Con amenaza de embargo, el Ayuntamiento de Tijuana requiere por lo menos a la mitad de los 600 mil contribuyentes registrados en el padrón del Impuesto Predial, ultimátum que no solo reciben los grandes deudores, también ciudadanos que poseen solo la casa en la que habitan y que su rezago no es mayor a un año.
Laura, vecina de la colonia 20 de Noviembre, recibió el aviso de cobro por la casa en la que habita, con la advertencia de que si no cubre el pago del Impuesto Predial correspondiente al año 2017, el único que adeuda, será objeto de embargo.
El caso de esta ciudadana contradice la versión del Tesorero Municipal, Ricardo Chavarría, en el sentido que los requerimientos se promueven contra quienes adeudan lo correspondiente a tres o más ejercicios.
“Hemos estado llevando una campaña muy intensa para estar requiriendo a la gente. Ha sido una tarea de ir a visitar a los contribuyentes, acercarnos con ellos, platicar y dialogar y hacer esa gestión”, comentó, lo que en el caso de Laura y de otros ciudadanos no ha sido de ese modo.
El funcionario precisó que de las 600 mil cuentas registradas, el municipio de Tijuana registra una cartera vencida de mil 200 millones de pesos, dividido en el 40 por ciento de los contribuyentes.
“Encontramos cuentas con un rezago gigante, grandote, de 10, 15, 20 años. Aquí la situación que se da mucho en Tijuana es que hay muchos terrenos abandonados y muchas casas abandonadas. Hemos detectado que muchos terrenos son de gente que vive en Estados Unidos, pero los compró como una inversión, pero como está un poco retirado, empiezan a no tener el cuidado de pagar”, señaló.
Dado que el Ayuntamiento carece del personal y capacidad técnica para llevar a cabo los procesos administrativos, estos los realizará el Centro de Servicios Infonavit (Cesi), mediante un convenio de colaboración, quedándose Infonavit con el 20 por ciento del valor de lo recuperado, anotó.
Es a través de la gestión de Infonavit, se entregan 120 mil requerimientos de pago, 200 mil advertencias de embargo y 80 mil avisos de embargo, acciones iniciadas una vez concluido el periodo legal para dicho pago, es decir, al término del primer cuatrimestre del año, lo que afirmó, dejó de hacerse en anteriores ejercicios.
Chavarría señaló que el embargo de bienes inmuebles no es el objetivo del Ayuntamiento, por lo que el proceso administrativo para ello puede interrumpirse en cualquier momento con el pago de lo adeudado, siendo que el Ayuntamiento solo está facultado a cobrar por los últimos 5 años; incluso dijo, se puede llegar a un convenio si el contribuyente no cuenta con la solvencia económica para pagar al contado.
Respecto a los ingresos por este gravamen, detalló que hasta la segunda semana de octubre, el XXII Ayuntamiento de Tijuana ha recaudado 715 millones de pesos, lo que rebasa los 430 millones de pesos que se proyectaban para el Ejercicio Fiscal 2017, según se estipuló en la Ley de Ingresos del gobierno municipal; si bien, buena parte de ello corresponde a adeudos de ejercicios anteriores, explicó el Tesorero Ricardo Chavarría Morales.
