“… fue un poder arrabalero, de pandilla. Desgobernó con los que fue a la primaria y a la universidad; y para tener contentos a los viejos políticos y ex gobernadores, invitó a sus juniors, aunque no supieran hacer nada. Les dio nombramientos y los puso a ganar mucho dinero.
“A todos les dio manga ancha y todos se embolsaron tanto dinero como pudieron. Los juniors encontraron en el gobierno de (…) impunidad por la vía de la influencia”.
Estos párrafos parecen haber sido escritos hoy, y en referencia a los panistas, gobernador Francisco Vega, o al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
La involución que impregna cada vez más a los gobiernos bajacalifornianos, actualiza las descripciones hechas décadas atrás por nuestro extinto codirector Jesús Blancornelas, al señalar la administración estatal del nativo de Veracruz y priista que gobernó Baja California bajo el signo de la corrupción, Xicoténcatl Leyva Mortera.
Mandatario removido un año antes de concluir su sexenio, y cuyos funcionarios- cómplices en sobornos, ahora a estas dádiva para corromper las llaman comisiones-, terminaron perseguidos, encarcelados, algunos regresaron dinero y otros huyeron.
“Xico” gobernó hace casi 30 años -de 1983 a 1988-, pero sus prácticas desleales permanecen vigentes en los gobiernos de Acción Nacional, con secretarios solicitando permanentemente comisiones a cambio de entregar contratos y obras, el favorecimiento a los amigos, el enriquecimiento de funcionarios, el empoderamiento de los juniors, las licitaciones a modo, las compras cuyo trámite se mantiene bajo reserva, la falta de transparencia.
Con sus diferencias, como en los 80s se vivió la entrada del Cártel Arellano Félix, en la actualidad el desgobierno obliga a padecer el arribo del Cártel Jalisco Nueva Generación -apoyado precisamente por los residuos del CAF- como nuevo grupo delictivo en la región.
La ausencia del Estado de Derecho, mandatarios que avasallan o ignoran a diputados o regidores de oposición, obras mal hechas, el no pago o pago a destiempo a maestros, el desabasto en los servicios de salud, las deficiencias en los servicios de limpia, agua potable, alcantarillado, alumbrado público; la falta de patrullas, el descontrol del transporte y un puñado de empleados de gobierno de primer y segundo nivel intentado lucrar con esas necesidades en el otorgamiento de contratos.
Viejas las carencias, viejas las malas costumbres, y nuevas, enormes e históricas, las deudas de los gobiernos.
En necesidades básicas, los ciudadanos de Baja California parecemos vivir en reversa, en los 90s se dotó de agua a la zona costa, y ahora de nuevo la escasez; se tuvo un Grupo Coordinación de seguridad realmente coordinado y ahora no. En 1989 llegó el primer gobierno que no era como el PRI corrupto de “Xico”, y 28 años después, el PAN se le parece mucho, como si fuera un constante déjà vu, lo que deja claro que no es un tema de partidos, sino de poder.
Al leer el contenido de los medios de comunicación, más allá de lo que pudiera considerarse falta de imaginación, las cabezas se repiten, algunas desde los ochentas, otras de los noventas, y las más en el nuevo milenio.
“Paro de labores en sector salud”, “Reitera SEE prohibición a las cuotas”, “Capturan otra vez a líder narcotraficante”, “Obra del (…) olvidada”, “Pérdidas millonarias por la falta de agua”, “Abatirán la delincuencia”, “Reclaman tijuanenses a procuradora falta de resultados”… y esos son solo algunos titulares en la prensa diaria de esta semana.
Como “los pueblos que no conocen su historia parecemos condenados a repetirla”, especialmente si los grupos organizados y la sociedad no se disponen en el corto plazo, a darle una buena sacudida a los políticos y a la clase gobernante de Baja California a través de la participación ciudadana, política y social.
Si los bajacalifornianos queremos transformaciones profundas, si queremos avanzar, es necesario sacar a los gobernantes de su zona de confort, no ser parte de la cadena de corrupción pagando comisiones por contratos, o sobornos por trámites, incluso participar denunciando.
Participar para obligar a quienes gobiernan a respetar las leyes.
Participar en la toma de decisiones, en la definición y redefinición de los temas públicos, de la agenda social, de la agenda política, la disposición de los recursos. La definición de las acciones que deben generar impacto en el desarrollo, para evitar los fraudes y malos manejos del erario.
Participar para dejar retroceder y trabajar en avanzar.
