El Consorcio Tecnológico de Baja California, construido con 189 millones de pesos de fondos públicos, es un complejo abandonado por el gobierno estatal, sin la presencia de empresas, con un centro de investigación que cerró por falta de apoyo y uno más en la incertidumbre jurídica. Además, en oficinas que hoy se encuentran vacías, se constataron millonarios sobrepagos en obra
Los 189 millones de pesos en recursos públicos invertidos en el Consorcio Tecnológico de Baja California son suficientes para que éste opere plenamente, en cambio, se trata de un conjunto de edificios abandonados, oficinas vacías; uno de los principales centros de investigación en el país cerrado, y el otro, en la incertidumbre.
Publicidad
La negativa del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid para entregar la propiedad del inmueble a los dos centros de investigación ahí ubicados, a pesar de que así se convino desde la administración estatal anterior, hizo que uno cerrara su subsede en Tijuana.
Y lejos de trabajar en conjunto para rescatarlo, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado, titulada por Carlo Bonfante, presionó para que el equipo de laboratorio fuera transferido a un tercero interesado.
A eso se suma la falta de promoción que este gobierno estatal ha dado al complejo para que empresas obtengan servicios de innovación y tecnología.
Publicidad
El Consorcio Tecnológico, construido en un terreno de cinco hectáreas y ubicado sobre la Carretera Libre Tijuana-Tecate en El Florido, es propiedad del Gobierno del Estado y su operación está a cargo de Sedeco, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Cocit) de Baja California.
Foto: Cortesía.- En la inauguración del lugar, el ex gobernador Osuna Millán y su secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray
Por fuera lucen modernos edificios, trabajadores regando la jardinería y limpiando los ventanales, por dentro, hay oficinas empolvadas, sin inmobiliario ni personal.
Cinco edificios componen el complejo. El principal alberga las oficinas de la dirección regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Cocit.
Otro edificio corresponde al Centro de Transferencia Tecnológica con solo dos de siete oficinas ocupadas. Uno más, al Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) y un cuarto estaba asignado al Cideteq, ahora vacío. Ambos forman parte del sistema de centros Conacyt.
Mientras que, en la parte posterior, se encuentra un complejo de tres edificios, pensado para albergar incubadoras de empresas, pero que se encuentra en desuso y deteriorado.
Un proyecto abandonado
El Consorcio Tecnológico de Baja California fue uno de los proyectos más ambiciosos y costosos del sexenio del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán y de su entonces secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray.
Inició en 2009, cuando el Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), un organismo empresarial, junto con el gobierno estatal, detectó una carencia de oferta en los servicios tecnológicos acreditados, investigación y desarrollo tecnológico e innovación, según la justificación del proyecto.
Fue así como el Consorcio Tecnológico se ideó como un proyecto de triple hélice con la participación de gobierno, universidades e iniciativa privada. Conacyt apoyó con la instalación de extensiones de los centros de investigación interesados y, junto con el gobierno de Baja California, financió la infraestructura.
Lo que queda de Cideteq, uno de los principales centros de investigación en el país
Por otra parte, el sector empresarial, representado por el CDT, se encargó de los estudios de factibilidad, así como de su promoción y el Parque Industrial El Florido aportó el terreno para la sede.
Una vez construidos los edificios, su equipamiento corrió a cargo de los centros de investigación bajo el entendido de que, en el futuro, las construcciones les serían donadas, lo cual no ocurrió.
Inversión perdida
Los costos de las diferentes etapas de construcción del Consorcio Tecnológico suman 188 millones 800 mil pesos, todos obtenidos de fondos públicos. Si a esto se suma el valor del terreno, valuado en 20 millones de pesos en 2009, la cifra supera los 200 millones de pesos.
La obra inició en 2009, cuando el CDT obtuvo 34 millones 993 mil pesos para la construcción de la fase uno del Consorcio Tecnológico, tras participar en la convocatoria de Fondos Mixtos, un fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado y Conacyt.
No obstante, esta cifra abarcó apenas el 33 por ciento del costo total de la primera fase. De acuerdo con un Informe de Gobierno de Osuna Millán, la construcción de los edificios donde se instalaron el Cidesi y el Cideteq, así como las vialidades y accesos, tuvieron un costo de 106 millones de pesos. Tan solo en el acceso principal, se destinaron 9 millones 799 mil 999 pesos del Presupuesto de Egresos 2010 del gobierno estatal.
El terreno, con una superficie de cinco hectáreas y un valor de 20 millones 550 mil pesos, fue donado al Gobierno del Estado por el fideicomiso Submetrópoli de Tijuana, perteneciente al Grupo El Florido.
La donación fue condicionada a que el inmueble se destinara única y exclusivamente al establecimiento y operación del Consorcio Tecnológico de Baja California, por lo que se convino que, en un futuro, la propiedad de los inmuebles que ocuparían Cidesi y Cideteq, fuera entregada a éstos.
En una segunda etapa, concluida en 2012, se construyeron las oficinas centrales con una inversión de 17 millones 800 mil pesos, nuevamente con fondos adquiridos a través de Conacyt y el Gobierno del Estado; además, se destinaron otros 15 millones de pesos para el equipamiento de laboratorios del Cidesi.
Ese mismo año se destinaron 20 millones de pesos más al Cideteq y 7 millones adicionales al edificio de Conacyt.
Una tercera etapa, financiada nuevamente con Fondos Mixtos en 2013, contempló una inversión de 16 millones 200 mil pesos para la terminación de las oficinas centrales y 6 millones 800 mil pesos para las incubadoras de empresas.
El rompimiento con Cideteq
En 2011, el Consorcio Tecnológico inició operaciones con Cideteq y Cidesi. Ambos son centros públicos de investigación adscritos al sistema Conacyt, y con sus sedes principales en Querétaro.
El Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (Cidesi) se fundó en 1984 y cuenta con sedes adicionales en Nuevo León, Estado de México y Baja California. En Tijuana, cuenta con laboratorios de ensayo, medición y calibración acreditados que proporcionan servicios, por ejemplo, a empresas gasolineras para sus máquinas de abastecimiento de gasolina.
Oficinas de CICESE, dañadas y abandonadas
También ofrece soporte tecnológico y servicios especializados para el sector aeronáutico y aeroespacial en México.
Por su parte, el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (Cideteq) es un centro público de investigación adscrito al sistema Conacyt, fue creado en 1991 y su única subsede era la de Tijuana.
En esta ciudad, contaba con 22 laboratorios en los que proporcionaba servicios como análisis de metales, análisis de aguas, caracterización de materiales y análisis de fallas a empresas.
El doctor Gabriel Siade Barquet es el director general de Cideteq. Ex empleados explican que ante la falta incertidumbre jurídica del inmueble de 2 mil metros cuadrados, la dirección general comenzó a restringir el crecimiento de la subsede en Tijuana, ya que no deseaba invertir más recursos en ella si no había garantía de que se les entregaría.
Cideteq llegó a tener hasta 40 clientes constantes y atendieron hasta 100 empresas. Tan solo el equipo con el que contaban tenía un valor de 28 millones de pesos.
Sin embargo, en febrero, comenzaron las presiones del Gobierno del Estado a través de Alfredo Babún, subsecretario de Desarrollo Económico del Estado y presidente del Cocit, por lo tanto, responsable de la operación del Consorcio Tecnológico, para que el inmueble fuera desocupado.
Haciendo referencia a su cargo como “administrador de los fondos Fomix (Fondos Mixtos) con los que se financió la construcción de las instalaciones de la subsede Tijuana de Cideteq”, Babún envió un oficio al doctor Siade Barquet, el 17 de febrero de 2017, para hacerle saber “he sido informado que en fecha próxima tienen planeado concluir con las actividades que ahí se realizan debido a la dificultad económica que atraviesa el país”.
Por lo que, le solicita “que las instalaciones y el equipamiento que se encuentran en la subsede de Tijuana, no sea removido y se busque una alternativa para su operación por un tercero interesado”.
Sin ofrecerle ningún tipo de apoyo para ayudar a la promoción del Cideteq, Babún insiste: “No estamos de acuerdo en retirar esos equipos de nuestro estado”, a pesar de que el equipo pertenecía a Cideteq.
Cinco días después, el doctor Siade dio contestación al subsecretario de Desarrollo Económico de Baja California para aclararle “las actividades de nuestra unidad en Tijuana se mantienen activas”.
Entonces llegó el recordatorio del compromiso sin cumplir “con fecha del 10 de junio de 2011, se firmó un acuerdo administrativo de inmuebles y hasta la fecha, el Gobierno del Estado de Baja California no ha cumplido con dicho compromiso; y como usted seguramente debe estar enterado, hemos hecho inversiones en mobiliario y equipo sin ser propietario del terreno en donde se localiza nuestra unidad Tijuana”.
En febrero de ese año se hizo un recorte de personal para continuar operando con el mínimo requerido y finalmente, en julio, el Cideteq cerró por completo y el equipo fue reintegrado a la sede principal en Querétaro.
El inmueble de dos pisos continúa desocupado y sobre un mueble de madera que queda en el lobby, se escribió la palabra “ADIÓS” a manera de grafiti.
Edificios con precios inflados, sin permisos ni fianzas de vicios ocultos
Tan solo por la terminación del edificio administrativo y la construcción de las incubadoras de empresas dentro del consorcio, el gobierno de Baja California realizó sobrepagos por 2 millones 189 mil 604 pesos.
Así lo determinó la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California al revisar las cuentas públicas del Fondo Mixto correspondientes a 2013.
El Fondo Mixto busca fomentar la investigación científica y tecnológica del Estado.
En 2013, entre los doce proyectos beneficiados con estos fondos, se encontraba la terminación del edificio administrativo, donde operan las oficinas de Conacyt y de Cocit, así como la construcción de incubadoras de empresas.
UABC prefirió cerrar sus puertas
Para el primer proyecto se destinaron 14 millones 200 mil pesos a la empresa Sistemas Innovadores en Construcción, la cual resultó beneficiada y con Hugo Enrique León Canales como responsable técnico. Se trató de la segunda obra que más recursos de Fomix recibió, solo por debajo del Museo Interactivo Tijuana, que obtuvo un monto de 16 millones de pesos.
El segundo proyecto del consorcio beneficiado ese año, fue el de las incubadoras de empresas que recibió 6 millones 800 mil pesos a través de la compañía beneficiada, Arquitectura y Desarrollo Constructora, con Pedro Diego Caudillo como responsable técnico.
Estas incubadoras consisten en tres edificios en la parte posterior del consorcio, de una planta cada uno, los cuales se encuentran en desuso, deteriorados por dentro y por fuera, uno de ellos, incluso aún con la envoltura de plástico sobre la manija de la puerta.
El Fomix opera bajo el Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso del Fondo Mixto, presidido hasta octubre de 2013 -cuando finalizó la administración de Osuna Millán- por Alejandro Mungaray y luego por Carlo Bonfante, ex titular y actual titular de Sedeco, respectivamente.
Según el dictamen, con fecha del 21 de enero de 2016, en la terminación del edificio administrativo se registraron sobrepagos por 893 mil 196 pesos. De este monto, 436 mil 607 pesos se justificaron en el suministro y colocación de equipo hidroneumático y dos tanques de presión.
Sin embargo, tales insumos ya habían sido pagados en la construcción del Centro de Transferencia e Innovación Tecnológica de Baja California.
Otros 456 mil 589 pesos resultaron en un sobreprecio para el cuarto de máquinas del consorcio, con precios inflados en el metro cuadrado de block.
En cuanto a las incubadoras, se detectaron pagos en exceso por un millón 296 mil 408 pesos, esto cuando se compararon “las cantidades de los conceptos estimados y las obtenidas mediante visita e inspección física”, detalla el documento.
Mientras que, por el suministro y colocación de ocho juegos de WC y lavabos, se realizaron pagos por exceso en 86 mil 24 pesos.
Cuando se le informaron de estas anomalías al Comité del Fideicomiso, éste no requirió la reintegración de los recursos a la empresa constructora.
Además, las cuentas no fueron claras. Los gastos se sustentaron con facturas y resúmenes de estimaciones por partidas, sin desglose de conceptos de obra, ni documentación soporte.
Más violaciones a la Ley de Obras Públicas en las que incurrieron con estos dos proyectos, de acuerdo con lo que estableció el dictamen número 260, son la falta de sellos y firmas en los planos proporcionados que acrediten la aprobación y valoración de la Dirección de Administración Urbana Municipal.
Tampoco se proporcionó evidencia de haber obtenido los permisos, licencias de construcción y estudios de impacto ambiental correspondientes, señala el documento legislativo.
… y construidos por empresas con mismo socio; una se disolvió
La empresa Sistemas Innovadores en Construcción, beneficiada con 14 millones 800 mil pesos para la terminación del edificio administrativo del Consorcio Tecnológico, se fundó el 28 de mayo de 2012 en Tijuana, un año antes de que solicitara el recurso del Fomix.
De acuerdo con su acta constitutiva, está integrada por los socios Leandro Enrique Gómez Castellanos, Hugo Enrique León Canales y Jesús Daniel Roque Silva.
De los tres, solamente Jesús Daniel Roque Silva, quien obtuvo su título como licenciado en Contaduría por la UABC en 2011, está registrado como socio de otra empresa y es precisamente Arquitectura y Desarrollo Constructora, la que recibió 6 millones 800 mil pesos del Fomix para la construcción de las incubadoras de empresas.
Desde su fundación en 2011, la empresa estaba integrada solamente por Pedro Diego Caudillo y Gustavo Gracia Rosario, pero Jesús Daniel Roque Silva aparecía como comisario de la misma.
Ambas empresas, además, participaron en una licitación de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para la adquisición de materiales de construcción, en 2014.
Sin embargo, el 28 de abril de 2017 se disolvió la empresa Arquitectura y Desarrollo Constructora, según consta en actas de asamblea inscritas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Sin presencia de empresas, solo CETYS y UTT siguen con oficinas
En discursos, pronunciados primero por Osuna Millán y luego por “Kiko” Vega, se repitió que el Consorcio Tecnológico fortalecería a empresas con base tecnológica y fomentaría la creación de otras más.
Incluso dentro del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Vega de Lamadrid, se delineó como una estrategia en el área de Economía, “otorgar mayores recursos al Consorcio Tecnológico para innovación, investigación, desarrollo tecnológico e incubadoras de empresas”.
Sin embargo, a la fecha “ninguna empresa se encuentra trabajando dentro del Consorcio Tecnológico”, informó la Sedeco en el recurso de revisión a una solicitud de información pública, con folio REV/226/2017, resuelto por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP) de Baja California.
También detalló que ninguna empresa ha solicitado su intención, por escrito, de ocupar alguna de las oficinas.
En un recorrido que ZETA hizo por las instalaciones del consorcio, se constató cómo en el Centro de Transferencia Tecnológica solamente dos oficinas continúan ocupadas, las de vinculación de CETYS Universidad y la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT).
Aunque ese día, el miércoles 23 de agosto, solamente la de CETYS estaba abierta, el resto de las oficinas se encuentran cerradas y en completo desuso.
Ignitus, una de las empresas que originalmente se encontraba ahí, se trasladó a las oficinas de Vía Corporativo en Tijuana. Otra de las empresas a las que les fueron entregadas amplias oficinas en el Centro, Innovacci, se disolvió en 2016.
Mientras que la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) informó que su espacio asignado en esta oficina “no se ha podido aprovechar, dado que está en proceso de definirse una estructura normativa y orgánica con relación al aprovechamiento y comercialización de resultados de la investigación, en beneficio de la institución y sus investigadores”.
De acuerdo con el padrón de bienes inmuebles de Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, el Consorcio Tecnológico de Baja California está valuado de 46 millones 558 mil pesos, lo equivalente a los avalúos de cuatro escuelas primarias u hospitales del Issstecali. Es una de las edificaciones del gobierno estatal de mayor valor en Tijuana.
Aun así, es una de las más desaprovechadas, a pesar de su potencial para vincular a estudiantes, investigadores y empresas.
Se solicitaron entrevistas pare este reportaje a la oficina de Comunicación Social de Gobierno del Estado, al subsecretario de Desarrollo Económico, Alfredo Babún, y a la dirección general de Conacyt. Hasta el cierre de edición, ninguno respondió a la petición.
