Cientos de taxistas marcharon desde la Clínica 1 del IMSS hasta la Dirección de Vialidad y Transporte el pasado 27 de junio, protestando en contra de la operación de la empresa UBER en Tijuana y exigiendo al gobierno municipal aplicar el Reglamento sin escudarse en la falta de inspectores.
Alfredo Guzmán, secretario General de los Taxis Libres CTM, señaló que el motivo de inconformidad es la degeneración de lo que en un principio fue el servicio de UBER, ya que al inicio cobraba a través de tarjeta de crédito o débito, mientras que ahora también lo hace en efectivo. “Esto representa para ellos una competencia desleal”, dijo.
Dicha situación va en contra de lo reformado al Reglamento de Transporte Público, el 17 de marzo de 2017, donde se prohíbe esta clase de cobros por parte del transporte público que hace uso de plataformas digitales. Agregan que dicha empresa pasa por alto otras prohibiciones como la de hacer sitio con motor apagado e incluso, funcionar como taxis de ruta.
El no pagar licencias ni seguros especiales, así como no contar con un límite para su parque vehicular, además de que las unidades no estén sujetas a revisiones mecánicas ni los choferes a un examen de antidoping, ni capacitación, pone al transporte organizado en desventaja respecto a UBER, declaró.
Al no contar con la concesión por parte del Ayuntamiento para prestar el servicio, los taxistas libres exigen a la autoridad que comience de inmediato los operativos contra UBER, así como sugerir el apoyo de la Policía Municipal para que la falta de unidades de inspección no sea pretexto para no realizar los mismos. Señalaron que han sido tolerantes, pero que ya no es posible continuar así.
El movimiento de protesta culminó en la Dirección de Vialidad y Transporte, donde fueron recibidos por el titular de la dependencia, Javier Salas Espinoza, quien comentó que se han remolcado alrededor de 35 y multado a 300 unidades de UBER cuando se les ha encontrado incumpliendo el reglamento.
Agregó que la empresa se encuentra aun dentro del término de 180 días para solicitar su regularización al Ayuntamiento, lo que ya hizo una plataforma de nombre “Prive”, mientras que Cabify ha mostrado interés en hacerlo.
Sostuvo que la dependencia hará cumplir el reglamento por igual, de manera que la operación de cualquier modalidad de transporte no comprometa la movilidad, ecología y seguridad de la ciudad.
ZETA contactó a UBER solicitando un posicionamiento oficial sobre estas acusaciones, sin que éste haya sido otorgado por la empresa.
