“En 2017, la Coordinación Nacional de Diputados Locales de Acción Nacional centrará su trabajo en generar leyes a favor de los ciudadanos, para proteger sus intereses y no los de los ejecutivos locales”, adelantó el coordinador de legisladores del Comité Ejecutivo Nacional, el coahuilense Marcelo Torres Cofiño. Estas declaraciones se hicieron públicas a través de la prensa en diciembre de 2016.
El panista agregó que la intención era impedir que los diputados y legislaturas locales “sean el tapete de muchos gobernadores y el espacio en que se solapan los actos de corrupción, como actualmente ocurre en Coahuila, o como sucedió en Durango, Veracruz, Quintana Roo y Tamaulipas”.
Dentro del análisis en su calidad de coordinador nacional, Torres habló de como estos “congresos tapetes” han tomado malas decisiones afectando la vida de los ciudadanos, alimentando a gobernadores impunes, haciendo de los congresos, órganos inoperantes y provocando el malestar social.
Sin embargo, las acciones de los diputados panistas locales por Baja California mostraron desde el inicio de su gestión, el 1 de octubre de 2016, que no recibieron ese memorándum del Comité Ejecutivo Nacional. Y en algún momento, los diputados de contrapeso, en su mayoría priistas, también evidenciaron su disposición a negociar la posibilidad de convertirse en “oposición alfombra”.
Así, la actual XXII Legislatura bajacaliforniana se ha convertido en una de las más exhibidas y cuestionadas por organismos sociales, ciudadanos y empresariales, señalados de por actuar como patiños y/o cómplices del Poder Ejecutivo prácticamente desde que empezaron a levantar la mano para votar.
Primero la aprobación de una serie de aumentos a los costos en servicios e impuestos en la leyes de ingresos de los municipios, después La Ley Estatal de Aguas -posteriormente derogada- y trámites para la operación de Constellation Brands, después licitaciones a modo para favorecer a empresas relacionadas con el gobernador y su gabinete, a través de contratos de Asociación Público-Privada.
De hecho en este momento siguen las denuncias y negociaciones por las postergadas votaciones para aprobar o rechazar endeudamientos a través de los dictámenes 94 y 95; el primero se refiere al Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica (C5i), un contrato plurianual que el gobernador licitó sin socializar, y el segundo para la construcción, financiamiento y operación de la desalinizadora en Rosarito. En ambos casos de nuevo se habla de opacidad, no socialización, licitaciones a modo, incluso de diputados recibiendo empleos para sus amigos o dinero a cambio de votos.
No libran estos reclamos, cuando los diputados reciben un nuevo llamado de atención, esta vez de alrededor de 30 organizaciones civiles y empresariales que consideran que la convocatoria para elegir al comité seleccionador que participará en el Sistema Estatal Anticorrupción.
Ciertamente, a pesar de que tiene la obligación de representar las necesidades ciudadanas, los legisladores electos -y los de representación proporcional- pueden seguir atendiendo las peticiones del gobernador, los intereses de sus partidos, por los próximos dos años, además de buscar su provecho personal, incluso sin justificar sus votaciones ante la ciudadanía.
Pero también deben estar dispuestos a asumir las consecuencias, tal vez no les importe su reputación o el valor de su palabra, pero probablemente sí están interesados en su carrera política y los sueldos que esta representa, sobre todo considerando que en Baja California, serán los primeros diputados locales que tienen posibilidad de busca la relección.
Pero esa posibilidad legal debería estar acompañada de algún capital político que los haga viables de ser nominados, ya sea por su partido, por otra institución política o por los miembros de alguna coalición. Ser exhibidos constantemente como “ratas o Judas” no les conviene.
Más allá de los discursos que reclaman intereses políticos detrás de quienes han manifestado oposición ante algunas de las votaciones, tras un año de administración, la XXII Legislatura ya debió entender que le correspondió legislar frente a una sociedad crítica, efectivamente politizada y participativa ante la cual están obligados a responder.
Que forman parte de la crisis en un Estado carente de liderazgo, con ciudadanos ávidos de talento político que, los funcionarios electos o no, han sido incapaces de generar.
Si bien, en septiembre de 2016 firmaron un acuerdo para “trabajar en equipo” con el gobernador, están obligados a recordar que el compromiso fue hacerlo “por los bajacalifornianos” y a tener presente que cuando hablan de coordinarse, se trata de ser aliados por el sano desarrollo del Estado, no cómplices de negocios.
En este esquema de factible reelección, a los ciudadanos nos corresponde darle seguimiento, poner el ojo crítico encima de a cada uno de estos 25 legisladores, aunque su órgano de transparencia no lo pone fácil, revisar cuánto trabajo han presentado, pero trabajo personal de verdad, no solo propuestas de su partido y posicionamiento, examinar cuántas propuestas se aprueban de manera efectiva y cómo han votado en todos esos dictámenes que afectan a los bajacalifornianos.
A los diputados les toca recordar que la buena o mala fama los perseguirá por el resto de su vida, que en esta ocasión, no pueden apostar a la mala memoria de los ciudadanos, porque las elecciones de 2019 no son tan lejanas.
