
En documentos que ZETA recibió de forma anónima, se especifica que las actas apócrifas se registraron los días 7 y 21 de junio del presente año, pero no fue hasta el 11 de agosto que la oficial de Registro Civil, María Eugenia Soler Carmona, “se percató” de dicha irregularidad, gracias a que una persona de apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) se presentó ese día para verificar la autenticidad de las actas.
En los documentos, la propia oficial especifica que una de las actas es la número 01101, año 2016, libro 01, con número de folio 09278, a nombre de Qui Soto Jie, con fecha de registro 7 de junio de 2017; la segunda acta es la número 03032, año 2017, libro 01, con número de folio 07779, a nombre de Li Yuen Dingyuan Hong Kong, con fecha de registro del 21 de junio de 2017.
Ambas firmadas por Yessica Berenice Elizalde Villalobos, quien se menciona que durante el periodo del 10 de diciembre de 2016 al 5 de julio de 2017 se desempeñó como suboficial de dicho Registro Civil; en la actualidad desempeña un cargo en el área de Tesorería Municipal.
Actas de nacimiento originales y que fueron suplantadas.
Actas que resultaron apócrifas y falsas, debido a que después que se verificó en los libros de la Oficialía, la correspondiente al número 01101 de 2016, resultó ser un acta a nombre de Kevin Alejandro Castillo García, asentada en el libro 1, tomo 6, foja 101, del día 22 de febrero de 2016; el acta número 03032, 2017, resultó estar a nombre de Emma Graciela Téllez Zepeda, asentada en el libro 1, tomo 16, foja 32 y con registro el 17 de mayo de 2017.
Situación por la cual la propia oficial Soler Carmona se apresuró a enviar el 14 de agosto una Acta Circunstanciada de Hechos y Anexos al secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz -copia en poder de ZETA– en la que se describen todos los hechos, para hacerle del conocimiento lo sucedido con estas dos actas para “los efectos legales a que haya lugar”.
En este documento se reitera el hecho de que la joven Elizalde Villalobos fue la responsable de haber firmado las actas apócrifas, sin especificar el fin o propósito del mismo, y se deslindan de los hechos tanto la oficial, como sus asistentes Alejandra Tapia Rosales y Liliana Osuna Montoya, personas que firman dicho documento como declarante y testigos, respectivamente.
Sindicatura investiga el caso
Respecto a esta situación, el secretario de Gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, reconoció ante este Semanario que efectivamente existe esa problemática al interior de Palacio Municipal y es Sindicatura Municipal quien lleva a cabo el proceso de investigación para determinar si se trata o no de un documento oficial, es decir, “de un documento original con datos falsos, o si se trata de un documento falso, con o sin firma”.
Agregó que por lo que “pudieron revisar” se trata de un documento “apócrifo en apariencia”, porque los rasgos no coinciden con alguna de las firmas que tiene autorizadas actualmente el Ayuntamiento para signar documentos, y reiteró que, aunque se hace alusión a que una funcionaria de dicho gobierno signó las actas, la firma “es fotográficamente similar (a la de ella), pero con rasgos diferentes”.
Por lo tanto, no puede asegurar si es no (falsa o apócrifa), porque no está facultado ni autorizado para hacer peritajes, sino que será la autoridad competente quien se encargue de ello y, a final de cuentas, determinar la resolución del caso, la cual podría llevarse a una estancia de manera penal para quien resulte responsable.
Resaltó que este es el primer caso que se detecta en el área de Registro Civil, por ello genera incertidumbre, sin embargo, reconoció que ya les han falsificado documentos en áreas como Reglamentos y Vialidad y Transporte, los cuales se han turnado a la Procuraduría y a Sindicatura.
“Documentos con nombre y firma de funcionarios actuales han resultado similares en apariencia, pero totalmente apócrifos por lo distinto en las características de las firmas, situación que en este caso se prevé igual”, dijo.
Delito penado con prisión y multas
De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito por falsificación de documentos es sancionable cuando la persona saca provecho para él o para otra y causa perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, por ende, se señala que este delito, cuando se trata de documentos públicos, “se castigará con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de multa”.
En el caso de los documentos privados, se manifiesta que la penalización a la que se puede hacer acreedor quien comete el delito es con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días de multa; también se señala que si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, “se aumentará hasta en una mitad más”.
Para entender el delito de la falsificación, el Código describe que ésta se comete cuando se pone una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera; aprovechando una firma en blanco ajeno; alterando el contexto de un documento verdadero; alterando el documento a lo ya estipulado, entre otros.
Antecedentes obligan a verificar la información
Voceros del INE tanto a nivel estatal como federal, manifestaron a ZETA que en este caso, las personas de origen chino no se presentaron con documentos de naturalización para realizar el trámite que pretendían hacer, sino que lo hicieron con actas de nacimiento tratando de acreditarse como mexicanos.
Acta Circunstanciada en la que se narra cómo fue toda la problemática.
Esta situación generó la incertidumbre por el antecedente que existe con esta comunidad en particular, y en general con los de otras nacionalidades, que han resultado falsos o apócrifos, por ello de inmediato se consultó en Registro Civil para cerciorarse que la información fuera la correcta, porque además el INE no cuenta con un área específica de verificación de documentos.
Agregaron que como en este caso, cuando se detecta la irregularidad en un documento, tampoco se denuncia el caso legalmente, solo se cancelan los trámites que las personas habían solicitado, porque no es de su competencia hacer una denuncia como tal.
Sin embargo, coincidieron en que sí se tiene que levantar por oficio un reporte en el propio Registro Civil, en el que se haga saber y constar lo sucedido para que el hecho se investigue responsablemente.
Tijuana, foco rojo en falsificación de documentos; nicho para la mafia china
En un informe dado a conocer el 22 de abril de 2017 por el Instituto Forense y Pericial de Latinoamérica (IFPL), se detalló que en México la falsificación de documentos representa “focos rojos”, y señala como principales ciudades con esta problemática a la Ciudad de México, Tijuana y Mexicali.
Delito que para la Procuraduría General de la República (PGR) representa que anualmente se abran un promedio de tres mil averiguaciones previas en todo el país, principalmente por la falsificación de la credencial de elector, pasaporte y acta de nacimiento, los documentos más solicitados.
Problemática de raigambre en Tijuana y en general en Baja California, la cual ha servido y funcionado como nicho para la “mafia asiática”, que conlleva en muchas ocasiones a otro delito: el tráfico de personas, como lo señala un reporte publicado en agosto de 2013 por Southern Pulse, una firma de investigación privada de Estados Unidos.
Este reporte indica que desde ese año “las mafias asiáticas, en especial de China, participan activamente en la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, en Baja California”, lugar que usan como trampolín para llegar al país vecino, la mayoría de ellos con documentación falsa o apócrifa que les facilite el acceso, o en su caso mediante la asociación con grupos delictivos de la región.
A propósito de esta situación, Rodulfo Figueroa Pacheco, delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado, compartió a este Semanario que cuentan con un sistema de validación de documentos y “no es inusual que algún documento salga mal evaluado, aunque con frecuencia son errores sin dolo”, sin embargo, se detectan algunos trámites al año donde “nos intentan sorprender”.
Resaltó que en años recientes los casos de personas de origen chino con documentación falsa han disminuido y son alrededor de diez los que se detectan anualmente, por lo general tienen que ver con intentos por llegar a Estados Unidos de manera irregular.
Aunque se les hizo la petición de manera formal, por cuestiones de confidencialidad, el INM se reservó el derecho de verificar si las dos personas de origen chino que se señalan en las actas falsas se encontraban entre sus registros migratorios, ya que no pueden brindar esa información a menos que haya un proceso en contra de las personas y que la PGR les pida compartir esa información.
Secretario ignora si existe alguna relación con el tráfico de personas
Respecto a si esta situación de la falsificación de las dos actas pudiera tener que ver en su caso con este tema del tráfico de personas, el propio secretario de Gobierno dijo ignorar y desconocer si guardaban alguna relación con ello, aunque destacó que para ellos como autoridad este tema “puede ser referente a cualquier nacionalidad, incluso la mexicana, porque hay quienes falsifican documentos para diferentes fines, no precisamente relacionados con este tipo de delitos”.
Reconoció que les preocupa esta situación independientemente de dónde provengan los falsos documentos, puesto que es una situación que se debe salvaguardar en atención a las leyes civiles del Estado y la propia Constitución, además de aquellas que regulan la migración.
Por ende, reiteró que en este caso tienen la seguridad de que “no han sido sustraídos documentos originales, que eso podría estar muy preocupante, porque somos la autoridad que emite dicha documentación oficial”.
Compromiso de agotar la última instancia
Aunque Raúl Felipe Luévano reconoció que sí queda la duda de que alguien en la calle esté haciendo mal uso falsificando documentos oficiales, tal situación ya competería a la autoridad correspondiente, como pudieran ser PGJE o PGR.
En su caso, ellos como autoridad agotarán la instancia determinada para saber si hay o no alguien involucrado de la pasada o presente administración, dato que estará primero a cargo de Sindicatura y se dará a conocer en cuanto se tenga el resultado.
