El incumplimiento del Programa de Vivienda Digna 2013, caso en el que se involucra a Enrique Acosta Fregoso, ex delegado de SEDATU en Baja California, y por el que el Órgano Interno de Control del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) mantiene una investigación abierta por el desvío de al menos 5 millones de pesos, ha frenado la asignación de recursos de FONHAPO para esta entidad.
“Sigue en trámite la investigación de fraude, se ha notificado a los actores que participaron en ese proceso y sigue abierto”, expuso José Lauro Aréstegui Verdugo, actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Baja California, al subrayar que por esa anomalía, desde 2013, “no se han asigna nuevos apoyos a este programa por esa irregularidad”.
Peor aún, los ciudadanos afectados que no recibieron la asistencia programada, han quedado etiquetados como incumplidos, por lo que no han podido tener acceso a otros programas de SEDATU.
En el caso de Tijuana, son 250 personas de escasos recursos las afectadas por el fraude. Los ciudadanos recibieron en noviembre de 2013, un vale por 20 mil pesos, canjeable por material de construcción, el cual no se les hizo válido, aunque en los archivos que SEDATU entregó a FONHAPO quedó asentado que la asistencia sí se otorgó, por lo que, en el sistema de apoyos sociales, aparecen como beneficiados incumplidos, debido a que físicamente los proyectos de vivienda no se concretaron.
La investigación iniciada en 2014 por el órgano Interno de Control de FONHAPO continúa sin concluir, razón por la que la canalización de recursos a la entidad por parte del Fondo se ha suspendido desde entonces, algo que Aréstegui Verdugo consideró injusto, dada la “amplia necesidad de vivienda en Baja California”.
“No puede ser que los recursos federales no puedan bajar por cosas ajenas a los ciudadanos”, dijo al anotar que actualmente se requiere de este apoyo para las gestiones tanto de vivienda como para la liberación de apoyos a los ciudadanos afectados, de modo que resulta necesario que se otorguen en forma independiente a la investigación que se sigue por fraude.
Si bien, añadió el funcionario, SEDATU lleva a cabo un programa de Ampliación de Vivienda, éste se realiza a través de otros fondos que se asignan a organizaciones sociales, “a través de ellas se bajan recursos”; precisó que, bajo este esquema, en 2016 se bajaron más de 40 millones de pesos en ampliación de vivienda para Baja California.
