“Porque están llenas de corrupción las Juntas de Conciliación y Arbitraje, buscan desaparecerlas, pero no es el caso de Tijuana”, aseguró Arturo Méndez Preciado, quien descartó que este año se lleve a cabo la transición de los juicios laborales al poder judicial, por falta de presupuesto al ser un año electorero y considerar que la reforma constitucional “esta mocha”.
Indicó que el argumento para mudar este sistema de arbitraje laboral al poder judicial son los señalamientos de corrupción, pero que en la Junta local “eso no existe”, y aclaró, ante los integrantes de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores -AMIC- de Baja California, que la aplicación “injusta” de las resoluciones laborales derivan de la Ley en vigor, “la cual está hecha para favorecer al trabajador y no al patrón, lo que puede ser injusto, pero no hay corrupción”.
En lo que compete a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, se cuentan con cinco oficinas distribuidas en los municipios de Tecate, Rosarito y Tijuana, en las que se atienden 250 audiencias diarias, registrando un rezago al mes de 120 laudos; lo cual refleja que el 95% de los casos son atendidos de manera oportuna, sostuvo. Despido injustificado es la causa por la que demanda el 90% de los trabajadores que presentan queja.
Al año se atiende un promedio de 8 mil conflictos individuales y 4 mil de carácter colectivo, de los cuales el 90% se concilian, “porque esta es la naturaleza de las juntas”, situación que podría cambiar al entrar en vigor la reforma.
“En mi opinión, veo difícil que en este sexenio se pueda implementar”, agregó el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “no digo que no se vaya hacer, pero no a corto plazo”, subrayó.
Recordó que el 24 de febrero de 2017 se publicó la reforma constitucional, mediante la cual se moderniza la justicia laboral y se da como plazo un año para su aplicación, pero no se han emitido las Leyes Reglamentarias de esta reforma ni de la Ley Federal del Trabajo, como tampoco se ha creado la Ley Orgánica del organismo que se va a encargar de conciliar.
Explicó que para llevar a cabo la transición, no hay un estudio previo, “me atrevo a decir que la reforma constitucional está mocha, porque nada más dice que desaparecen, pero no quienes van hacer los tribunales nuevos, cuántos van a ser, el personal -con el que operarán-, de qué se van a encargar”.
Anotó que los estados han estimado un gasto de 5 mil millones de pesos para llevar a cabo esas modificaciones a nivel nacional, “implementar la reforma laboral implica desaparecer las 300 Juntas que operan en todo el país, liquidar a sus trabajadores, además de instalar los tribunales nuevos, con personal, dotarlos de oficinas y equipamiento; inversión que tendría que correr a cargo de la federación, porque los estados ya han dicho que no tienen recursos”.
