Once dependencias del Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto triangularon 7 mil 670 millones de pesos de recursos públicos, a través de universidades o instituciones de educación superior, que a su vez subcontrataron a empresas “fantasma” o irregulares, por lo que se sospecha de un fraude que MCCI y Animal Político denominaron “La Estafa Maestra”
La organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) y el portal informativo Animal Político, publicaron una extensa investigación que titularon: “La Estafa Maestra”, en la cual detallaron cómo el Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, realizó un gran fraude entre los años 2013 y 2014.
En los presuntos hechos delictivos están involucrados más de 50 funcionarios de once dependencias federales, mismas que pagaron 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales a ocho universidades públicas, que a su vez triangularon el dinero a 186 empresas, muchas de estas “fantasma” o irregulares, según la revisión de las cuentas públicas 2013 y 2014 que realizaron los investigadores.
Las empresas están distribuidas en seis entidades federativas: Tabasco, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Nuevo León y Chiapas; 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura, ni personalidad jurídica para brindar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen, aseguraron MCCI y Animal Político.
La investigación consistió en revisar las empresas a las que se entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas “fantasma”: sin registro ante la Secretaría de Economía (SE), ilegales, abandonas, desmanteladas, o cuyos socios “viven en barriadas”
Las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio. Los otros 3 mil 433 millones de pesos se entregaron “a empresas fantasma” y el resto del dinero sirvió para, supuestamente, contratar servicios, muchos de estos sin evidencia documental de que hayan existido, señaló la investigación.
Los convenios entre instancias públicas están permitidos en el Artículo Primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, la legislación establece requisitos, como son no subcontratar más del 49 por ciento o realizar una investigación de mercado, que fueron violados en este esquema de fraude, abundaron MCCI y Animal Político.
Entrevistado por los investigadores, Juan Manuel Portal Martínez, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), afirmó que la triangulación de recursos es “un fraude” y “un claro acto de corrupción”. Agregó que los titulares de cada dependencia fueron responsables del delito, a pesar de que no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.
La ASF ya había advertido desde 2013 que las dependencias violaban la Ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas. Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desvío de recursos públicos.
“(…) es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios (…) Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”, señaló Portal Martínez.
“Las universidades están para enseñar y para investigar, no para hacer de intermediarios. Podrían prestar servicios para los que sí tienen facultades, pero no para comprar bienes que sirven para hacer promoción de programas sociales, eso ya es otra cosa; o para la adquisición de computadoras. No existe la justificación para hacerlo”, declaró Juan Manuel Portal.
Las dependencias involucradas fueron: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces encabezada por Rosario Robles Berlanga; el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con Alfredo del Mazo Maza -ahora gobernador electo del Estado de México-; la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuya titularidad era de Emilio Chuayffet Chemor.
Además de Petróleos Mexicanos (Pemex), con Emilio Lozoya Austin; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez -hoy embajador de México en Cuba-; el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), con José Reyes Baeza Terrazas; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con Gerardo Ruiz Esparza; además de la Secretaría de Economía (SE), con Ildefonso Guajardo Villarreal, entre otras.
Las instituciones educativas involucradas en el fraude fueron: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuyo rector era Jorge Olvera García -hoy presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Edomex-; Universidad Autónoma del Carmen; Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con Alejandro Vera Jiménez; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Universidad Politécnica del Golfo de México; Instituto Técnico Superior de Comalcalco; Universidad Popular de la Chontalpa; así como la Universidad Tecnológica de Tabasco.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública emitió un comunicado en el que aseguró que inició procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de diez funcionarios públicos de tres dependencias federales, además de cursar investigaciones contra “cuarenta servidores públicos federales relacionados con estas observaciones”.
