Durante la semana de las glosas respecto al Cuarto Informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, los diputados desaprovecharon la oportunidad de cuestionar a colaboradores de la administración y así despejar dudas del destino de recursos, programas, inseguridad e inversiones. Indiferentes, fueron pocos los legisladores que acudieron a las sesiones de comisiones, en algunos casos incluso con su ausencia rompieron el quorum
Con un Congreso sitiado por policías estatales preventivos y agentes ministeriales, se llevó a cabo la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, donde funcionarios estatales respondieron a cómodas preguntas por parte de diputados locales.
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El desinterés fue notorio, salvo algunas excepciones. Los representantes populares pusieron poca atención a las comparecencias, la mayoría de ellas arrancaba con tres de los cinco integrantes de las comisiones, para después algunos salirse y con ello romper el quorum sin que nadie se percatara.
En otros momentos las preguntas de los diputados fueron redundantes y obvias, repetidas por otros legisladores, lo que volvió las comparecencias tediosas y largas.
La primera inició con tres legisladores: Ignacio García, Roció López y Bernardo Padilla, y fue la presentación del secretario de Turismo, Óscar Escobedo Carignan, quien ante el desánimo, en lugar de comparecer vivió un día de campo con los pocos legisladores que aceptaron los datos positivos en su intervención. Presumió recortes de revistas, que colocaron mil 716 notas en diferentes periódicos en todo el mundo, además, que Baja California aparece en diversas publicaciones como uno de los destinos a visitar este año.
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Incluso dijo que los turistas en BC están más seguros que en California sin diputado alguno debatiera el tema, ante la creciente violencia local y la alerta que el gobierno de Estados Unidos emitió para que sus connacionales no viajen a esta entidad o tomen precauciones al hacerlo. Escobedo se quejó de que en la zona sur del Estado se necesita infraestructura eléctrica para desarrollar proyectos turísticos.
“Traemos un crecimiento histórico, incluso en Mexicali estamos teniendo cuatro nuevos hoteles, es un reflejo que la económica está dando; Mexicali se ha especializado en turismo de salud en 34 por ciento y, en términos generales, tenemos un incremento del 18% de ocupación hotelera”, señaló.
Manifestación en Ambiente
Pese a lo sitiado del edificio del Congreso del Estado, un grupo de manifestantes estuvieron en la comparecencia de Thelma Castañeda Custodia, secretaria de Protección al Ambiente.
La señora Adriana González, presidenta de la asociación Ciudadanos por un Futuro de Tecate, dijo estar contra la instalación de la planta de gas ubicada en Tecate, debido a que la zona se encuentra habitada y son constantes los incendios. “Se está instalando una planta de gas y realmente la inquietud de nosotros es que hay ductos activos que almacenan gas a la (planta) Toyota, el uso de suelo está a pocos metros de la construcción y como ciudadanos tenemos inquietud de los riesgos”, reprochó.
El resto de la comparecencia pasó técnicamente inadvertida. La funcionaria expresó de Protección al Ambiente que derivado del programa de verificación ambiental se revisaron 239 mil 600 unidades durante 2017, reduciendo la contaminación de un 20 a 30%, aunque sin mayor repercusión, aclaró que se trata de una estimación.
Larga comparecencia de Educación
Pese a que la comparecencia de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología fue una de las más largas, también fue de las menos provechosas. El titular de la Secretaría de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, supo evadir las preguntas de los legisladores que se quedaron en temas básicos.
Foto: Cristian Torres.- De la Rosa sin estado de fuerza
Pese a ello y ante la pregunta de la legisladora Patricia Ríos, Mendoza González tuvo que reconocer su responsabilidad en el retraso de la instalación de aires acondicionados, y prometió que para evitar que vuelva a suceder, se realizarán licitaciones desde enero del próximo año. De la deserción en primarias y segundarias dijo poco, y dejó fuera del informe el tema de preparatorias, talón de Aquiles del Sistema Educativo Estatal.
Cuestionado sobre las jubilaciones, aseguró tienen acuerdos para liberar a 700 maestros en el periodo de octubre a diciembre, 200 en los primeros meses y 300 en el último.
Por su parte, Bernardo Padilla, diputado priista, criticó la ausencia del titular del Instituto del Deporte y la Cultura Física, Saúl Castro Verdugo, pero hasta ahí.
Un feliz Bonfante
Pese a ser uno de los funcionarios que más ha sido cuestionado durante la administración estatal, por beneficiar a sus empresas con recursos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, desarrollar malas prácticas empresariales y no tener buenos resultados en materia de inversión, Carlo Bonfante Olache salió feliz al término de su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional.
De entrada indicó -contrario a lo que declaran certificadoras y gobiernos- que en caso que México saliera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Baja California no resultaría afectada debido a la diversificación de su económica, salvo en la construcción de las pick-ups Toyota Tacoma y la exportación de hortaliza, donde pudieran subirse aranceles. “Baja California tiene una economía muy diversificada que no debe impactar en gran forma la salida del TLC, nosotros a diferencia de otros estados tenemos algunas condiciones que nos favorecen”.
En teoría, la política del Presidente de Estados Unidos era regresar el sector automotriz, sin embargo, Bonfante consideró que la infraestructura que se tenía en los 80s ya no es la misma que en la actualidad y muchas plantas dejaron de tener el nivel de profesionalismo y capacidad.
El diputado Benjamín Gómez le refutó que la invitación de empresas extranjeras a Baja California debe ir acompañada de inversión en obra pública, Bonfante contestó que para poder sostener la inversión superior a 2 mil millones de dólares, se requiere la inversión en infraestructura para volverse competitivos ante otros estados, por ello justificó las Asociaciones Público Privadas (APP), que a su parecer, son una alternativa. Agregó que en 2016 la obra pública representaba el 41% y en 2017 ha caído al 37%.
Víctor Morán, diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), le preguntó del tema de las mineras, pidió las concesiones y la derrama que dejan a Baja California, pero ni los “especialistas” en el tema pudieron resolver las dudas al diputado; la única respuesta que obtuvo fue que actualmente existen 622 concesiones mineras vigentes, la gran mayoría las tienen grandes empresas.
Mientras que Catalino Zavala cuestionó las APP solo para encontrar a un Bonfante que, molesto, declaró que él no promueve esa modalidad de inversión, pero es necesario mejorar las vías de comunicación y el abasto de agua.
De la incongruencia de la supuesta falta de agua y que por otro lado se le entregue a una empresa cervecera, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico expuso que Mexicali no tiene carencia de agua, ya que se encuentra asegurada por el abasto del Río Colorado; el problema se encuentra en la zona costa, y desde que se instaló la cervecera, el Estado de Sonora ha buscado llevarse la empresa a ciudad Obregón. Hasta ahí.
Salud y falta de recursos
Pese a que los legisladores del Partido Acción Nacional, Sergio Tolento y Miguel Osuna, fueron titulares en el área de salud, pocas preguntas interesantes pudieron formular; en contraparte, los diputados de oposición sí abordaron el problema de salud y la falta de recursos.
El titular de Salud en el Estado, Guillermo Trejo Dozal, afirmó que desde 2016 solicitó una ampliación presupuestal de 665 millones de pesos a la Secretaría de Planeación y Finanzas, que a la fecha no ha recibido respuesta.
Aunque no se prevé una disminución en el presupuesto federal en el área de salud, tampoco incrementos; en el Seguro Popular, en dos años han dejado de recibir 210 millones de pesos y se espera que para 2018 exista otro recorte de 30 millones.
Durante su comparecencia Trejo Dozal dejó entrever que ya planean un sistema de recaudación propio, lo que significa que volverían a los cobros en las afiliaciones al Seguro Popular. Afirmó que BC dejó de ser la entidad con mayor número de casos de rickettsia en el país, aunque reconoció no ha bajado la mortalidad de la enfermedad; también, que la entidad es número uno en casos de tuberculosis y obesidad.
Ante los cuestionamientos de los legisladores, reconoció que el mayor problema que tiene el sector salud es la falta de medicamento, ya que en hospitales llega a faltar hasta el 50%, mientras que en las unidades médicas el nivel de abasto alcanza el 80%.
Bernardo Padilla dijo desconocer por qué la Secretaría de Planeación y Finanzas no entregó los 100 millones de pesos producto del ahorro de los diputados, exigencia que le harían saber a su titular. Al inicio de la administración se hicieron recortes en el Congreso, recursos que se dijo serían destinados a Salud, pero no sucedió así, como tampoco se reveló adónde fue a parar ese dinero. El resto de los diputados no siguieron el tema.
De la Rosa no convence
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, no convenció a los diputados con su respuesta acerca de la instalación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C51). Explicó que tiene que realizarse de una manera “integral”, sin afirmar si estaba de acuerdo o no, y, de igual manera, contradijo la versión del secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, quien afirmó desconocer el proyecto, al decir que se había presentado a los alcaldes.
De la Rosa dejó entrever la falta de fuerza que tiene la corporación estatal, que la Policía Estatal Preventiva se encuentra en el lugar 30 de 32 en cuanto a número de elementos, solo debajo de Baja California Sur y Aguascalientes.
Asimismo, que debería contar con mil 800 elementos, que tiene 632 y solo 320 son operativos, 100 se encuentran en labores de análisis e investigación de gabinete, 136 en protección de instalaciones y el resto comisionado a la protección de funcionarios, le dijo al diputado del Partido de Baja California, Jorge Núñez.
El titular de Seguridad estatal respondió una y otra vez a la misma pregunta que le realizaban los legisladores (aunque en diferentes términos) sobre el incremento en la inseguridad. La respuesta repetitiva: se debe principalmente a que los delitos de portación de armas de fuego no son considerados graves, por lo que no ameritan prisión preventiva. Y en el caso de los homicidios, han detenido a personas generadoras de violencia hasta en seis ocasiones, ejemplificó que tienen identificadas a 92 individuos que han reincidido en más de 20 ocasiones.
Cuestionado por el diputado del Partido Encuentro Social, Luis Moreno, el funcionario estatal señaló que se necesitan alrededor de 49 millones de pesos para contratar a 100 elementos.
