Entre humedales, dunas y flora única en el mundo, un terreno de 1 mil 633 hectáreas en Punta Mazo y Monte Ceniza, en la Bahía de San Quintín, fue entregado a particulares a un costo de 127 mil pesos, mediante diez títulos de propiedad expedidos por la Secretaría de Desarrollo Agrarios Territorial y Urbano (Sedatu) y firmados por los secretarios José Carlos Ramírez Marín y Rosario Robles Berlanga.
En 1947, el Gobierno Federal entregó el polígono de lo que ahora es una reserva natural, a la familia Orendain, luego de que el entonces presidente, Miguel Alemán Valdez, lo permutara a cambio de predios ubicados en el municipio de Magdalena, Jalisco, como parte de la repartición de la Reforma Agraria.
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La condición fue que debían vender la superficie a terceros, en los 10 años siguientes, lo cual no sucedió y ante el supuesto incumplimiento de esta cláusula, la Sedatu determinó que el terreno pasara a manos de la Nación y se asumió facultada para entregarlos a particulares por un precio de 94 pesos la hectárea, que en total fueron 127 mil pesos.
Pero ninguna autoridad notificó la pérdida de la propiedad a los Orendain, quienes seguían pasando de mano en mano, dentro de la misma familia, los títulos de propiedad según consta en el Registro Público de la Propiedad (RPP).
En el 2011 se emitió una resolución irrefutable por el Tribunal Superior Colegiado, en el que se determinó que no existe ningún acto ni proceso legal que invalide dicho decreto (el de 1947) y que el Gobierno Federal reincorpore de nueva cuenta los terrenos al dominio de la Nación.
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Pero esta resolución no fue tomada en cuenta por Rosario Robles, también pasó por alto que en el lapso en el que los terrenos estuvieron en manos de los Orendain, fueron declarados reserva natural. Con esa libertad, el 19 de noviembre de 2015, la institución de gobierno otorgó 10 títulos apócrifos a nombre de nueve individuos que fueron materia de un proceso de titulación de bienes nacionales.
La acción de Sedatu pretende beneficiar al ex diputado local Francisco Sesma Vázquez, también ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), organismo afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI); además de Héctor Bojórquez Quintero, Miguel Valadez Ríos, Manuel Fernández Ramírez, Guadalupe Díaz Castellanos, Daniel Salazar Goyri, Everardo Bayón Barrios, Mario Gerardo Rivera Garza y Juan Manuel Cota Pérez.
En 2012, la asociación civil Terra Transpeninsular se enteró de que los Orendain, a través de la empresa CROLA, S.A., pretendía construir un desarrollo turístico, por lo que pactó la compra del polígono por la cantidad de 9 millones de dólares para destinarlos exclusivamente a fines de conservación, acto avalado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Ahora, el organismo internacional impugnó en tribunales y promovió dos juicios de amparo y uno penal en contra Robles Berlanga, al considerar que la resolución firmada por la funcionaria atenta contra una zona protegida.
Los terrenos están ubicados en el proyecto de preservación medioambiental de gran alcance, donde habitan especies de animales y plantas endémicas de la región, las cuales han sido puestas en riesgo “por la ambición de los particulares con la complicidad de funcionarios de la Sedatu, encabezados por Rosario Robles”, anotaron los abogados de Terra Transpeninsular.
Con estas omisiones, Sedatu liberó los 10 títulos de propiedad sin que mediara la sentencia de un juez, señalaron los representantes legales de Terra Transpeninsular, quienes también se percataron de la creación de claves catastrales nuevas de los predios y que en el Registro Público de la Propiedad se inscribieron nuevos títulos en los folios reales, “situación a todas luces dolosa”.
También, en la solicitud de los terrenos se justificó que estos se encontraban dentro del triángulo Tecate-Tijuana- Ensenada; sin embargo, el límite sur del polígono se encuentra 180 kilómetros al norte de San Quintín.
Reiteraron que tras interponer las demandas de amparo correspondientes, un Tribunal Colegiado le reconoció la propiedad privada de quienes en su momento fueron dueños y que posteriormente vendieron a Terra Peninsular.
Actualmente, la asociación encamina sus esfuerzos a esclarecer esta situación y garantizar que la Bahía de San Quintín siga siendo un patrimonio natural de México.
“Resulta incongruente que México pretenda cumplir con proteger al menos el 17% del territorio nacional, según la meta 11 de Aichi para la diversidad biológica, cuando, víctimas de la corrupción y negligencia burocrática, se pierde constantemente territorio ya protegido y manejado con fines de conservación”, anotó el organismo.
