Los procesos contra Dámaso López Serrano, la ex diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López y Nahúm Abraham Sicairos Montalvo “El Quinceañero” en Estados Unidos, prometen arrojar luz sobre el trabajo interno del Cártel de Sinaloa, organización que se ha convertido en blanco principal del gobierno norteamericano
Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, es el capo más importante que se ha entregado a las autoridades. De ahí que el fiscal general de ese país, Jeff Sessions, enviara un mensaje a los líderes de cárteles: “Pueden entregarse por las buenas, o vamos a encontrarlos y llevarlos a la justicia por las malas”.
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López Serrano se presentó en audiencia inicial en la Corte Federal de San Diego, California, el lunes 7 de agosto, luego que el 27 de julio se entregara a la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la frontera de Calexico, California.
Aunque al momento de su entrega ya contaba con cargos en su contra, éstos fueron revelados hasta el día de la audiencia.
Junto a Nahúm Abraham Sicairos Montalvo “El Quinceañero” y cuatro cómplices más, al hijo de Dámaso López Núñez “El Licenciado” se le acusa de asociación delictuosa para importar y distribuir metanfetaminas, heroína y cocaína, así como lavado de dinero.
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Frente al magistrado Dana M. Sabraw, quien ha sido juez en casos como el de Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, brazo armado de “El Licenciado” y “El Mini Lic”, López Serrano rechazó su derecho a solicitar fianza y prefirió mantenerse encarcelado.
Continuará, por lo menos hasta el 2 de noviembre, cuando es su próxima audiencia, en la Correccional Metropolitana de San Diego, la misma donde se encuentra Lucero Guadalupe Sánchez López “La Chapodiputada”.
Sin embargo, no es el único proceso que enfrenta en la Unión Americana. De acuerdo con el Departamento de Justicia, existe otra acusación en su contra en el Distrito del Este de Virginia, en la cual se encuentra señalado también su padre, Dámaso López Núñez.
Damaso López Serrano, “El Mini Lic”
“El Licenciado” fue detenido el 2 de mayo en la Ciudad de México. Actualmente está recluido en la prisión federal de Chihuahua, pero el gobierno estadounidense ya inició los trámites para solicitar su extradición.
Información dada a conocer por la Fiscalía del Distrito Sur de California, indica que una vez que haya concluido el proceso penal contra el “Mini Lic” en San Diego, será trasladado a Virginia para que libre dicho proceso.
“El Quinceañero” y “El Mini Lic” se reencontrarán en la Corte
Cuatro días después de la entrega de “El Mini Lic”, su operador financiero Nahúm Abraham Sicairos Montalvo “El Quinceañero” fue aprehendido en un operativo en el Estado de México el 31 de julio.
El motivo de la detención fue una orden de extradición solicitada por Estados Unidos a partir de una acusación por conspiración para narcotráfico radicada en el Distrito Sur de California.
La acusación contra ambos detenidos, junto con tres personas no identificadas todavía, fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de California ante un gran jurado, el cual ratificó los cargos el 19 de agosto de 2016.
De ser encontrados culpables de distribución de drogas, tanto “El Mini Lic” como “El Quinceañero” podrían recibir sentencias de diez años hasta cadena perpetua, así como una multa de 10 millones de dólares. Las mismas penas aplican para el delito de importación de drogas.
La acusación presentada ante la Corte, también indica que si son encontrados culpables, los acusados deberán hacer entrega de todos sus fondos, bienes materiales e inmuebles al Gobierno Federal de Estados Unidos.
Dentro del documento, también se acusa a personas aún sin identificar, de cargos adicionales por “transportar y transferir instrumentos monetarios y fondos” producto de una actividad ilícita, es decir, lavado de dinero.
Iban por “El Mayo”
La Fiscalía del Distrito Sur de California indicó que esta investigación inició a finales de 2011 como un caso de narcomenudeo en National City y Chula Vista, dos ciudades dentro del Condado de San Diego, muy cercanas a la frontera con Tijuana y con una numerosa población de origen mexicano.
Conforme los investigadores locales avanzaron en la documentación del modo de operación de la célula, encontraron que las drogas eran surtidas por el Cártel de Sinaloa. Por este motivo, el caso evolucionó a una investigación multi estatal y federal que logró el decomiso de 1.3 toneladas de metanfetaminas, 2.2 toneladas de cocaína, 17.2 toneladas de marihuana y 95 kilogramos de heroína, así como varios arrestos y el aseguramiento de más de 27 millones de dólares, producto de la venta de droga.
En la acusación inicial derivada de este caso, la fiscalía logró cargos contra una de las cabezas del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García “El Mayo” y dos de sus cuatro hijos, Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco” e Ismael Zambada Imperial “Mayito Gordo”.
Ismael Zambada Imperial fue detenido en noviembre de 2014 y se encuentra en espera de ser extraditado a California para enfrentar los cargos que se le imputan.
También como acusado aparece Iván Archivaldo Guzmán Salazar “Chapito”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera. Mientras que otro hijo de “El Mayo”, Serafín Zambada Ortiz, también fue detenido como parte de esta operación y, tras declararse culpable de narcotráfico en septiembre de 2014, aún aguarda ser sentenciado.
Lo mismo ocurre con José Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, detenido en Holanda y extraditado a Estados Unidos en julio de 2014. Al igual que Serafín, “El Chino Ántrax” se declaró culpable de narcotráfico en mayo de 2015 y hasta el momento no ha recibido sentencia.
Tanto Serafín Zambada como “El Chino Ántrax” han visto retrasos de años en sus casos, sus audiencias de sentencia son aplazadas durante meses.
La detención de “El Mini Lic” es una de las 125 aprehensiones logradas a partir de esta investigación que, asegura la fiscalía, “ha tenido un significativo impacto en las operaciones alrededor del mundo del Cártel de Sinaloa”.
También afirma que este caso ofreció una de las miradas más reveladoras sobre el trabajo interno de la organización sostenida de más de 250 intervenciones de comunicaciones, con la intervención de numerosas agencias de seguridad en múltiples y la participación de varias jurisdicciones federales.
“Chapodiputada” quiere quedarse en San Diego
Después de una audiencia de más de una hora con un receso, el juez Andrew G. Schopler decidió aplazar su decisión sobre el traslado de la ex diputada panista Lucero Guadalupe Sánchez López -enfrenta cargos por asociación delictuosa para narcotráfico- a Washington, D.C.
Lucero Guadalupe Sánchez López
Cuando la ex legisladora fue detenida en el puente Cross Border Express, un cruce fronterizo que conecta al Aeropuerto de Tijuana con San Diego, California, por agentes migratorios estadounidenses, se encontraba mencionada en investigaciones del Cártel de Sinaloa y, por lo tanto, su visa estaba cancelada.
Fue arrestada el 21 de junio del presente año, y al día siguiente se presentó en la Corte de San Diego, California, donde le fueron informados los cargos por asociación delictuosa para la distribución de cocaína que le fueron fincados en la Fiscalía del Distrito Sur de California.
Sin embargo, el 5 de julio, estos cargos fueron transferidos al Distrito de Columbia por decisión del Departamento de Justicia y, por lo tanto, en California le fueron retirados los cargos y se inició un proceso judicial para su traslado.
Joshua Mellor, fiscal a cargo del caso, explicó en audiencia celebrada el 8 de agosto que la Fiscalía de Columbia fincó los cargos porque cuentan con los fiscales que llevaron la investigación, testigos adicionales y evidencia.
Se trataba de una audiencia breve en la que el juez solo debía determinar si Lucero Guadalupe Sánchez López era la misma persona acusada en Columbia y entonces ordenar su traslado.
Sin embargo, la ex diputada y presunta novia de “El Chapo” pidió a su abogado, el defensor público Joshua Jones, alegar la petición para así permanecer en San Diego.
Los motivos para que la sinaloense permanezca en esta frontera y no sea trasladada a Washington, no han sido del todo claros en tribunales. Su defensa insiste en que trasladarla la alejaría de sus familiares, a pesar de que no se les ha visto en ninguna audiencia, pero la fiscalía argumenta que la mujer no cuenta con vínculos en California, por lo que resulta igual que sea juzgada en Washington.
Fue entonces que el caso cayó en controversias de interpretación. El fiscal Mellor refirió que el principio por el que debía ser transferida a Columbia es porque en esa jurisdicción se presentaron los cargos en su contra.
No obstante, para la defensa, la Ley se debe seguir literal. De acuerdo con la Quinta Regla del Código Penal de Estados Unidos, una persona debe ser procesada en el distrito en el que cometió el delito.
Una vez que el fiscal refirió esta regla como el argumento para que ex diputada sea trasladada al sustituir el término de “cometer el delito” por “donde se presentan los cargos”, el abogado defensor aseguró que la Ley no aplica porque los delitos fueron presuntamente cometidos en México.
Para el juez, ninguno de los dos argumentos logró convencerlo, pero sí lo hicieron dudar de que él sea la autoridad correspondiente para decidir si la “Chapodiputada” debe ser juzgada en San Diego o en Washington.
Por ello, solicitó a ambas partes presentar antecedentes de casos judiciales similares, los cuales serán entregados hoy viernes 11 de agosto para que el martes 15, el juez Schopler llegué a una determinación sobre el destino de la acusada.
Durante la discusión en la Corte, el juez cuestionó al fiscal si existían otros coacusados que estuvieran bajo proceso en Virginia, pero el representante de la Fiscalía se negó a responder en audiencia abierta y solicitó informarle en privado.
Sin embargo, la insistencia del Departamento de Justicia por lograr el traslado de la “Chapodiputada”, apodo que se le dio cuando la mujer acudió a visitar a “El Chapo” en el penal Altiplano, meses antes de su escape en 2015, puede estar basada en la información que la acusada tiene sobre el Cártel de Sinaloa.
Según la acusación en su contra, Sánchez López tenía comunicación directa con Guzmán Loera y presumió su relación sentimental con él a un informante de Estados Unidos.
Gobierno de Trump vs. Cártel de Sinaloa
El inicio del proceso penal de “El Mini Lic” representó una oportunidad para la administración de Donald Trump, que inició un día después de la extradición de “El Chapo” a Nueva York, para abordar en discursos la lucha contra el narco en México.
“Continuaremos yendo por estos líderes de cárteles para así desmantelar sus organizaciones de principio a fin. En un momento en el que más americanos están muriendo de sobredosis que nunca, el Departamento de Justicia ha hecho una prioridad atacar a los líderes de los cárteles mexicanos responsables de estas peligrosas drogas que envenenan a nuestras familias”, declaró el fiscal general Jeff Sessions en un comunicado de prensa.
Sessions es uno de los miembros del gabinete de Trump más cercanos al Presidente. Meses atrás, en su visita a la frontera de San Diego, frente al muro, repitió su discurso sobre los criminales mexicanos que cruzan a Estados Unidos para delinquir.
A pesar de que las investigaciones que llevaron a estas capturas se iniciaron mucho antes de que el republicano ocupara la Casa Blanca, éste ha encontrado con las recientes capturas de miembros del Cártel de Sinaloa, un blanco más para su gobierno.
